Candidaturas presidenciales a merced del SRI
Desde el lunes 26 de junio, ha trascendido en medios de comunicación que el Servicio de Rentas Internas (SRI) está evaluando a las candidaturas presidenciales y de asambleístas inscritas en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Algo positivo y destacable ya que, como hemos mencionado en este Observatorio, cuando los liderazgos políticos están sometidos a los designios del dinero apátrida representan un peligro para el interés nacional, en tanto contradicen normativa constitucional.
Cumplir las obligaciones tributarias es un acuerdo social básico para todas y todos. Más todavía cuando se tiene alguna aspiración política, pagar impuestos pasa de ser un deber ético a ser una muestra de compromiso con el destino del país. También es un acto de coherencia con la decisión de la mayoría de la población ecuatoriana como resultado de la consulta popular del «Pacto ético» del 2017.
Los últimos años, sin embargo, nos hemos preguntado si el SRI también evaluó al Gobierno de Moreno y ahora al Gobierno del Encuentro. ¿Por qué a unos si y a otros no se hacen estos controles de oficio?
https://platform.twitter.com/widgets.js#BoletínSRI 📄| El @SRIoficialEc finalizó el diagnóstico preliminar de riesgos tributarios a los binomios presidenciales bajo los #PCRTributarios electorales.
— SRI Ecuador (@SRIoficialEc) June 26, 2023
Conoce aquí los detalles⬇️ pic.twitter.com/Piul8F1pUQ
En todo caso, de lo que se sabe, esta evaluación específicamente a las candidaturas presidenciales, denominada por el SRI como «PCR Tributario-Electoral», contiene 5 aspectos. Sin embargo, únicamente 2 se encuentran disponibles para el escrutinio público. Algo que pone en tela de duda que este sea un procedimiento realmente transparente, como han insistido el director del SRI y otros funcionarios.
Se entiende también que esta evaluación tiene etapas. Aunque, antes que anunciar públicamente los resultados de la primera, el SRI avanzó a la siguiente fase denominada comparecencias privadas. Es llamativo que el SRI haya reconocido que identificó transacciones en paraísos fiscales y aún así no haya ofrecido acceso público a esta información que en esta coyuntura conmina el interés de la ciudadanía.
Y es que en realidad, hay más incógnitas en este proceso.
¿Qué sucederá en estas comparecencias privadas? ¿En qué consistirán los acuerdos a los que llegará el gobierno, gracias a esta evaluación con los partidos y actores privados que impulsan las distintas candidaturas?
Lamentablemente, esta última cuestión no es baladí. Como ya lo han recogido algunos medios de comunicación, el actual gobierno tiene antecedentes de comportamientos sospechosos, tales como, por ejemplo:
- La solicitud que hizo el Presidente Lasso, antes de cumplir el primer año de gobierno, de que se investigue al ex-candidato Xavier Hervas.
- O el señalamiento a algunos asambleístas que hizo el Presidente luego de que fracasó su Ley de atracción de inversiones, argumentando que fue el resultado de haberse negado a aceptar chantajes a propósito de obligaciones tributarias pendientes. De hecho, un comportamiento sospechoso también es haber amenazado con publicar los nombres de dichos asambleístas. ¿Para qué amenazar cuando el SRI debe decir sin miramientos del color político el comportamiento tributario?
A esta opacidad contraria a la anunciada transparencia, hay que agregarle el primer decreto-ley que ha pasado el control de la Corte Constitucional en este ínterin de elecciones anticipadas: la reforma tributaria. Este decreto-ley permitió que el SRI declare como reservada cierta información tributaria, bajo el pretexto de los convenios para el intercambio de información que mantiene.
Cabe recordar que esta reforma tributaria, emergida en la ausencia de la deliberación democrática, podrá ser derogada por quien asuma la Presidencia luego de las elecciones anticipadas del 20 de agosto. La transparencia y el profesionalismo de las instituciones del Estado forman parte de las tareas del nuevo gobierno.
Va a ser fundamental que toda la información que el SRI está recabando como producto de su «PCR Tributario-Electoral», se publique, analice y comunique a la opinión pública, lo antes posible.
Las fuerzas políticas, los movimientos sociales, incluso las candidatas y candidatos patriotas que aspiran a alguna dignidad popular deberían exigir al SRI que esta evaluación sea realmente transparente. De lo contrario, esta evaluación podría pasar de ser un instrumento técnico impositivo para convertirse en «información valiosa» para legitimar acuerdos ocultos en una suerte de chantaje. Este escrutinio tributario bien podría ser la oportunidad para evitar otro gobierno comprometido con las finanzas transnacionales y los negocios offshore, establecidos en guaridas fiscales.
¿Habrá la valentía entre las fuerzas políticas y movimientos sociales para denunciar esta falta de transparencia o emergerá ese acto conservador por antonomasia que es callar con indiferencia mientras no me afecte?
Observatorio de la dolarización 