La deuda pública del Ecuador a enero 2025 fue de 48,280.12 millones de dólares, de acuerdo a los reportes del Banco Central, equivalentes a 52.6% del PIB. De esta deuda, 9.042 millones el Estado ecuatoriano adeuda solo al Fondo Monetario Internacional. Estos hechos no son una novedad, este Observatorio, varios analistas y el propio BCE lo han apuntado o advertido.
El problema es que la deuda seguirá creciendo. No solamente con el FMI, multilateral con quien el Ecuador mantiene desde mayo 2024 un crédito por 4000 millones por 48 meses bajo la modalidad de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y con quien negocia una segunda línea de crédito. Sino que mientras se espera el nuevo desembolso, el Estado acaba de recurrir a la CAF por un crédito de 416 millones adicionales bajo el instrumento de “Financiamiento Extraordinario de Liquidez” para “facilitar las negociaciones con el FMI” y “asegurar la estabilidad macroeconómica y la protección social”. Mientras tanto, en medio de boletines autocomplacientes del Banco Central sobre el estado de las reservas internacionales, entre 2024 y lo que va de 2025 han salido del país 33,614 millones de dólares, según datos del Servicio de Rentas Internas por concepto de recaudación de ISD, correspondientes a 69.62% del total de la deuda pública externa.
Hay un consenso entre los economistas ortodoxos respecto a las medidas para combatir escenarios de endeudamiento similares, tales como subir los impuestos a la clase media o recortar el gasto del Estado, que se traducen en mayores restricciones a servicios públicos para la misma clase media y sectores populares. Nada que afecta a los sectores de mayores ingresos o grandes grupos económicos, por supuesto, a eso lo denominan “teoría del goteo” (trickle-down economics) …
El problema de fondo es que esta política de financiamiento a través de deuda, acompañada por severos recortes del gasto y de la inversión pública, está cubriendo con recursos públicos y mayores tributos a la clase media, la fuga de capitales de las oligarquías. Grupos que hoy tienen al Estado entre sus manos.
En este año 2025 en que el mundo celebra el Jubileo, tiempo de liberación y perdón de deudas, de restauración de la igualdad y de reducción de las diferencias sociales, el contexto económico del Ecuador debe hacernos reflexionar sobre el rol de la deuda y de la moneda como acuerdos políticos y discursos morales antes que económicos.
Para eso, vale la pena regresar a David Graeber y su libro “En deuda. Una historia alternativa de la economía” en el que desmiente, con evidencia historiográfica y arqueológica, la teoría de la aparición de intercambios monetarios para remplazar el sistema de trueque. En su lugar, establece que el intercambio de bienes resultó del intercambio de haberes; mientras que la moneda emergió como unidad de medida de dichos haberes a medida que las relaciones se complejizaban y ampliaban geográficamente. Dando lugar a su vez al interés y al crédito de consumo. La incapacidad para pagar estos créditos en la antigua Mesopotamia erosionaba el tejido social, incentivaba el abandono de las ciudades e incluso la puesta en venta de familiares como esclavos. Como respuesta a esto aparecen los “lavados de tabla” como opciones de cancelación masiva de deudas que permitían a los habitantes de la ciudad regresar para volver a empezar. No es para menos que la primera evidencia de la palabra libertad es la voz sumeria “amargi” que define la liberación de toda deuda económica y significa el regreso a la madre.
Este marco explicativo de la deuda como obligación moral ubica al deudor como moralmente inferior, en posición de culpa y a los acreedores del lado de la virtud. En oposición al lenguaje del crédito, que implica confianza mutua y reciprocidad, la deuda está marcada por un horizonte temporal, jerarquías de poder entre las partes y, fundamentalmente, la violencia. Más aún, estas obligaciones morales son de aplicación selectiva y contribuyen a reforzar estructuras de poder preestablecidas.
Puesto así, seguir recurriendo a la deuda para asegurar la circulación de dólares que mantenga a flote la dolarización responde a una lógica cortoplacista y desigual. Además, el uso de la deuda para cubrir el vacío fiscal generado por la fuga de capitales y la evasión tributaria de poderosos grupos económicos expone nuestra debilitada economía e institucionalidad a la finanza internacional y condena inexorablemente a futuras generaciones al pago de deuda de un Estado ausente y desfinanciado. Participando, en última instancia, de un plan anti-soberano orquestado por las élites que hoy nos gobiernan.
Así las cosas, es poco lo que se puede esperar del lado del Estado en el marco del Jubileo 2025. Sin embargo, este debe ser el espacio para la realineación de las fuerzas progresistas hacia el control democrático de la moneda y la finanza internacional; y para transitar hacia formas de superar el actual modelo económico que atenta contra el bienestar colectivo, la igualdad intergeneracional y el planeta.
Observatorio de la dolarización 
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