El ajuste recesivo del FMI: epicentro de la crisis económica en Ecuador

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1. Contexto histórico de los acuerdos con el FMI

Desde 2016, Ecuador retomó relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la firma de varios acuerdos financieros significativos. Sin embargo, es importante destacar que no todos estos acuerdos compartieron las mismas condiciones o impactos en la economía del país.

El primer acuerdo se concretó en julio de 2016, cuando el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un desembolso de 364 millones de dólares bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) para enfrentar las consecuencias del terremoto de abril de ese año. Este acuerdo fue excepcional, diseñado específicamente para apoyar la reconstrucción y sin condicionalidades económicas estrictas. Aunque el desembolso inicial de 2016 fue un alivio frente a la emergencia, no se puede equiparar con los acuerdos posteriores que incluían condicionalidades rígidas. Por ejemplo, en marzo de 2019, se firmó un acuerdo bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por un monto de 4.200 millones de dólares, que no pudo concluirse, pero que obligaba a implementar profundas reformas estructurales como parte de sus objetivos.

Posteriormente, en septiembre de 2020, Ecuador suscribió otro acuerdo de 6.500 millones de dólares, también en el marco del SAF, con una duración de 27 meses. Finalmente, en mayo de 2024, el FMI aprobó un nuevo programa de 4.000 millones, con un desembolso inmediato de 1.000 millones. Aunque necesarios para aliviar tensiones fiscales inmediatas, estos acuerdos han impuesto severas condicionalidades que impactaron negativamente el desarrollo socioeconómico del país.

Durante la implementación del SAF 2024, las negociaciones con el FMI fueron lideradas por varios ministros de economía, incluyendo a Richard Martínez (2018-2020) y Simón Cueva (2021-2023). Ambos argumentaron que las reformas estructurales propuestas eran esenciales para garantizar la sostenibilidad fiscal y mantener la credibilidad internacional del país. Sin embargo, la evidencia histórica, tanto en Ecuador como en otros países, muestra resultados contradictorios. Pese a ello, el actual gobierno de Daniel Noboa impulsó otro acuerdo SAF en 2024, que incluye nuevas exigencias como la liberalización de los precios de los combustibles. Esto ha elevado los costos sociales y económicos para la población, generando un intenso debate sobre la viabilidad de estas políticas a largo plazo.

2. Diseño del programa de ajuste estructural

Los programas de ajuste estructural promovidos por el FMI han sido diseñados bajo el paradigma de la austeridad fiscal y buscan estabilizar las cuentas macroeconómicas. Sin embargo, estas medidas han generado consecuencias negativas a largo plazo:

1. Consolidación fiscal: Desde 2016, el gobierno ecuatoriano ha reducido progresivamente el gasto público no prioritario, especialmente en subsidios y transferencias sociales. Entre 2019 y 2022, los subsidios a combustibles disminuyeron un 30%, provocando un incremento del costo de vida y tensiones sociales. Además, las transferencias a gobiernos autónomos descentralizados (GAD) se redujeron en un 18%, afectando directamente la inversión en infraestructura local.
2. Reformas tributarias regresivas: En 2021, se implementó una reforma tributaria que aumentó la carga del IVA del 12% al 15% en ciertos bienes de consumo, afectando desproporcionadamente a los sectores de menores ingresos. Entre 2016 y 2023, la recaudación tributaria como porcentaje del PIB creció apenas un 2%, reflejando una limitada efectividad en ampliar la base tributaria.
3. Privatizaciones: Activos estratégicos, como el sistema de distribución eléctrica, fueron considerados para su venta. Aunque algunos de estos procesos se detuvieron por resistencia social, la amenaza de privatización ha generado incertidumbre económica. Por ejemplo, en 2019, el gobierno contrató a Ernst & Young para asesorar sobre la monetización de activos del Estado, incluida la administración de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Aunque no se concretó la venta total, surgieron propuestas como la venta de torres y antenas de telecomunicaciones, generando un debate continuo sobre la soberanía digital y el acceso igualitario a los servicios.
4. Reformas laborales: La flexibilización del mercado laboral se justificó bajo el argumento de que los costos laborales reducían la competitividad de las exportaciones nacionales. Entre las medidas adoptadas, se eliminó parte de los beneficios laborales y se promovieron contratos temporales, incrementando la precarización del empleo. En 2023, el empleo informal representaba el 60% de la población económicamente activa, mientras que el salario promedio real cayó un 12% entre 2016 y 2023.

