Gonzalo J. Paredes y Elaine Jijón G.
Resumen
El objetivo es demostrar que la liberalización financiera y la desregulación del sistema financiero fue la causa principal, si no es la única, de la pérdida de la moneda nacional en Ecuador. Para alcanzarlo, se realiza una revisión documental con base en las memorias del Banco Central del Ecuador (BCE), notas de prensa de la época, entre periódicos y revista especializadas, y normativa vigente. Se aplica el método heurístico y hermenéutico. Se concluye que la proliferación de entidades financieras, la falta de supervisión y la apertura de operaciones en dólares promovidas por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiera (LGISF) contribuyeron a la inestabilidad del valor de la moneda nacional. La pérdida de esta última se consagra con la disposición constitucional de otorgar créditos de estabilidad y solvencia de forma ilimitada.
Palabras clave: liberalización financiera, moneda, dolarización, Ecuador.
Introducción
Los bancos deben vigilar su recto proceder con nueva ley
Ricardo Muñoz Chávez
Superintendente de Bancos (1992-1995) y encargado de la elaboración de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF).Diario El Universo, 16 de mayo de 1994.
Es muy común encontrar en los trabajos académicos sobre la dolarización en Ecuador que la crisis financiera de 1999 provocó la pérdida de la moneda nacional. Otros, son más precisos e identifican a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF) como la causante del descalabro económico y la pérdida de la moneda nacional. Sin embargo, a la luz de los hechos, fue un fenómeno más amplio que involucró a toda América Latina: la liberalización de la cuenta capital y financiera.[1]
Ecuador, entre 1992 y 1994, fue parte del auge de los flujos de capitales y se promovió la liberalización de los negocios bancarios. En menos de cinco años, la mitad del sistema bancario había quebrado con la respectiva recomposición geográfica del poder financiero que se consolidó en los años de la dolarización a partir de 2000. Por lo tanto, la pregunta de investigación es: ¿de qué forma, en Ecuador, la liberalización financiera provocó la pérdida de la moneda nacional? Se la lleva a cabo a través de una revisión documental proporcionada por las memorias del Banco Central del Ecuador, con los hechos históricos narrados por la Revista Gestión y la prensa nacional, y el análisis de la normativa jurídica.
[1] Paredes (2017) identifica a este análisis como “la economía política de la pérdida de la soberanía monetaria” (p.151).
De esta manera, el estudio es una contribución a la historiografía sobre las causas que motivaron la dolarización de la economía ecuatoriana, más allá de la visión reduccionista que emerge de una presunta crisis fiscal y de una probable hiperinflación.
Desarrollo histórico
La deuda ha sido un instrumento para cristalizar hegemonías de potencias militares, políticas o económicas, de los intereses de las transnacionales y de la banca extranjera, con la ayuda de las instituciones financieras internacionales, pero una vez resuelta la renegociación del capital y los intereses atrasados, llamado Plan Brady,[1] en Ecuador se ejecutó la liberalización de los negocios bancarios por medio de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF) (Paredes, 2015).
Entre otras facultades, la ley tenía la ampliación del poder de los bancos y financieras en la determinación del costo del dinero, la flexibilización en el cumplimiento de un sinnúmero de indicadores de gestión, la reducción significativas de las facultades de control y supervisión de la Superintendencia de Bancos sobre las instituciones financieras privadas (Los bancos deben vigilar su recto proceder con nueva ley, 1994), créditos vinculados hasta un 60% del patrimonio técnico de los otorgantes y la formación de grupos financieros que puedan intervenir en una amplia gama de actividades. Esta, junto a la Ley de Régimen Monetario (que permitió el libre acceso al mercado cambiario), sería la matriz para la crisis financiera de 1999 y sobre todo de la dolarización.[2] (Falconí y Oleas, 2004; Páez, 2004; Paredes 2015)
Alberto Dahik, el representante del neoliberalismo criollo, estuvo detrás de todas las reformas legales, incluyendo el débil proceso de privatización y el profundo debilitamiento de las empresas públicas, pero con dichas reformas no solo, consciente o inconscientemente, puso al país después de cinco años en una de las peores crisis económicas, también llevó a su propio plan económico al fracaso.
