El Ecuador atraviesa una coyuntura en la que los logros macroeconómicos exigidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) contrastan con un deterioro social visible. Para mayo del 2025 cada día se registraron aproximadamente 30 muertes violentas, convirtiendo al mes de mayo en el más violento hasta ahora de la historia del Ecuador, así mismo la tasa de muertes violentas por cada habitante es de 45 asesinatos por cada 10 mil, se espera que el Ecuador cierre el año como el país más violento de la región, superando a países como Haití  (Primicias, 2025). El mercado laboral no muestra cifras alentadoras de hecho la última encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de abril del 2025 revela que la informalidad laboral a nivel nacional es del 54,1% así mismo la tasa de empleo adecuado se encuentra en un 35,8%, valores que todavia no se asemejan antes de la pandemia del covid-19. Por ultimo la economía ecuatoriana en el año 2024 decrecio un 2% (BCE, 2025).  En este contexto, el Gobierno ha cumplido con una serie de medidas exigidas por el FMI en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (EFF). Entre ellas destaca el incremento del IVA del 12 % al 15 %, que generó un aumento estimado del 0,7 % del PIB en recaudación (IMF, 2024, p. 29). Este ajuste se alineo a la aprobación de la primera revisión del programa por parte del Directorio Ejecutivo del FMI en diciembre de 2024 y no con el relato generado  por parte del gobierno para combatir la crisis de seguridad. Asi mismo la reducción del riesgo-país a 859 puntos básicos en junio de 2025 ha sido celebrada por el Gobierno como una señal de confianza para acceder a los mercados financieros internacionales (Primicias, 2025). Sin embargo, el costo de estas medidas recae sobre la inversión social, con una ejecución promedio del 21 % hasta mayo (MEF, 2025), mientras se avecina un posible nuevo estiaje, iformalidad laboral y exclusion productiva para sectores populares.

Metas TMU y restricciones fiscales

El acuerdo con el FMI establece metas técnicas precisas recogidas en el Memorando Técnico de Entendimiento (TMU). Las principales metas vigentes son:

Meta TMU	Página	Estado	Impacto social
Depósitos SPNF en BCE  iguales o superiores a USD 510 millones	88-89	Cumplida	El Tesoro posterga pagos a contratistas y hospitales para retener liquidez.
Balance primario 2025 no supere -1 % del PIB	31	Proyectada	Se recorta inversión y gasto operativo; servicios esenciales son afectados.
Sin atrasos externos ni crédito del BCE	89	Cumplida	Se prioriza el pago externo sobre la inversión local y el gasto social.

Fuente: Memorando Técnico de Entendimiento (TMU). Elaboración por el autor

Para cumplir estos objetivos, el Presupuesto General del Estado (PGE) recortó la inversión pública de USD 3 900 millones en 2024 a USD 2 700 millones en 2025, lo que representa una reducción del 32 %. Esto ha tenido consecuencias directas en sectores claves como :

Ministerio	Ejecución mayo	Impacto social directo
Energía	2,80%	Posibles apagones, atraso en líneas de transmisión y modernización de subestaciones.
Transporte y Obras Públicas	16,70%	Proyectos paralizados, deterioro vial y encarecimiento del transporte.
Trabajo	0,18%	Paralización de programas de inserción laboral y formación juvenil.
Salud Pública	19,40%	Postergación de pagos a clínicas de diálisis, hospitales sin insumos.
Cultura y Patrimonio	23,10%	Paralización de fondos para actividades culturales y museos.

Fuente: Ejecución presupuestaria por entidad – mayo 2025. Elaboración por el autor.

Adicionalmente, La refinería de Esmeraldas continúa sin repotenciarse tras el incendio de abril, por lo que crece la importación de combustibles y se presiona la balanza de pagos. La paralización de los proyectos 006 (líneas de 500 kV) y 059 (modernización de subestaciones) implica pérdidas técnicas adicionales de  70 GWh por mes. El retraso ocurre a puertas de un posible nuevo estiaje, cuando la generación hidroeléctrica cae y se depende de plantas térmicas a diésel.

Nuevo régimen fiscal de seguridad

En menos de 72 horas la Asamblea Nacional del Ecuador aprobo dos leyes complementarias:

Elemento	Ley de Solidaridad Nacional (LSN)	Ley Orgánica de Inteligencia (LOI)
Incentivos tributarios	Deducción IR hasta 30 % por donaciones (Art. 13).	No contempla incentivos.
Incautación de bienes	Entrega inmediata al Estado (Arts. 15-16).	No prevé incautaciones.
Fondos reservados	No regula.	Crea fondo permanente secreto (Art. 13 y 52).
Contratación de privados	No regulada.	Autorizada para servicios de inteligencia (Art. 20).
Transparencia presupuestaria	Media (registro SRI).	Baja (clasificación y auditoría confidencial).
Fiscalización legislativa	Régimen tributario ordinario.	Exenta de control legislativo.

