De todas las reformas incluidas en la recientemente aprobada «Ley de Integridad Pública», y que ya han merecido atención de este Observatorio y reacciones de actores de diversos sectores, la eliminación de la secretaria de Inversiones Público-Privadas ha pasado inadvertida. La nueva ley suprime esta secretaría “hasta una próxima necesidad o demanda de proyectos” y establece que el presidente podrá distribuir su objeto y funciones entre los demás ministerios y secretarías.
Es verdad que el informe de rendición de cuentas del año 2024 deja dudas sobre la pertinencia y utilidad que contar con una entidad específica adscrita a presidencia para estos propósitos: 2,8 millones de dólares en gasto de inversión esencialmente para aportes al fideicomiso para el desarrollo de proyectos de alianzas público-privadas destinados a estudios de pre-factibilidad y factibilidad de proyectos viales. El problema de fondo es, sin embargo, la continua promoción de estas APP como única alternativa para el desarrollo y ejecución de infraestructura y servicios públicos en un país en vía de desarrollo como es Ecuador.
El impulso con que las agencias bilaterales de cooperación, el sistema de Naciones Unidas y los bancos multilaterales promueven las Alianzas Público-Privadas se basa en la premisa de que el sector privado puede aportar recursos adicionales y una mayor eficiencia en la ejecución de proyectos, en contraste con un sector público debilitado por décadas de políticas de ajuste estructural. Esta narrativa ha dado lugar a reformas sustantivas en marcos legales, sistemas regulatorios y esquemas de promoción, así como a la creación de agencias públicas especializadas en facilitar este tipo de alianzas, tanto a nivel nacional como local en los países del Sur Global. Todo ello apunta a una preocupante redefinición de la política económica, orientada hacia la privatización de los servicios públicos.
El informe “History RePPPeated II: Why Public-Private Partnerships are not the solution” (Eurodad, 2022), documenta los costos fiscales y humanos asociados a las APP. En el plano fiscal, se identifican como problemáticos los elevados costos de los capitales privados, las altas expectativas de rentabilidad de los inversionistas, los onerosos costos de transacción que implican las complejas negociaciones contractuales, así como sus frecuentes renegociaciones. Estos costos rara vez se justifican por mejoras comprobadas en eficiencia o calidad del servicio. Por el contrario, generan pasivos ocultos para el Estado, agravados por la volatilidad que caracteriza a la inversión en APP, contribuyendo a empeorar las ya precarias condiciones de endeudamiento de los países en desarrollo. Según el mismo informe, en marzo de 2020 —en el punto más crítico de la pandemia y de la contracción económica global— la inversión en APP cayó un 42 %, pasando de 99 a 57 billones de dólares.
En cuanto a los costos humanos, la lógica de las APP desvirtúa la finalidad del servicio público, al convertirlo en un instrumento de rentabilidad para inversionistas privados, lo cual subordina la prestación de servicios al desempeño financiero del proyecto. Esta transformación no implica necesariamente mejoras en la calidad del servicio, sino que convierte derechos adquiridos en relaciones de mercado. Como consecuencia, se debilitan mecanismos fundamentales de la gobernanza democrática, se reduce el control ciudadano sobre la inversión pública y se limita el ejercicio efectivo del derecho a la consulta previa, libre e informada. En esa misma lógica, los derechos de la naturaleza resultan comprometidos, al subordinarse a intereses económicos privados que explotan los mismos recursos que buscan proteger. Un ejemplo reciente de esta tendencia es la aprobación en primer debate de la Ley de Áreas Protegidas, que habilita la construcción de infraestructura turística dentro de estas zonas.
Finalmente, las APP contribuyen al proceso de financiarización generalizada de la economía. Transforman inversiones en infraestructura y servicios públicos —particularmente aquellas respaldadas por instituciones financieras de desarrollo— en activos financieros líquidos. Este mecanismo disocia al inversionista de cualquier responsabilidad sobre la implementación y los impactos sociales o ambientales de los proyectos, profundizando la desconexión entre rentabilidad financiera y bienestar colectivo.
Lejos de movilizar recursos y eficiencia administrativa en favor del fortalecimiento de la acción estatal, las Alianzas Público-Privadas han convertido al Estado en garante de la rentabilidad del capital privado, subordinando la calidad del servicio público a lógicas de mercado» Lo que Daniela Gabor (2021) denomina el “consenso de Wall Street” alude precisamente a este nuevo régimen de gobernanza del desarrollo: uno que alinea las políticas públicas con los intereses de las finanzas globales, implicando a los Estados del Sur Global en la protección de activos frente a riesgos financieros y en la reconfiguración de sus sistemas financieros hacia un modelo abiertamente promercado. En este esquema, el Estado no solo se convierte en facilitador, sino también en asegurador del capital privado, asumiendo los riesgos y consecuencias, al tiempo que ve erosionada su capacidad de provisión y regulación del bien común.
En este sentido, la eliminación de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas no implica, en modo alguno, un giro estructural en la política de promoción de este tipo de esquemas. Muy por el contrario, su supresión podría reflejar una etapa más avanzada de institucionalización de las APP como paradigma dominante, ahora sin necesidad de estructuras formales visibles. En un escenario marcado por crisis económicas, climáticas y sociales, y por el debilitamiento de los sistemas de protección social, continuar promoviendo las APP como solución preferente representa una peligrosa ilusión de desarrollo. Urge, por tanto, desmantelar este enfoque y recuperar la centralidad del Estado como garante de derechos, con un compromiso renovado por más y mejores servicios públicos, concebidos como bienes comunes y no como mercancías.
Referencias:
Eurodad (Ed.). (2022). History Reppeated II: Why Public-Private Partnerships are not the solution. Eurodad.
Gabor, D. (2021). The Wall Street Consensus. Development and Change, 52(3), 429–459. https://doi.org/10.1111/dech.12645
Observatorio de la dolarización 