El “Plan Macroeconómico de Estabilización”, que no se trataba de un plan reactivador o distributivo, ejecutado desde septiembre de 1992, tenía como principal objetivo amortiguar la inflación crónica que ya vivía el país (de más del 50% en promedio durante cinco años). Para esto se estableció al tipo de cambio como ancla nominal, reducir el déficit fiscal (aumento de los precios de los servicios públicos y del manejo total de los recursos de las empresas públicas como Petroecuador) y propiciar las condiciones necesarias para que los capitales foráneos vinieran al Ecuador (Jácome, 1994; Paredes, 2015).
Aunque rompió con una inflación que se había mantenido alrededor de los cincuenta puntos porcentuales (en 1995 fue de 22,9%), el plan de ajuste o de estabilización no había generado las expectativas necesarias en los agentes económicos de que era un régimen cambiario fuerte y de un modelo económico sostenible. La falta de fortaleza radicaba en los periodos de incertidumbre. Los agentes económicos dudaban de la permanencia del esquema cambiario e incrementaban la demanda de divisas en anticipación a cualquier modificación del tipo de cambio.
En tales circunstancias, las autoridades se vieron obligadas a defender el tipo de cambio a través de ventas de divisas, operaciones restrictivas de mercado abierto e incremento en la tasa de interés. La inconsistencia del modelo era que los responsables de la política económica habían establecido la libre entrada y salida de capitales y, la regulación y control de toda la banca, especialmente en el manejo del costo del dinero, en manos de la Asociación de Bancos Privados. Esta clase de política era contradictoria con una política antiinflacionaria, ya que el ingreso de capitales externos provocó una expansión de los agregados monetarios, la cual influía en la tasa de inflación impidiendo que esta se reduzca a un digito.
La restricción fiscal y otros instrumentos monetarios no fueron capaces de controlar la monetización de origen externo. Aunque la tasa de inflación se había reducido a más de la mitad en 1995, con respecto a la de 1992, esta no era suficiente para mantener un tipo de cambio fijo. La flotación controlada (o el sistema de bandas cambiarias que se estableció en todo el manejo del plan de estabilización) llevó a la apreciación de la moneda e incentivó a las importaciones reduciendo la cantidad de divisas, no solo para el servicio a la deuda, también para defender el tipo de cambio en caso de expectativas de devaluación, fuga de capitales o el aumento de las importaciones. Esto ocasionó que el precio de la moneda extranjera se encontrara muy cerca del techo fijado en la banda cambiaria.
Por lo tanto, estas falencias lo reseñan en el informe de la Memoria del Gerente del Banco Central de 1994 como los “dilemas en el camino de la estabilización”:
El primer problema que debió enfrentar la autoridad monetaria al haber escogido una estrategia antiinflacionaria basada en el manejo del tipo de cambio como ancla nominal, es que la tasa de interés se volvió más volátil, aspecto observado a lo largo de 1994. Después de ver modificado un comportamiento menos errático de las tasas de interés surgió el dilema de las elevadas tasas de interés reales que pueden afectar la estabilidad del sistema financiero si conducen a un deterioro de la cartera de créditos. Otro dilema que surge de la política antiinflacionaria adoptada es la tendencia a la apreciación del tipo de cambio real, como consecuencia de que la inflación desciende paulatinamente mientras el tipo de cambio se mantiene estable, en un contexto de ingreso de capitales externos al país. La instrumentación del plan macroeconómico produjo una apreciación del tipo de cambio real (es decir, una pérdida de competitividad por este concepto) en 1993, lo cual había sido previsto, pues fue el costo necesario para avanzar decisivamente en la lucha anti-inflacionaria. (BCE, 1995, pp. 37-43)
En Ecuador se puede definir un periodo económico donde se hace evidente el predominio de los banqueros en las instituciones del Estado con su posterior “guerra regional” que arranca con la presentación del plan de estabilización en septiembre de 1992 y se consolida con la publicación en el Registro Oficial de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, el 17 de mayo de 1994 (LGISF, 1994). Este proceso de liberalización financiera, Páez (2004, pp.12-16) lo describe de la siguiente manera:
- La descompartamentalización de las operaciones financieras y la desregulación de los instrumentos financieros, los flujos de capitales, las instituciones, etc., a la vez que la figura de prestamista de última instancia y el esquema de seguro de depósitos permanecieron implícitamente abiertos;
- La flotación de las tasas de interés y una nueva variedad de instrumentos con diferenciales de riesgo y tasa que permitieron un importante incremento en las diversas medidas de cuasimoneda[3] y de ahorro financiero.
