*Escrito por Byron Villacis (byronvillacis@berkeley.edu).
Encuestas electorales comercializadas según el resultado. Municipios tercerizando «sistemas de información» antes producidos por el Estado. Prefecturas contratando encuestas que antes se diseñaban y distribuían públicamente. Todo es consecuencia de la misma causa: deslegitimación y privatización del conocimiento público.
Maltratan al servidor público, le bajan el sueldo en media pandemia, buscan cuanto mecanismo posible para despedirlo, humillarlo, minimizarlo. Los más patéticos denostan al burócrata local para idolatrar a burócratas con múltiples laterales: en realidad están buscando camello para después del oleaje.
La consecuencia es la más grave: cuando el aparato público necesita desesperadamente conocimiento, simplemente no existe. ¿La salida? Te vendo un censo carcelario cuando se necesita un registro, te vendo un sistema de información que antes el estado mismo producía, te vendo una encuesta que antes era pública y de acceso libre. El ciudadano paga el triple: el impuesto original, el nuevo rubro consecuencia de comprar información privatizada y el impacto negativo de una política pública que -en el mejor de los casos- llega atrasada, en el peor, nunca llega. A algunos les cuesta la vida.
Este no es un texto llamando a la ética. El ave de rapiña que saca ventaja de esta dinámica no merece lecciones simbólicas, merece auditorías y sanciones materiales. Es mas bien un llamado a comprender que la crisis del Estado no es de conocimiento, es de legitimidad. Si los productores de conocimiento públicos recuperan legitimidad no se necesitan consultorías para validar su trabajo. Si los productores de información recuperan institucionalidad se puede ahorrar dinero. Si se deja de manejar la información pública como mercancía se recupera dignidad y sobre todo conocimiento para acciones públicas.
No nos enfrentamos a la ignorancia, nos enfrentamos a la exitosa iniciativa política de deslegitimar lo público. Se requiere entonces una acción colectiva que, paralelamente, sancione a quienes monetizan esta práctica y a la vez se reconstruya instituciones que producen conocimiento público. Hay un paso sencillo y primario: volver a proteger al burócrata especializado, subirle el sueldo, evitar despidos y expandir su campo de influencia social. Hay que renacionalizar la producción de conocimiento público.
Observatorio de la dolarización 