Bajo el argumento de fortalecer la seguridad, se han aprobado reformas legales que redefinen tanto las fuentes de financiamiento como los mecanismos de ejecución presupuestaria, generando un nuevo régimen fiscal asimétrico orientado a  las metas exigidas por el FMI en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (EFF)

Por un lado, la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional autoriza a prefecturas y municipios a destinar hasta el 10 % de su presupuesto a las Fuerzas Armadas y la Policía. A esto se suma un incentivo tributario de hasta el 30 % en el Impuesto a la Renta para empresas que donen bienes o equipamiento militar a las fuerzas del orden. Además, los bienes incautados a organizaciones criminales pasan a ser administrados por el Ministerio de Finanzas o la inmobiliaria estatal.   En el mismo marco, la Ley Orgánica de Inteligencia establece un fondo permanente para operaciones de inteligencia, clasificado y excluido del régimen de contratación pública. Esta norma permite contrataciones directas con actores privados, sin licitación ni control legislativo ordinario, lo que reduce sustancialmente la transparencia en el uso de fondos públicos.

En paralelo, el Proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública elimina el Catálogo Inclusivo, hasta ahora una de las principales puertas de acceso de la economía popular y solidaria y de las MIPYMES al mercado estatal. Al incrementar los costos del Registro Único de Proveedores y reforzar la figura de la subasta inversa, se consolidan barreras que favorecen a grandes empresas, en desmedro del mandato constitucional de priorizar la producción nacional. Lo que se configura, en definitiva, es una arquitectura fiscal dual. Mientras que sectores como educación, salud e infraestructura enfrentan restricciones presupuestarias bajo una lógica de austeridad, las áreas vinculadas a la seguridad e inteligencia gozan de mayor flexibilidad, menos controles y acceso privilegiado a nuevas fuentes de financiamiento.

Proyecto de Ley de Recuperación de Áreas Protegidas

El gobierno ha remitido a la Asamblea un polémico proyecto de ley que propone concesionar a empresas privadas la gestión y explotación de zonas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Aunque se presenta bajo la idea de “recuperación”, el proyecto plantea serias preocupaciones legales y fiscales. La Constitución ecuatoriana, en sus artículos 404 al 406, establece con claridad que las áreas protegidas no pueden ser objeto de concesión, salvo en casos excepcionales con fines científicos y sin ánimo de lucro. Esta iniciativa, por tanto, podría entrar en abierta contradicción con el marco constitucional vigente. Si el Estado decidiera limitar actividades para proteger el ambiente o la vida, los concesionarios podrían iniciar demandas internacionales, generando pasivos contingentes millonarios. A esto se suma la posible salida masiva de divisas por repatriación de utilidades, con escaso impacto en el desarrollo local.  De tal manera que , este proyecto no solo pone en duda la soberanía ambiental del país, sino que expone al Estado a altos riesgos económicos y legales, en beneficio de intereses privados ajenos a las comunidades y al territorio.

Segunda Revisión (jun-2025) del EFF y solicitud de ampliación a USD 5 000 millones

	Detalle	Relación con los ejes del informe
Avance del programa	El personal del FMI certifica que todas las metas de fin-dic-2024 se cumplieron «con amplio margen» y que las reformas estructurales (fiscalidad no-petrolera, precios de gasolina, gobernanza) marchan a buen ritmo.	Confirma la razón por la que las metas TMU (depósitos en BCE, déficit primario y cero atrasos) se volvieron el ancla que frenó la inversión energética y de transporte.
Ampliación	Solicitud de 10000 millones extra, elevando el paquete total a USD 5 000 millones (IMF, 2025).	Refuerza la presión para mantener el recorte de subsidios y la contención del gasto corriente social, porque el FMI revisará otra vez la senda de consolidación al aprobar la ampliación.
Contexto macro	-2 % de PIB en 2024 por crisis eléctrica y seguridad; superávit récord en cuenta corriente y mejora de reservas.	Explica por qué el Gobierno acelera leyes de seguridad (LSN, LOI) y concesiones ambientales: necesita mostrar disciplina ante el shock externo y la caída de actividad.