- La legalización de los depósitos y de los préstamos en dólares, que conllevó el incremento del riesgo de descalce de monedas que hizo que los bancos empujen hacia un espiral de dolarización del conjunto de la economía, y, por tanto, provocó el consecuente debilitamiento de algunas de las funciones de la moneda nacional y la creciente ineficacia de la política económica en general;
- La banca offshore fue legalizada sobre la argumentación de la necesidad de una mayor integración financiera a los mercados internacionales y para evitar la fuga de capitales. Sin embargo, la autoridad supervisora tuvo un conocimiento inadecuado de todas las operaciones offshore, y problemas de economía política extendieron la garantía de depósitos respaldada por el estado a todas las operaciones offshore después de que la crisis explotó (diciembre 1998);
- La concentración de créditos y las operaciones vinculadas dentro del grupo financiero como parte de un nuevo esquema desregulado; y,
- Relajación de los requerimientos de entrada y débil supervisión en paralelo a un ambiguo marco legal para la depuración por efectos del mercado. No había una forma clara de salida de las instituciones del sistema financiero.
En una extensión del punto cuatro, en un seminario realizado para analizar el nuevo esquema operativo del sistema financiero y en medio del auge de los capitales foráneos (1993-1994), se señaló que más del 50 % de las transacciones financieras y bancarias realizadas en Ecuador, con sus respectivos efectos en el propio territorio, no fue registrado por ninguna institución del Estado. A la luz de los hechos que acontecieron en los años posteriores, todo parece indicar que el nuevo esquema fue bastante ineficiente también en esta área. (¿Sí o no a banca off-shore?, 25 de marzo de 1994, El Comercio)
Desde 1995, la economía presentó graves problemas, sobre todo en el sector bancario. El Banco Central, a través de líneas de crédito de emergencia, otorgó un total de 450 mil millones de sucres al sector financiero, de los cuales 150 mil millones fueron entregados a las sociedades financieras y 300 mil millones a los bancos. La razón de la crisis de iliquidez de la banca privada se encontraba en el deterioro de la cartera y el incremento de los riesgos crediticio y de liquidez. La Revista Gestión reseña lo siguiente:
La liberalización produjo un boom en el número de instituciones financieras, en circunstancia en que la Superintendencia de Bancos recién empezaba su modernización y fortalecimiento institucional para adaptarse a las nuevas tendencias de supervisión prudencial. Pese al proceso de apertura, la elevada concentración continúa, pues las cinco entidades más grandes poseen cerca del 60% del total de activos del sistema y realizan más del 55% del total de colocaciones. Esta situación significa que para la centena de entidades restantes apenas hay un 40% del mercado. (Rojas, 1996, p.22.
Para afrontar la difícil situación de la banca privada, los directivos del Banco Central hicieron uso de las facultades legales para hacer préstamos por motivos de iliquidez, más no de solvencia. El manejo de esta diferencia es gravitante en una crisis financiera en desarrollo: se debe tratar de que el riesgo moral sea muy cercano a cero y nunca en forma creciente. Sin embargo, la intervención del Banco Continental distaba mucho de esto.