En este contexto, el gobierno del «Nuevo Ecuador» intentó profundizar la flexibilización laboral mediante una consulta popular en 2024 para implementar contratos por horas, argumentando que esto podría dinamizar la economía en un contexto de dolarización. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada en las urnas, reflejando el descontento social frente a políticas percibidas como desfavorables para los trabajadores.(Dolarización.org, 2024; Primicias, 2024).

3. Impacto económico y social

3.1. Crecimiento económico limitado
El impacto de las medidas adoptadas ha sido evidente en el crecimiento económico. Entre 2016 y 2023, el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) fue de apenas 0,8%, muy por debajo del promedio regional de 2,1%. En 2020, debido a la pandemia de COVID-19 y la caída de los precios del petróleo, la economía se contrajo un 9,5%. A pesar de los programas implementados por el FMI, las proyecciones para 2024 apuntan a un crecimiento marginal de solo un 1%, cifra insuficiente para reducir los desequilibrios macroeconómicos del país.

El sector petrolero, que representa el 30% de los ingresos fiscales, experimentó una caída significativa en la producción debido a la falta de inversión en infraestructura. Entre 2016 y 2023, la producción diaria promedio descendió de 550.000 barriles a 480.000 barriles. Además, la dependencia excesiva de este sector expuso al país a fluctuaciones de los precios internacionales, lo que redujo su capacidad de planificación fiscal.

3.2. Incremento de la pobreza y desigualdad
La pobreza por ingresos ha mostrado un aumento preocupante, pasando del 25% en 2016 al 29% en 2023. En términos de pobreza extrema, el aumento fue del 8% al 11%. Estas cifras reflejan la insuficiencia de los programas sociales para mitigar los efectos de las medidas de ajuste fondomonetarista. Por otro lado, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, aumentó de 0,44 a 0,47 entre 2016 y 2023, evidenciando una mayor concentración del ingreso.

En las zonas rurales, la pobreza extrema alcanzó el 20% en 2023, en comparación con el 6% en las áreas urbanas, lo que refleja una profunda brecha territorial. Las provincias de la Amazonía, como Zamora Chinchipe y Morona Santiago, experimentaron los mayores aumentos de pobreza, debido a la falta de acceso a infraestructura básica y oportunidades económicas.

3.3. Endeudamiento y sostenibilidad fiscal

El endeudamiento público ha seguido una trayectoria ascendente, pasando del 27% del PIB en 2016 a un 62% en 2024. Un análisis detallado del presupuesto de 2023 muestra que el servicio de la deuda representó el 40% del gasto público total, reduciendo drásticamente los recursos disponibles para inversión en infraestructura y servicios esenciales.

Además, la mayor parte de los desembolsos del FMI se destinaron al pago de obligaciones externas, en lugar de proyectos de desarrollo productivo.

La estructura de la deuda también ha cambiado drásticamente. Mientras que en 2016 el 60% de la deuda era interna, para 2023, el 75% era externa, aumentando la vulnerabilidad del país a choques financieros internacionales. Las tasas de interés promedio de la deuda externa se incrementaron del 3,5% al 5,8%, elevando el costo del endeudamiento. En 2022, Ecuador emitió bonos soberanos por un monto de 2.000 millones de dólares a una tasa de interés récord del 10%, reflejando el deterioro de su perfil de riesgo en los mercados internacionales.

El endeudamiento con el FMI ha demostrado, en numerosos casos, ser más un mecanismo para perpetuar la dependencia financiera de los países que una solución efectiva para reducir los niveles de deuda. En el caso de Argentina, de los 45.000 millones de dólares otorgados en 2018, 21.000 millones se destinaron a pagar deuda insostenible a acreedores privados en moneda extranjera, una decisión que, lejos de aliviar la carga financiera del país, profundizó la fuga de capitales y la crisis de reservas internacionales. Este tipo de estrategias, orientadas a beneficiar a ciertos sectores del poder económico, generaron una dinámica insostenible de ajustes fiscales, devaluación y presiones inflacionarias.

