Economía política

Cerrar o no cerrar el BCE, esa no es la cuestión

El 25º aniversario de la dolarización ecuatoriana despertó un debate sobre la existencia y el papel del Banco Central en una economía dolarizada. Los promotores de su cierre argumentan la necesidad de limitar cualquier “tentación” de emisión inorgánica por parte del gobierno. El BCE justificó su existencia como la única institución monetaria capaz de gestionar el sistema de pagos, las reservas internacionales y los bonos del Estado, además de ser la única contraparte de la Reserva Federal de EE.UU. para el suministro de billetes y monedas.

No obstante, el Banco Central – más aún en dolarización – cumple un papel más relevante que las funciones “específicas y limitadas” que refiere su gerente. Como toda institución económica, el banco central es un campo de batalla que expresa el equilibrio de poder entre sectores económicos y políticos, los cierres hegemónicos y el espíritu del modelo de desarrollo del país. La discusión no es, por tanto, tener o no tener un banco central en una economía dolarizada, sino qué tipo de institución y política económica queremos; y al servicio de cuales intereses.

Los bancos centrales no son instituciones totémicas. El BCE antes del año 2000 no era el mismo que permaneció tras el cambio de moneda. Incluso a lo largo de los 25 años de dolarización, la institución ha experimentado varias reformas. La decisión de dolarizar en enero del 2000 desencadenó una reforma caracterizada por un estricto sistema de cuatro balances enfocado en la libre disponibilidad de recursos y la transferibilidad de capitales para la banca. La reforma constitucional de 2008 disputó el poder de mercado e influencia de la banca sobre el Estado mediante una agenda de política económica alternativa enfocada en el mercado interno, la inversión pública y la política social. Convirtiendo al BCE en un distribuidor de poder en la economía y en promotor de capacidades productivas domésticas. Este interludio heterodoxo terminó con la promulgación de la «Ley de Defensa de la Dolarización» en abril de 2021, que reinstauró elementos del régimen institucional previo a 2008 – restablecimiento del sistema de cuatro balances, suspensión de controles sobre tasas de interés y tarifas bancarias, e inclusión de representantes del sector bancario en los órganos de gobierno de la institución – en un contexto de desequilibrios macroeconómicos, escasez de recursos debido a la caída de los precios de los commodities y el giro neoliberal del gobierno de Lenin Moreno.

Esta serie de reformas ha estado marcada por una batalla discursiva sobre la “defensa” o el “fortalecimiento” del esquema monetario. Guiada por la obsesión con el paradigma de independencia del banco central, caracterizado por un enfoque pretendidamente técnico y a-político de su gestión institucional, aunque deslindado de los mecanismos democráticos sobre el tipo de política económica, sometida a la banca. Mientras tanto, se han postergado desafíos persistentes de la economía ecuatoriana, como la elevada brecha en tasas de interés respecto a otras economías dolarizadas y una persistente tendencia negativa de la inflación. En lugar de pensar en suprimir el banco central, el momento histórico que nuestro país enfrenta requiere retornar al espíritu de los bances centrales como instituciones que combinan el fomento productivo con la protección de los individuos de los vaivenes del mercado. Modelo que primó en las autoridades monetarias del mundo en la postguerra y que fue remplazado por el modelo de independencia del banco central. El frágil dinamismo económico, la catástrofe social y la captura del Estado por intereses privados señala, adicionalmente, la importancia de una autoridad monetaria amplia y fuerte que sirva como piedra angular para la democratización del dinero y la redistribución del poder dentro de la economía.

Cambios monetarios como la dolarización reflejan debates y conflictos permanentes sobre la dirección de la política económica del país, allende cualquier mito sobre su pretendida perennidad.  En este sentido, el debate sobre el rol de la banca central en dolarización no es sobre cerrarlo o condenado a permanecer como una entidad pasiva aislada del juego político. En su lugar, encarna el espíritu y la dirección del sistema monetario. Los desafíos del país, 25 años después de la dolarización, requieren un banco central que encarne la lucha por un régimen monetario que impulse la economía real, fomente los objetivos de desarrollo nacional y proteja a las mayorías, no únicamente a quienes buscan su instrumentalización.  

Deja un comentario