El 20 de marzo de 1995, el Banco Central del Ecuador (BCE) se hizo cargo de dicha institución estrechando la distancia conceptual que debe haber entre una situación de iliquidez y otra de insolvencia. Para 1996, la situación de la banca en su conjunto era bastante preocupante. Con antelación al conflicto bélico de 1995, la calidad de la cartera se había comenzado a deteriorar. Evidentemente, luego del boom del crédito de 1993 y 1994, y después de un prolongado periodo de incertidumbre económica y política, de altas tasas de interés reales y la recesión, el sector real quedó muy debilitado.[4]
Para 1997, después de un golpe de Estado en el mes de febrero, la economía fue afectada por la caída de la producción nacional -especialmente de la actividad agropecuaria de la costa ecuatoriana- debido a la presencia del fenómeno de El Niño, por los factores externos como las crisis financieras desatada en los países del sudeste asiático y la inestabilidad política (cambio de reglas que tendrían efectos sobre la economía) derivada no solo del golpe de Estado, también de la puesta en marcha de la elección de una nueva Asamblea Constituyente que reforme la Carta Magna del Estado ecuatoriano.
Todos estos factores mencionados, llevaron a que la banca privada comience a develar las deficiencias, la corrupción y una no muy lejana guerra bancaria donde las regiones costa y sierra, representadas por sus principales ciudades, Quito y Guayaquil, fueran las protagonistas, donde los partidos políticos sucumbirían ante tal guerra comenzando por la desaparición, a fines de siglo, del Partido Democracia Cristiana, quien ganó las elecciones presidenciales en 1998 bajo el liderazgo del Dr. Jamil Mahuad.
Para diciembre de 1998, los indicadores de riesgo se deterioraron, la relación de solvencia se redujo de un nivel de 11,5% a finales de 1997 a 9,7% en octubre de 1998, con cierta recuperación a fin de año (10,6%). Adicionalmente, el nivel de exposición patrimonial también empeora, al pasar de 0,7% al 11,5%, durante el mismo periodo, registrando una mejora a finales de 1998. Los factores clave en este comportamiento son el aumento de la cartera vencida y la disminución de provisiones registradas hasta octubre, estos pasan de niveles de 7,3% a 13% y 97,5% a 60,0% respectivamente. En diciembre esta tendencia mejoró principalmente por incrementos de las provisiones.
La rentabilidad del sistema se deterioró significativamente, ya que pasó de una utilidad de 0,7% en diciembre de 1997 a un 0,6% de pérdidas en diciembre de 1998, a pesar de observarse menores costos operativos. El régimen de bandas cambiarias se mantuvo, aunque con modificaciones con el objetivo de seguir controlando la inflación a pesar de que esta se elevó de 30,7% en 1997 a 43,4% en 1998.
El tipo de cambio real se sobrevaloró durante todo el periodo y las reservas internacionales fueron acentuando su caída, producto de un mayor déficit en la cuenta corriente, un mayor servicio a la deuda externa dada una prima de riesgo mucho mayor sobre la tasa de interés y la caída del precio del petróleo que de un promedio de USD 15,4 por barril en 1997 pasó a USD 9,2 en 1998.
Para fines de agosto de 1998, las captaciones del sistema bancario aumentaron a una tasa anual de 24,09% frente al crecimiento de las colocaciones en 40% (descalces de plazos). El crecimiento de las captaciones en moneda extranjera fue de 25,35%, mientras que las captaciones en moneda nacional crecieron en 23,6%, lo cual significa que los clientes de la banca no están dispuestos a arriesgarse y prefieren el dólar a la moneda local (descalces en monedas). La tendencia fuerte se observa por el lado de la cartera.
Los créditos en moneda extranjera crecían a tasas superiores al 57%, mientras que aquellos en moneda nacional lo hacían al 28%. Estas cifras muestran el alto grado de dolarización de la economía, sin duda uno de los dilemas de las nuevas autoridades económicas a la hora de pensar en un ajuste a la banda de flotación cambiaria. Por lo tanto, se puede observar que los indicadores de gestión del sistema financiero fueron muy cambiantes. La razón: la poca capacidad de control por parte de los entes gubernamentales donde las cifras en los reportes a la Superintendencia de Bancos estaban sobrevaloradas o subvaluadas.