Casos similares pueden observarse en Grecia, donde los rescates liderados por el FMI y la Troika entre 2010 y 2015 incrementaron el ratio deuda/PIB de un 126% a más del 180%, al priorizarse el pago a acreedores internacionales en lugar de la reactivación económica. En Zambia, el servicio de la deuda llegó a representar el 45% de los ingresos fiscales en 2022, después de varios programas de ajuste impuestos por el FMI, profundizando los problemas estructurales de la economía en lugar de resolverlos.

Estos ejemplos evidencian cómo los programas del FMI tienden a priorizar los intereses de acreedores externos y la estabilidad del sistema financiero global, mientras que las economías nacionales quedan atrapadas en ciclos de endeudamiento y ajuste estructural. La ausencia de estrategias que promuevan el crecimiento productivo y la sostenibilidad económica subraya la necesidad de repensar las políticas de financiamiento internacional para evitar que estas dinámicas perpetúen crisis y profundicen desigualdades.

3.4. Deterioro del tejido social

Las protestas sociales de octubre de 2019, desencadenadas por la eliminación de subsidios a los combustibles, y las movilizaciones de 2022, son ejemplos claros del impacto social de estas medidas. Estas manifestaciones dejaron decenas de muertos, cientos de heridos y pérdidas económicas superiores a los 800 millones de dólares. Además, estas movilizaciones expusieron las tensiones estructurales entre el gobierno central y los movimientos sociales, especialmente aquellos representados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

En el ámbito urbano, las tasas de criminalidad aumentaron significativamente entre 2019 y 2023, con un incremento del 40% en los robos y homicidios reportados, lo que expertos vinculan con el deterioro de las condiciones económicas y sociales. La percepción de inseguridad alcanzó niveles históricos, con el 78% de la población considerando la falta de oportunidades económicas como un factor clave detrás del aumento de la delincuencia. Según The Economist, Ecuador ha evolucionado hacia lo que denominan un «narcoestado», con una economía y un sistema político profundamente penetrados por el narcotráfico. Entre 2021 y 2023, las incautaciones de cocaína alcanzaron niveles récord, superando las 210 toneladas anuales, y los homicidios se dispararon a más de 4.500 en 2023, marcando una tasa de 25 por cada 100.000 habitantes, un nivel sin precedentes en la historia reciente del país (The Economist, 2024). Este deterioro ha sido vinculado a la creciente influencia de carteles internacionales que utilizan el territorio ecuatoriano como un punto clave en la exportación de drogas hacia Europa y Estados Unidos.

4. Lecciones de los programas del FMI en Ecuador

Los programas implementados bajo el auspicio del Fondo Monetario Internacional (FMI) han dejado lecciones importantes sobre su impacto en la economía y la sociedad ecuatorianas. En primer lugar, los resultados no logrados evidencian la desconexión entre las metas macroeconómicas propuestas y las realidades locales. Aunque el FMI argumenta que sus políticas buscan estabilizar economías en crisis, la experiencia ecuatoriana demuestra que las metas fiscales estrictas frecuentemente no toman en cuenta las necesidades inmediatas de inversión social y productiva, perpetuando desequilibrios estructurales.

En términos de sostenibilidad fiscal, las cifras muestran que la austeridad no ha generado los beneficios esperados. A pesar de los ajustes, el déficit fiscal se mantuvo elevado y la relación deuda/PIB creció significativamente, pasando del 27% en 2016 al alarmante 62% en 2024. Esto revela que el enfoque centrado en la consolidación fiscal mediante recortes no es sostenible sin un crecimiento económico robusto que aumente los ingresos del Estado.

Por otro lado, las comparaciones internacionales resaltan patrones comunes entre Ecuador y otros países que han seguido programas similares. Casos como el de Argentina, donde un acuerdo récord de 57.000 millones de dólares condujo a una inflación del 94% en 2022, y Grecia, que experimentó una contracción económica del 25% durante su crisis de deuda, indican que las políticas del FMI tienden a priorizar el servicio de la deuda sobre el desarrollo económico inclusivo. De manera similar, Sri Lanka enfrentó un colapso económico en 2022, con una deuda externa de 36.100 millones de dólares y una deuda interna de 15,4 billones de rupias cingalesas en marzo de 2023. El programa de rescate de 3.000 millones de dólares del FMI exigió medidas como el uso de fondos de pensiones, el aumento de las tasas de interés al 16,5% y el incremento de tarifas eléctricas en un 165% entre junio de 2022 y febrero de 2023. Esto provocó una inflación alimentaria del 95%, una caída del 11% en el PIB durante el primer trimestre de 2023 y una reducción del valor real de los fondos de pensiones en un 40%. Estas políticas han generado profundas críticas, ya que amplían la vulnerabilidad económica de los sectores más desfavorecidos mientras priorizan el pago de la deuda y los intereses, que absorberán un tercio de los ingresos fiscales en los próximos años (Kumar, 2023).

