Financiamiento verde offshore: El canje de deuda para conservar las Galápagos
El 1 de noviembre de 2021, el Presidente Guillermo Lasso anunció la ampliación de 60 mil km cuadrados de la reserva marina de Galápagos en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP26), celebrada en Glasgow – Escocia.
El anuncio forma parte de las intenciones del Gobierno ecuatoriano de canjear deuda externa privada por financiamiento para proyectos de conservación y protección de ecosistemas marinos en el Parque Nacional Galápagos mediante la emisión de instrumentos financieros conocidos como «bonos azules». En esta línea, el pasado 9 de mayo de 2023, el Gobierno firmó un acuerdo con el Banco Suizo Credit Suisse para la emisión de estos bonos. Un Banco que, por cierto, recientemente estuvo asociado con una posible nueva crisis financiera internacional.
No es la primera operación de este tipo en el mundo. Belice y Barbados también emitieron este tipo de bonos hace poco. Y es que este tipo de «soluciones de mercado» son parte de las estrategias de responsabilidad climática que emplean las finanzas transnacionales hoy en día.
Así, el canje de deuda anunciando por el Gobierno de Ecuador fue una medida bien recibida, tanto por actores sociales ambientalistas como por sectores asociados al turismo transnacional, mientras que, por el lado de las críticas que generó, acaso la crítica más fuerte fue llamar la atención al Gobierno para que el proyecto no se convierta en una suerte de “Yasuní 2.0”.
Sin embargo, una reciente publicación de la revista «Jacobin” reveló detalles del proyecto que abren preocupaciones más graves.
El canje de deuda que plantea el Gobierno no sólo implica intercambiar una parte de la deuda externa privada por financiamiento para proyectos de conservación y protección impulsados por la «sociedad civil». Junto con esta medida, el Gobierno ha emitido nuevos bonos para recomprar una parte de la deuda externa privada en condiciones aún poco conocidas, mediante el uso de un mecanismo popular de las finanzas transnacionales para evadir controles fiscales que se conoce como SPV («Special Purpose Vehicle», por su siglas en inglés).
Además, Jacobin señala que los recursos obtenidos por el canje de deuda serán gestionados mediante un fideicomiso denominado «Galapagos Life Fund» (GLF).
Un fideicomiso es un acuerdo entre tres partes: una que coloca los recursos (inversionistas privados que poseen bonos del Estado ecuatoriano), otra que los administra (una empresa fiduciaria o ‘trust’) y una tercera beneficiaria (que en este caso serían los proyectos que obtengan el financiamiento).
El fideicomiso GLF administraría aproximadamente 12 millones USD anuales por un periodo de 18 años, más 5.41 millones USD adicionales para sembrar una dotación permanente. El monto total de este financiamiento equivale a una parte marginal de la deuda externa de Ecuador que actualmente supera los 60 mil millones. Aunque el Presidente Lasso estimó que esta iniciativa “será el monto más grande del mundo”, más que el monto, la gestión del fideicomiso es la que genera preocupaciones.
Los fideicomisos se caracterizan por su flexibilidad, lo que facilita el manejo de distintos activos bajo las más diversas, opacas e intrincadas normas de funcionamiento. Y eso abre la puerta para los abusos. Así lo evidenciaron las filtraciones de miles de documentos que impulsó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la investigación conocida como “Pandora Papers” -y las reseñas realizadas por este Observatorio-, en donde se muestra como los poderosos del mundo evaden impuestos mediante el uso de fideicomisos como la figura legal más popular para mantener miles de millones fuera del alcance de los controles fiscales.
Justamente, este hecho permite continuar hilando sobre algo más grave del GLF de Lasso.
Según Jacobin, el fideicomiso GLF sería gestionado por un ‘trust’ (o empresa fiduciaria) que opera en Delaware, Estados Unidos. Es decir, la misma jurisdicción offshore -o paraíso fiscal- en donde Guillermo Lasso ha tenido vínculos desde 2015, como fue revelado en los “Pandora Papers”. En Delaware, indica esta filtración, se registró la empresa offshore “Positano Trade LLC” asociada a Guillermo Lasso y gestionada por la empresa fiduciaria ALCOGAL (Alemán, Cordero, Galindo y Lee).
Además, el fideicomiso GLF sería administrado por una estructura que cuenta con 11 puestos directivos de los cuales 5 corresponden al Gobierno ecuatoriano y el resto, la mayoría para tomar decisiones, a actores financieros y no financieros privados -de los que hay poca claridad-. Esta configuración plantea interrogantes sobre quienes efectivamente tomarán las decisiones finales sobre la priorización de proyectos de conservación y preservación de los ecosistemas marinos de Galápagos.
Una empresa fiduciaria domiciliada en un paraíso fiscal, impedida por norma constitucional ecuatoriana, decidiendo en qué invertir los recursos que el capital transnacional financiero «perdona» a un país soberano. En otras palabras, el retrato de un banquero, totalmente ajeno al interés nacional, tomando decisiones en nombre de un Estado soberano.
La elección de una guarida fiscal para la residencia del fideicomiso, además de ser inconstitucional, puede socavar la confianza tanto a nivel nacional como internacional de la propia iniciativa. Además, existe el riesgo de que el acuerdo financiero se perciba como un vehículo para el lavado de dinero o la canalización de fondos ilícitos, lo que representa un riesgo para la construcción de una imagen internacional del Ecuador como un socio confiable en materia de conservación y desarrollo sostenible.
Tampoco se conocen los beneficios para los intermediarios financieros. Lo que sí queda claro es que la decisión de conservación y protección de los ecosistemas marinos de Galápagos, un patrimonio natural de la humanidad, estará en manos de actores privados fuera del escrutinio público a los que el Gobierno cedió atribuciones y decisiones estratégicas. Esto es, sin más, un atentado a la soberanía nacional.
No obstante, en el Gobierno de Lasso no es novedad que este tipo de iniciativas se lleven a cabo bajo figuras que pretenden «despolitizar las decisiones» y terminan corporativizando el Estado en favor de intereses privados. Véase por ejemplo el caso de la ONG extranjera -Fundación Charles Darwin.
Así como los fideicomisos, las fundaciones y los negocios offshore son estructuras recurrentes de las elites financieras transnacionales.
En la financiarización del capitalismo, o supremacía del poder financiero, las decisiones para combatir las crisis del clima y la naturaleza llevan como etiqueta la palabra «verde» y son evaluadas en términos de mercado, instrumentos financieros, propiedad y utilidad: desde “vouchers” para la emisión de CO2 (carbon offsets ) hasta el intercambio o canje de deuda por «financiamiento verde».
Como sostiene Adrienne Buller en “The Value of a Whale: On the illusions of Green Capitalism”, el marco que guía la gobernanza climática y ambiental está mediado por el mercado, haciendo que las compañías generen un lobby robusto y campañas de marketing para vendernos «soluciones de mercado» que garantizan la obtención del lucro por la explotación de la naturaleza en alguna otra parte del mundo.
A eso habría que añadir que esta forma de capitalismo, en la que gobiernan actores como Guillermo Lasso, emplea jurisdicciones extraterritoriales opacas donde los poderosos y acaudalados del mundo ocultan sus riquezas para ofrecer, inverosímil y cínicamente, soluciones de preservación y conservación de la naturaleza.
Como sugiere el canje de deuda por las Galápagos, a eso que llamamos financiamiento verde, que no es otra cosa que buscar nuevas formas de canalizar el ‘dinero apátrida’ de las finanzas transnacionales, cabría llamarle financiamiento verde offshore o un opaco «lavado de cara» medioambiental.
Observatorio de la dolarización 