La crisis bancaria tomaba forma: concentración de créditos en empresas vinculadas, inconsistencia en la calificación de la cartera de crédito, baja capitalización, bajas provisiones para perdidas, descalce de monedas (dolarización parcial de la economía) y de plazos, desconfianza generalizada y, lo que anteriormente se planteó, la falta de control, pero esta situación salió a la luz con fuerza a partir del último trimestre de 1998. Antes los banqueros la pudieron esquivar presentando reportes con información falsa acerca de la situación de los bancos. De esta manera, para algunos banqueros el mejor negocio era ser un banco malo. Por ello, después de aprovechar las ventajosas situaciones que daba la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, pedían el rescate del Estado por medio del Banco Central con base en no solo el cumplimiento del papel de prestamista de última instancia que le asignaba la Ley de Régimen Monetario y del Banco del Estado, también en la Disposición Transitoria Cuadragésima Segunda de la Constitución Política,[5] que se había insertado en la nueva Carta Magna producto de la Asamblea Constituyente de 1997-1998. (Paredes, 2019)
La disposición transitoria nunca se la discutió, ni se la debatió y menos aún, ni se la votó. Ninguno de los asambleístas, ni el secretario, ni el presidente de la Asamblea, en declaraciones a la prensa, saben cómo se la insertó en la votación general para aprobar la nueva Constitución de la República; sumado a esto, el cese definitivo del conflicto con el Perú y la firma de la paz en octubre de 1998, deban las condiciones para que el Estado asuma, una vez más, salvar al sector privado. El nombre que tomó comúnmente en la prensa fue de “salvataje bancario”, aunque ningún banco se salvó, excepto el Banco del Pacífico que permaneció en manos del Estado hasta los días en que se escribe estas líneas. Revista Gestión describe el salvataje que no fue:
Las instituciones financieras han empezado a caer como piezas de dominó. La primera ficha en derrumbarse fue Solbanco –abril de 1998- y le siguieron diez más: Banco de Préstamos, Filanbanco, Tungurahua, Mutualista Previsión y seguridad, Financorp, Azuay, Finagro, Occidente, Financiera América y Banco del Progreso. De estas once, diez están siendo manejadas por la Agencia de Garantía de Depósitos –AGD- (sólo Solbanco está nuevamente en Operación), por lo que el Estado tiene una fuerte presencia en el sistema bancario, más aún si se considera que el Banco Continental –socorrido hace dos años- también forma parte de esta larga lista. (¿La autodestrucción?, 1999, p.12.
La Disposición Transitoria Cuadragésima Segunda de la Constitución Política de 1998fue un instrumento para socializar pérdidas. Entre la clase política se sabía de las cuentas en rojo del conjunto del sistema financiero, lo que a diciembre llevó a constituir la AGD y el llamado impuesto a la circulación de capitales con el objetivo de solo reestructurar la banca y no de sanearla, lo que implicaba que el banco pase a manos del Estado. El 12 de febrero de 1999, se abandonó el sistema de bandas cambiarias (desde 22 de diciembre de 1994) con lo que inauguraría un tipo de cambio flotante que permitiría la fácil socialización de las pérdidas. (BCE, 2000, p.67)
La principal causa que llevó a que banqueros lleguen a tomar mayores riesgos en busca de una mayor rentabilidad, a actos de corrupción y a forjar una concentración de actividades económicas desde empresas dueñas de canales de televisión y de prensa en general hasta el descubrimiento de empresas fantasmas fue la presencia creciente del riesgo moral. Naranjo (2005) afirma que la intervención del Estado con el Banco Continental en marzo de 1996 marcó la pauta para la posterior crisis.