Finalmente, el análisis subraya la importancia de la cohesión social como un factor crucial en la implementación de políticas económicas. Las protestas masivas de 2019 y 2022 reflejan la desconexión entre las decisiones de política macroeconómica y las demandas de la ciudadanía, especialmente de los sectores más vulnerables. Sin una estrategia integral que equilibre los objetivos fiscales con las necesidades sociales, los programas del FMI corren el riesgo de agravar las desigualdades existentes y erosionar la confianza en las instituciones gubernamentales.

4.1. Problemas de implementación y resultados no logrados
Aunque el FMI argumenta que estos programas estabilizan economías en crisis, la experiencia ecuatoriana demuestra que los resultados han estado lejos de las expectativas planteadas:

• Reservas internacionales insuficientes: A pesar de los recientes desembolsos y esfuerzos por recomponer las reservas internacionales, estas siguen siendo un punto crítico en la economía ecuatoriana. En 2023, alcanzaron apenas 3.500 millones de dólares, equivalentes a 2,5 meses de importaciones, en contraste con los 5.000 millones recomendados por el Banco Central del Ecuador para garantizar la estabilidad cambiaria y financiera. Aunque al 6 de diciembre de 2024 las reservas aumentaron a 7.307 millones de dólares, este incremento responde en gran parte al endeudamiento externo, una estrategia que no resulta sostenible a largo plazo. Este tipo de endeudamiento implica que las mismas reservas utilizadas para garantizar la estabilidad económica deberán emplearse en el futuro para pagar capital, intereses y recargos, lo que genera una presión constante sobre las finanzas públicas y compromete la capacidad del país de responder a crisis económicas o choques externos.
• Poca efectividad en la protección social: Los programas sociales financiados por el FMI han sido insuficientes para mitigar los impactos de la austeridad. Un ejemplo es el Bono de Desarrollo Humano, cuyo monto promedio mensual de 50 dólares no cubre las necesidades básicas de las familias beneficiarias. En 2023, menos del 40% de los hogares en situación de pobreza extrema recibieron asistencia gubernamental, lo que refleja las limitaciones operativas de los programas sociales.
• Falta de sostenibilidad fiscal: Las políticas fiscales restrictivas impuestas en los últimos años han tenido un impacto negativo en la capacidad del Estado para realizar inversiones estratégicas esenciales para el desarrollo económico del país. Entre 2016 y 2022, la inversión pública se redujo del 9% al 4% del PIB, lo que ha afectado a sectores fundamentales como el transporte, el acceso al agua potable y la energía renovable. Esta caída en la inversión pública ha dejado de lado proyectos de infraestructura clave, lo que limita la capacidad del país para mejorar la calidad de vida de la población y aumentar la productividad en sectores estratégicos. El recorte de recursos en estos campos también ha generado un estancamiento en el crecimiento económico, lo que empeora la situación fiscal a largo plazo.

La crisis energética que enfrenta el país es una manifestación clara de los costos asociados a la implementación de políticas de austeridad fiscal. La falta de inversión en infraestructura energética, sumada a la reducción del gasto público en sectores clave, ha incrementado la dependencia del país de fuentes de energía externas y ha elevado los costos de importación de combustibles. A medida que el gobierno recorta su presupuesto para mantener el déficit fiscal bajo control, los efectos negativos de la austeridad se amplifican, generando una mayor vulnerabilidad en el sistema energético. Esta situación no solo exacerba la inflación y aumenta los precios de los productos básicos, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica a largo plazo, ya que la falta de inversión en energía y otras áreas esenciales reduce las posibilidades de recuperación y crecimiento económico sostenible.

