Economía política

Eliminación de Subsidios Dolarización sin paracaídas: quién paga el precio del desmontaje de subsidios en Ecuador

Observatorio de la Dolarización

La eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero no es una medida aislada, sino parte de una serie de ajustes que, aunque presentados como “técnicamente razonables”, obedecen a una lógica fiscalista subordinada a las exigencias del FMI y a la necesidad de generar señales de “responsabilidad macroeconómica” frente a los mercados. Se argumenta que el retiro de USD 70 millones anuales se justifica porque el 60 % del subsidio beneficiaba a apenas 29 empresas. Sin embargo, más allá de esta cifra, lo que realmente preocupa es el enfoque del gobierno: desmonta subsidios a sectores exportadores sin transformar los incentivos productivos de fondo ni garantizar que los recursos liberados se reinviertan estructuralmente en empleo digno, innovación tecnológica o diversificación económica. Sin esos pilares, el llamado “ahorro fiscal” no pasa de ser una contabilidad vacía para quienes producen y trabajan.

Este tipo de medidas, sin mecanismos de redistribución interna, tiende a profundizar desigualdades estructurales. El caso del sector atunero es ilustrativo: si bien está dominado por conglomerados regionales que podrían prescindir del subsidio, sin políticas complementarias para asegurar mejoras laborales, redistribución de rentas o apoyo a las pequeñas embarcaciones proveedoras, la eliminación del subsidio se traduce en un ajuste regresivo. Como advierte Sisalima (2024), retirar subsidios sin revisar las estructuras de ganancia ni modificar las condiciones materiales de producción traslada el costo a los eslabones más débiles de la cadena. Y lo mismo ocurre con los subsidios eléctricos: su eliminación en sectores como la pesca, el cemento o la minería puede incrementar en un 10 % los costos de producción (Cordex, 2024), poniendo en riesgo miles de empleos y encareciendo bienes exportables y de consumo nacional, sin garantizar mayor eficiencia productiva ni recaudación sostenible.

Todo esto ocurre en una economía dolarizada, donde la falta de política monetaria limita la capacidad de amortiguar shocks vía tipo de cambio. Mientras países con moneda propia pueden devaluar para compensar el alza de costos internos, Ecuador enfrenta una camisa de fuerza: cada incremento en tarifas o eliminación de subsidios se traduce directamente en menor rentabilidad, pérdida de competitividad y presión sobre el empleo y los salarios. Como demuestran las simulaciones de Sisalima (2024), estas medidas pueden generar una contracción del PIB de entre 1 % y 2 % anual si no se aplican medidas compensatorias. A pesar del discurso oficial sobre la “liberación de recursos” para programas sociales, no existe una hoja de ruta clara que asegure redistribución progresiva. Por eso, una política económica transformadora no puede detenerse en desmontar privilegios sectoriales: debe preguntarse quién paga realmente el ajuste, qué sectores pierden producción y empleo, y cómo asegurar que el ahorro público fortalezca un desarrollo con justicia distributiva y no nuevas formas de concentración empresarial.

Referencias Académicas y Técnicas:

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