En la década de los noventa se reeditó los acontecimientos que se sucedieron con el abandono de la convertibilidad en agosto de 1914, el manejo del país por la plutocracia y las llamadas “guerras bancarias”, protagonizadas por los banqueros costeños (Guayaquil) y los banqueros de la sierra (Quito), donde estos últimos eran caracterizados como ordenados y prudentes y, los primeros, todo lo contrario: el abuso desmedido del poder monetario que la época les otorgó. La década de los noventa se pareció mucho a esa época, pero con una diferencia: banqueros de Quito como de Guayaquil se valieron del Estado para salvar las instituciones en quiebra. Y más aún, banqueros de Quito utilizaron instituciones del Estado para hacer quebrar a bancos costeños, que eran líderes en el sistema financiero. Después de la estabilización y la recuperación de la economía, los bancos de la sierra se vieron beneficiados con la crisis financiera de 1999 mediante un alto grado de concentración de los depósitos y créditos en el sistema.[6]
El gobierno de Jamil Mahuad, en la primera semana de marzo de 1999, se entera de la grave situación del Banco del Progreso y en reuniones con banqueros, el domingo 7 de marzo, informa de la grave situación del sistema financiero. La solución: realizar un congelamiento de los depósitos con el objetivo, según los funcionarios de la época, “de contener el desangre del sistema financiero y la hiperinflación” (temor a una crisis sistémica). No obstante, después de esta reunión con los banqueros, a las 23 horas aproximadamente, hay otra reunión que cambiaría el curso de las cosas: se estableció un feriado bancario y, posteriormente, el congelamiento.
En la reunión estuvieron presentes, aparte de abogados, colaboradores y asesores del presidente, dos argentinos de la Fundación Mediterránea llamados Guillermo Mondino y Jorge Vasconcelos, los cuales, en una visita al país, invitados por Pedro Gómez Centurión, asesoraron al gobierno en temas de cómo implementar la dolarización y la convertibilidad y, sobre todo, en la idea del congelamiento de los depósitos.
El feriado se dio dada la grave situación del Banco del Progreso al no poder pagar a los depositantes, el presidente compró tiempo para el banquero. Las disposiciones legales del congelamiento se dieron el jueves 11 de marzo a las 17 horas, tres días después de anunciar el feriado bancario en cadena de radio y televisión por el Superintendente de Bancos, Jorge Egas Peña(mediante Decreto Ejecutivo Nº 685 del 11 de marzo de 1999). El estallido de la crisis llegó a su cenit cuando el Banco del Progreso cerró las puertas el 22 de marzo, víctima del uso indiscriminado de créditos vinculados y de manejos financieros fraudulentos por el uso de numerosas empresas fantasmas. (Febres-Cordero, 2000)
Para junio, la independencia del Banco Central, si es que existía alguna, desapareció. Los hombres de confianza de la ministra de economía, Ana Lucia Armijos (febrero 99 – agosto 99), fueron designados para ser parte del directorio del Banco Central: Mauricio Pareja y Mario Prado. En una entrevista a Luis Jácome, expresidente del directorio del Banco Central (sept. 98 – marzo 99), expresó lo siguiente (La crisis no fue culpa del Banco Central, 1999, p.34):
Las causas de la crisis son fiscales y bancarias[7], donde el Banco Central no tiene nada que ver. Entregar la dirección del Banco Central a gremios, representantes de la banca privada y delegados del gobierno es someterle a una crisis como la que ha tenido el país en los últimos meses. Las decisiones que se tomarían no serían necesariamente las que convienen a una sociedad en el largo plazo, pues un organismo emisor técnico y alejado de intereses políticos y privados hace claramente políticas de mercado.
En tales condiciones, el 28 de junio de 1999, en el trigésimo aniversario institucional de la Cámara de la Pequeña Industria (CAPIG) y del Primer Congreso de la Pequeña y Mediana Empresa, se llegó a un acuerdo en hacer público tanto para la sociedad como al gobierno: el país debe implementar la dolarización. Por otro lado, establecían que debían realizarse las debidas reformas legales con un dólar a 15 000 sucres(Un nuevo modelo económico, 29 de junio de 1999, El Universo). Dicha propuesta solo fue acogida meses después.[8] Tras experimentar una depreciación del sucre del 29%, en los primeros cuatro días laborales de 2000, y en medio de una crisis política que amenazaba con desembocar en un proceso de destitución, el Presidente de la República, Jamil Mahuad, anunció en la noche del domingo 9 de enero la dolarización oficial de la economía del país iniciando el proceso con la fijación del tipo de cambio a una tasa de conversión de 25 000 sucres por dólar.