5. Análisis de datos y perspectivas futuras
En 2023, el precio promedio del barril de petróleo WTI, que es el referente para el crudo ecuatoriano, se mantuvo por encima de los 70 dólares, a pesar de la caída en comparación con 2022. Esta volatilidad en los precios del crudo resalta la importancia de una gestión efectiva del sector petrolero para garantizar la estabilidad económica del país. Sin embargo, a pesar de la relevancia del petróleo como principal fuente de ingresos para Ecuador, la producción ha disminuido de manera constante desde 2017, tendencia que se ha intensificado bajo el gobierno de Noboa. Los datos del Banco Central indican que tanto la producción de crudo como la capacidad de refinación de combustibles se han reducido significativamente, y el gobierno no ha realizado las inversiones necesarias para mejorar la capacidad de refinación interna. Como resultado, Ecuador se ha visto obligado a importar mayores cantidades de combustibles, lo que genera una salida de divisas y agrava aún más la situación fiscal.

El FMI, al insistir en la liberalización de los precios de los combustibles, ignora la realidad de que la producción interna de petróleo no ha sido suficiente para satisfacer la demanda interna. Esto obliga a Ecuador a gastar divisas en importaciones, lo que aumenta la vulnerabilidad de la economía al generar una salida de dólares. El costo de los subsidios a los combustibles, que el gobierno estima en más de 600 millones de dólares anuales solo por gasolina extra y ecopaís, representa una parte significativa del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la eliminación de estos subsidios, sin una estrategia alternativa de inversión en el sector energético y petrolero, no solo incrementará el costo de vida de la población, sino que agravará la crisis social y económica.

6. Análisis final: El camino hacia una mayor dependencia externa y la insostenibilidad fiscal
El modelo fiscal promovido por el FMI bajo el SAF 2024 enfrenta un desafío crucial: no toma adecuadamente en cuenta la necesidad de fortalecer la soberanía energética de Ecuador. Al liberalizar los precios de los combustibles sin una estrategia clara para aumentar la capacidad interna de producción y refinación, el país corre el riesgo de depender aún más de las importaciones de combustibles, lo que incrementará la salida de dólares y afectará negativamente la balanza de pagos. El enfoque del FMI, centrado en la consolidación fiscal mediante la austeridad, pasa por alto que el aumento de la deuda externa, combinado con la creciente salida de divisas por la importación de combustibles, podría llevar a Ecuador a una situación de insolvencia a largo plazo.

A pesar de las reformas fiscales que han logrado reducir el déficit fiscal, la política de austeridad y la liberalización de precios amenaza con profundizar las desigualdades sociales y empobrecer aún más a los sectores más vulnerables. El modelo económico impuesto por el FMI, basado en la reducción de subsidios y la liberalización de mercados, está dejando de lado alternativas más sostenibles y menos costosas para el país. En lugar de seguir el camino del endeudamiento y la dependencia de financiamientos externos, Ecuador debería priorizar políticas que fortalezcan su capacidad interna de producción y refinación, y que fomenten una mayor soberanía energética, para evitar la salida de divisas y proteger el bienestar de su población a largo plazo. Sin estas reformas estructurales, el país podría enfrentar un futuro económico incierto, donde las condiciones sociales y fiscales sigan deteriorándose.

A manera de conclusión
El ajuste recesivo promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Ecuador ha sido el epicentro de una crisis económica prolongada, cuyas raíces se extienden más allá de la década pasada. En 2024, el impacto de las políticas del FMI sigue siendo evidente, a pesar de los esfuerzos por estabilizar la economía bajo el gobierno de Daniel Noboa y el nuevo acuerdo con el FMI a través del SAF 2024. Las reformas fiscales impuestas continúan enfocándose en la austeridad, la reducción del déficit fiscal y la liberalización de precios, particularmente de los combustibles. Sin embargo, la falta de inversión en áreas clave como la infraestructura energética y la producción nacional de petróleo ha dejado al país más vulnerable a los choques externos y dependiente de importaciones costosas.

El acuerdo SAF 2024, que ha incluido medidas de liberalización de los precios de los combustibles, sigue una estrategia económica centrada en el pago de la deuda y el ajuste fiscal. Sin embargo, estas políticas han demostrado ser insostenibles, ya que no abordan de manera integral las necesidades de desarrollo económico de largo plazo, sino que priorizan la consolidación fiscal a corto plazo. Aunque se ha logrado una reducción del déficit fiscal, el costo de estas políticas es el deterioro de la capacidad del Estado para invertir en áreas esenciales como salud, educación y energía renovable, lo que limita las posibilidades de crecimiento sostenido y de mejorar el bienestar social.

