Riesgo fiscal en las garantías del BID para los proyectos de energía

El gobierno de Ecuador anunció una garantía soberana de 77 millones de dólares otorgada por el BID para apoyar 12 proyectos de energías renovables no convencionales, que generarían aproximadamente 810 MW. Esta medida forma parte de una línea de crédito condicional de USD 140 millones, misma que ayudaría a reducir el riesgo país y atraer inversión privada al sector eléctrico. Según lo expresado por la vocera del gobierno, esta acción “demuestra la confianza que tienen los organismos multilaterales en el país”. Sin embargo, si bien el respaldo multilateral ayuda a abrir fuentes de financiamiento y consecutiva emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales, esta medida reduce los grados de libertad y las capacidades de maniobra de la política fiscal de una economía dolarizada. Al respecto, analicemos algunas implicaciones y potenciales riesgos que se desprenden de la dependencia financiera de las multilaterales regionales como el BID para la economía ecuatoriana.

A marzo de 2025, la deuda pública consolidada del Ecuador supera el 69 % del PIB, con una deuda interna de USD 36.616,7 millones (Banco Central del Ecuador [BCE], 2025a) y una deuda externa cercana a 49.598 millones USD (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2025). Cifras que condicionan la disponibilidad y sostenibilidad fiscal para respaldar obligaciones contingentes. Adicionalmente, entre 2025 y 2027, el país deberá enfrentar vencimientos de capital por 13.011 millones USD e intereses por 8.546 millones USD (MEF, 2025). En estas condiciones, asumir riesgos soberanos para cubrir compromisos indirectos de privados podría ser perjudicial para las finanzas públicas, en especial las garantías soberanas de proyectos cuya ejecución está sujeta a factores técnicos, climáticos e institucionales.

El aval soberano de USD 77 millones, otorgado por el BID, no representa una transferencia directa de recursos al sector privado, sino un compromiso contingente del Estado ecuatoriano.

Una garantía soberana es un compromiso formal del Estado para respaldar el pago de un préstamo… si la empresa… no cumple…, el Estado ecuatoriano deberá pagar esa deuda en su lugar… Eso significa que el Estado califica el riesgo de los proyectos, permitiendo que entidades privadas obtengan financiamiento en mejores condiciones, pero asumiendo la obligación de pago en caso de incumplimiento (La Hora, 2025).

La garantía se emite dentro de una línea de crédito condicional de USD 140 millones y considera un plazo de hasta 25 años, con un período de amortización correspondiente, 5,5 años de gracia, y tasa basada en SOFR (Forbes Ecuador, 19 jun. 2025; BID, 19 jun. 2025). Esto implica que el Estado solo desembolsará recursos si alguna de las 12 empresas beneficiarias incumple sus compromisos —y solo hasta un límite de USD 77 millones—, convirtiendo esta acción en un pasivo contingente que puede materializarse durante el plazo establecido.

Cabe tener en cuenta que la condición financiera-económica de CNEL Y CELEC EP es preocupante. La empresa pública CELEC EP, responsable de más del 60 % de la generación eléctrica del país, enfrenta una situación financiera delicada: al cierre de 2024, CNEL y otras distribuidoras le adeudaban más de 600 millones USD (Contraloría General del Estado [CGE], 2024), lo que limita su capacidad de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura energética. Incluso se volvió prestamista al transferir 188 millones USD al Ministerio de Finanzas para cubrir liquidez estatal, debilitando aún más su posición (CELEC EP, 2024). Esta situación impediría que la inversión privada alcance resultados inmediatos y sostenibles: sin operadores públicos solventes ni regulación adecuada del Estado, el «beneficio» del BID se transformaría en un pasivo contingente y no en apoyo al desarrollo de nuevas fuentes de energía.

En suma, si bien la garantía del BID podría interpretarse como un voto de confianza, su éxito dependerá de factores domésticos de política pública aún sin resolver: solvencia fiscal, fortalecimiento institucional y coherencia entre política energética y desarrollo económico. Las garantías y el mismo incremento súbito de la deuda externa con el BID deben ser discutidas públicamente por tratarse de obligaciones soberanas para las próximas décadas, que si bien reducen temporalmente el riesgo país para «atraer» inversión privada, aumentan el riesgo fiscal latente. A la vuelta de la esquina podríamos entrar en el escenario de incumplimiento de alguna empresa y es ahí donde el Estado deberá honrar la deuda. De no cumplir con los flujos de pagos sentirá el rigor de la dependencia financiera generada en pocos años con el BID.

Referencias

• Banco Central del Ecuador. (2025a). Estadísticas de deuda pública. https://www.bce.fin.ec
• Banco Central del Ecuador. (2025b). Informe de Finanzas Públicas – Primer trimestre 2025. https://www.bce.fin.ec
• CELEC EP. (2024). Informe de gestión financiera y operativa 2023. https://www.celec.gob.ec
• Contraloría General del Estado. (2024). Examen especial a procesos de contratación y ejecución energética 2023–2024. https://www.contraloria.gob.ec
• Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2025). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – abril 2025. https://www.ecuadorencifras.gob.ec
• Ministerio de Economía y Finanzas. (2025). Boletín de deuda pública – enero 2025. https://www.finanzas.gob.ec
• BID. (2025, 19 de junio). Ecuador aumentará la resiliencia del sector energético con garantía del BID.
• Energías Renovables. (2025, 25 de junio). Ecuador recibe el respaldo financiero del BID para impulsar nuevos proyectos renovables.
• Forbes Ecuador. (2025, 19 de junio). El BID entrega una garantía de US$77 millones a Ecuador para fortalecer el sistema energético.
• La Hora. (2025, 19 de junio). Energía solar y eólica: BID impulsa 12 nuevos proyectos en Ecuador.