De esta manera, Acosta (2001, p.185) ha sido contundente para endilgar la participación del gobierno conservador (1992-1996), sobre todo del vicepresidente, en la liberalización financiera de 1994 y la crisis financiera que provocó en 1999 con el posterior abandono de la moneda nacional:
Al finalizar esta administración se podía anticipar parte de los problemas que vendrían. La esencia de la política económica, seguida desde septiembre de 1992, sembró las raíces de la crisis económica: se favorecía la inversión financiera (especulativa) y no la producción. Era la crónica de una crisis anunciada.
Reflexiones finales
La decisión de dolarizar la economía ecuatoriana no fue planificada, más bien fue una medida desesperada (hasta precipitada) en medio de una crisis económica, que se transformaba en social tal como ocurrió días después, el 21 de enero de 2000, con la revuelta de los indígenas y el derrocamiento del Jamil Mahuad como presidente de la República. Esto se confirma con el escrito de renuncia del presidente del directorio del Banco Central de la época. En esa carta, se señaló dos cosas (La explosiva renuncia de Better, enero de 2000, Revista Gestión):
- El presidente Mahuad atentó contra la independencia del Banco Central; y,
- La decisión del presidente Mahuad hasta dos días antes del anuncio de la dolarización, viernes 7 de enero, era de mantener la libre flotación del sucre.
Por lo tanto, el testimonio del presidente del directorio del Banco Central del Ecuador echa por tierra las aseveraciones de Jamil Mahuad de que:
“[…] Un grupo decía que por qué se demoró tanto y otro grupo que por qué se apresuró tanto si todavía no estaba listo. Pero la decisión no fue apresurada, porque estaba muy bien estudiada, pero sí fue rápida” (Meléndez, 2022).
Ninguna decisión bien estudiada se logra en dos días. En todo caso, la dolarización se la implementó legalmente el 13 de marzo de 2000 y el retiro total de los sucres en la economía se alcanzó en septiembre del mismo año.
Referencias bibliográficas
Acosta, A. (2001). Breve historia económica del Ecuador. Corporación Editora Nacional.
Banco Central del Ecuador (BCE) (1995). Memoria del Gerente del Banco Central de 1994. https://repositorio.bce.ec/handle/32000/2815
Banco Central del Ecuador (BCE) (2000). Memoria del Gerente del Banco Central de 1999. https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Memoria/1999/Cap.6.PDF
Constitución de la República. (1998, 10 de agosto). Asamblea Nacional Constituyente.
Decreto Ejecutivo Nº 685 (1999, 11 de marzo). Presidencia de la República. Registro Oficial Nº 149. https://laverdadventeada.files.wordpress.com/2014/08/decreto-ejecutivo-685.pdf
Falconí, F. y Oleas, J. (Comps.) (2004). Economía ecuatoriana. FLACSO- Ecuador.
Febres-Cordero, F. (2000, 13 de junio). La noche del congelamiento. El Universo.
Jácome, L. (1994). De la inflación crónica a la inflación moderada en el Ecuador. Revista CEPAL, (52), pp.119-132. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/1a6bb8fb-cdd1-41b4-835b-179dc4f8888b/content
¿La autodestrucción? (1999). Revista Gestión, (58), pp.12-21.
La crisis no fue culpa del Banco Central (1999). Revista Gestión, (60), 32-35.
La explosiva renuncia de Better (2000). Revista Gestión. (67), p.9. https://www.bce.fin.ec/micrositio20dolarizacion/gestion-enero2000.html
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF). (1994, 17 de mayo). Honorable Congreso Nacional. Registro Oficial Nº 439.
Los bancos deben vigilar su recto proceder con nueva ley (1994, 16 de mayo). El Universo.
Meléndez. A. (2022, 20 de septiembre). Mahuad y por qué se dolarizó al Ecuador. Bloomberg en línea. https://www.bloomberglinea.com/2022/09/20/exclusiva-jamil-mahuad-y-por-que-se-dolarizo-al-ecuador/
Naranjo, M. (2005). Dolarización oficial y regímenes monetarios en el Ecuador. Colegio de Economistas de Pichincha.