En este contexto, el gobierno de Noboa, con su enfoque de continuar con el cumplimiento de los compromisos con el FMI, enfrenta desafíos significativos. Las tensiones sociales, evidenciadas en las protestas de 2019 y 2022, siguen latentes, pues las políticas económicas impuestas sin una estrategia social adecuada han exacerbado las desigualdades y la pobreza. En 2024, con un incremento de la deuda externa y una dependencia creciente de los recursos provenientes de los préstamos internacionales, la situación fiscal se vuelve más delicada. La relación deuda/PIB ha pasado del 27% en 2016 al 62% en 2024, lo que genera una creciente presión sobre las finanzas públicas y limita las opciones para financiar el desarrollo interno.

Las perspectivas futuras de Ecuador bajo este modelo económico parecen sombrías. El enfoque recesivo del FMI, combinado con una creciente dependencia de la deuda externa y la liberalización de sectores clave como el energético, podría llevar a una mayor fragilidad económica. La liberalización de los precios de los combustibles, sin una estrategia sólida de inversión en producción interna y refinación, solo incrementa la salida de divisas y genera un aumento en los costos de vida, afectando principalmente a los sectores más vulnerables. Si Ecuador sigue dependiendo de este modelo, podría enfrentarse a una deuda insostenible a largo plazo, con efectos adversos en su crecimiento y en la cohesión social.

El camino hacia una recuperación económica sostenible depende de un cambio estructural en la política económica. Ecuador debe replantear su enfoque económico, buscando no solo la reducción de la deuda, sino también fortaleciendo su autonomía económica, mejorando su soberanía energética y priorizando la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo a largo plazo. De lo contrario, las futuras generaciones continuarán pagando el precio de un modelo de ajuste que ha demostrado no ser la solución a los problemas estructurales del país.

El ajuste recesivo del FMI ha sido el epicentro de la crisis económica en Ecuador, desencadenando un ciclo de deuda, pobreza y creciente desigualdad. A pesar de los esfuerzos de consolidación fiscal, el país sigue atrapado en un modelo económico insostenible que incrementa la dependencia externa y agrava la vulnerabilidad social. En 2024, bajo el gobierno de Daniel Noboa, la situación no muestra señales de cambio, y el modelo del FMI sigue priorizando la deuda sobre el bienestar de la población. Sin reformas estructurales que fortalezcan la soberanía energética y la inversión social, Ecuador podría enfrentar un colapso aún mayor. El FMI, lejos de ser la solución, ha consolidado un sistema que favorece la deuda externa y el sacrificio de los más vulnerables, arrastrando al país hacia un futuro incierto y cada vez más desigual.

Referencias y bibliografía

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   • FMI. (2023). Ecuador: Staff Report for the 2023 Article IV Consultation. Recuperado de https://www.imf.org
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2. Ministerio de Finanzas de Ecuador:
   • Ministerio de Finanzas de Ecuador. (2021). Reporte de endeudamiento público 2020. Recuperado de https://www.finanzas.gob.ec
   • Ministerio de Finanzas de Ecuador. (2023). Informe de ejecución presupuestaria. Recuperado de https://www.finanzas.gob.ec
3. Trading Economics:
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4. Radio Pichincha:
   • Radio Pichincha. (2024). Deuda pública de Ecuador aumentó 9,3% y llega a los USD 82.233 millones. Recuperado de https://www.radiopichincha.com​ Radio Pichincha

5. El Comercio:
   • El Comercio. (2021). La deuda del Ecuador llegó al 65,33% del PIB en el 2020. Recuperado de https://www.elcomercio.com
6. Kumar, S. (2023, December 18). Sri Lanka’s retirement funds sacrificed, people overtaxed to serve IMF debt conditions. Retrieved from https://archive.is/wkL1Y
7. The Economist. (2024, November 22). A journey through the world’s newest narco-state. The Economist. Archive.is. https://archive.is/wkL1Y

El Comercio

6. Documentos institucionales:
   • Asamblea Nacional del Ecuador. (2024). Informe de Fiscalización Respecto de la Firma del Acuerdo entre el FMI y el Estado Ecuatoriano.
7. Otros documentos:
   • Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2023). Reporte anual de pobreza y desigualdad. Quito, Ecuador.
   • Observatorio de Economía. (2024). Evolución de la deuda pública ecuatoriana. Universidad Técnica de Ambato. Recuperado de https://obest.uta.edu.ec