El 11 de junio de 2025, el Fondo Monetario Internacional anunció un acuerdo a nivel de personal para la segunda revisión del programa EFF con Ecuador (IMF, 2025). En dicho comunicado se certificó el cumplimiento de todas las metas cuantitativas pactadas hasta diciembre de 2024, y se propuso una ampliación del paquete financiero, pasando de 4 000 a 5 000 millones de dólares. Según el informe técnico, los objetivos estructurales como el ajuste en los precios de los combustibles y la ampliación de la cobertura de transferencias sociales registraron un avance calificado como “sustancial”. A pesar de ello, el déficit primario continúa bajo vigilancia: se mantiene la meta piso de no superar el –1 % del PIB para 2025. Esta ampliación del programa, sin embargo, no está exenta de consecuencias. En términos operativos, implica una reafirmación del ajuste fiscal. Mientras se acumulan depósitos en el Banco Central, sectores clave como Energía y Transporte siguen sin desembolsos, a la espera de liquidez efectiva. Esta dinámica genera una desconexión evidente entre los compromisos internacionales y la ejecución de la inversión pública.

El Ecuador atraviesa una situación en la que los logros macroeconómicos promovidos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no se traducen en mejoras para la mayoría de la población. Aunque el Gobierno ha cumplido con las metas fiscales y técnicas del programa como la acumulación de depósitos en el Banco Central, el control del déficit primario y la eliminación de atrasos externos, la realidad es que estos avances se sostienen sobre una reducción drástica de la inversión pública, con efectos directos en sectores estratégicos y en la vida cotidiana de millones de personas.

La inversión estatal cayó un 32 % entre 2024 y 2025, y los recursos no están llegando a áreas críticas como energía, transporte, salud y empleo. Mientras tanto, el país enfrenta apagones, hospitales desabastecidos, jóvenes sin acceso a programas de formación e infraestructura paralizada. Esta contracción de la inversión responde a la necesidad de mostrar disciplina fiscal, pero deja en evidencia que el ajuste no es neutro: tiene costos concretos y visibles, sobre todo para los sectores populares.

Al mismo tiempo, se ha consolidado un nuevo régimen fiscal que prioriza el gasto en seguridad y defensa, muchas veces sin transparencia ni control. Leyes como la de Solidaridad Nacional y la Orgánica de Inteligencia han facilitado incentivos tributarios a empresas que colaboran con las fuerzas del orden, creado fondos reservados y permitido contrataciones directas con privados, todo esto mientras se restringe cada vez más el financiamiento de servicios básicos. Se configura así una arquitectura fiscal asimétrica: austeridad para lo social, discrecionalidad para lo militar. El debilitamiento del mercado público para la economía popular y las MIPYMES a través de la eliminación del Catálogo Inclusivo y nuevos requisitos de registro suma otra capa de exclusión, cerrando las puertas a quienes antes encontraban en el Estado un espacio para producir y sostenerse. Y la propuesta de concesionar zonas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas revela una peligrosa tendencia a mercantilizar lo público, poniendo en riesgo no solo el medio ambiente, sino también la soberanía legal y económica del país.

La ampliación del programa del FMI a USD 5000 millones, si bien muestra respaldo financiero internacional, refuerza esta misma lógica: más ajuste, menos gasto social, mayor dependencia de metas externas. El país acumula reservas, pero no invierte. Recauda más, pero no redistribuye. Y en ese camino, la distancia entre la macroeconomía y la vida real se vuelve cada vez más insostenible.

En resumen, el cumplimiento del acuerdo con el FMI ha venido acompañado de una fractura creciente entre las exigencias del programa y las necesidades de la población. Si no se corrige el rumbo, el Ecuador corre el riesgo de profundizar su crisis social, económica y política.

Bibliografía

BCE. (15 de abril de 2025). Informe de Resultados Cuentas Nacionales Trimestrales.

IMF. (31 de Mayo de 2024). Ecuador: Request for an Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility – Staff Report (No. 24/146).

IMF. (11 de Junio de 2025). IMF Reaches Staff-Level Agreement on the Second Review under Ecuador’s Extended Fund Facility Arrangement. https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/06/11/pr-25194-ecuador-imf-reaches-agree-2nd-review-ext-fund-facil-arrange

INEC. (2025). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) Abril del 2025.

MEF. (Mayo de 2025). Ejecución presupuestaria por entidad-Mayo 2025.

Primicias. (12 de junio de 2025). El Riesgo país de Ecuador llega a su nivel más bajo en lo que va de 2025. https://www.primicias.ec/economia/riesgo-pais-ecuador-banco-central-fmi-98439/

Primicias. (20 de Junio de 2025). Mayo de 2025 fue el mes más violento de la historia reciente de Ecuador: 30 personas fueron asesinadas cada día. https://www.primicias.ec/seguridad/tasa-homicidios-ecuador-mayo2025-muertes-asesinatos-99015/