Páez, P. (2004). Liberalización financiera, crisis y destrucción de la moneda nacional en Ecuador. Cuestiones económicas, 20(1), 5-71. https://repositorio.bce.ec/handle/32000/77
Paredes, G. J. (2014). El (des)vínculo entre la banca privada y el sector productivo en el Ecuador. Alternativas, 15(2), pp. 104-110. https://editorial.ucsg.edu.ec/alternativas/index.php?journal=alternativas&page=article&op=view&path%5B%5D=22
Paredes, G. J. (2015). Integraciones monetarias pasivas en Sudamérica (1991-2011). Ediciones Cooperativas.
Paredes, G. J. (2017). Ecuador: ¿por qué salir de la dolarización? Revista Cepal, (121), 149-167. https://www.cepal.org/es/publicaciones/41152-ecuador-que-salir-la-dolarizacion
Paredes, G. J. (2019). Un análisis de la pérdida de soberanía monetaria desde la teoría de la regulación: Argentina y Ecuador. Ciclos, 26(52), pp. 109-139. https://ojs.econ.uba.ar/index.php/revistaCICLOS/article/view/1394/2012
Rojas, M. (1996). No se pierda en el mercado cambiario. Revista Gestión, (22), 22-26.
¿Sí o no a banca off-shore? (1994, 25 de marzo). El Comercio, p.14
Un nuevo modelo económico, (1999, 29 de junio). El Universo, p.4.
Vela, M. (1999). La crisis es más bancaria que fiscal. Revista Gestión, (58), pp.22-24.
[1] El Plan Brady fue una estrategia financiera hacia fines de los años ochenta enfocada a los países en desarrollo para reestructurar las abultadas deudas en monto y en servicios, contraídas con la banca comercial a fines de la década de los setenta. Los beneficios que se reportaron de este plan fueron muy pocos. La reestructuración fue para trasladar el pago de las obligaciones contraídas, capital e intereses, en años posteriores: mayores plazos y en un cuantioso servicio a la deuda.
[2] Una de las premisas de la nueva ley para las instituciones del sistema financiero, por lo menos, para un sector de los expertos de la época, es que, si bien se le daba mayor capacidad de decisión a los banqueros en el manejo de las instituciones financieras, esta debería ir acompañada de una supervisión fuerte y eficiente. (¿Sí o no a banca off-shore?, 25 de marzo de 1994, El Comercio)
[3] En la estadística del Banco Central del Ecuador (BCE) se denomina “cuasidinero” y son los distintos tipos de depósitos (obligaciones con el público) que mantienen las instituciones financieras. Suponen una “segunda línea” de medios de pago a disposición del público. En Argentina, a las cuasimonedas se las conoce como los bonos emitidos por los gobiernos provinciales para ser utilizados como medio de pago en el contexto de la crisis de 2001.
[4] El auge de los capitales externos trajo consigo la apreciación real de la moneda nacional, una explicación de lo que vino posteriormente. En cifras, el saldo favorable de la cuenta capital en relación al PIB pasó de 0,76 % en 1992 a casi 7 % en 1993 y 1994. Todo esto, mientras el saldo de la cuenta corriente registraba saldos negativos que alcanzaron los 4,7 puntos porcentuales (BCE, 1995, p.42).
[5] La disposición transitoria cuadragésima segunda dice los siguiente: “Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación” (Constitución de la República, 1998).
[6] Para Paredes (2014), esto significa un cambio del eje financiero-geográfico producto no de una reestructuración, sino de una preparada autodepuración. Como ejemplo, el Banco del Pichincha, que era considerado un banco pequeño en 1996, se convirtió en un banco grande en 2002 con una participación del 27 % de los activos del sistema.
[8] En el aniversario de la CAPIG se señaló que su propuesta de dolarizar la economía ecuatoriana se remonta a 1996.
Observatorio de la dolarización 