El doble PGE alerta la brecha de endeudamiento público

Este artículo presenta un análisis crítico de las dos proformas presupuestarias que el Gobierno del “Nuevo Ecuador”, presidido por Daniel Noboa, debe presentar en 2025: una para el último cuatrimestre del año y otra para el ejercicio fiscal 2026. Para este análisis se examinan datos extraídos de documentos oficiales publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas hasta julio de 2025, como el Informe Técnico de la Proforma Prorrogada 2025 (publicado en enero de 2025) y el Documento de Programación Fiscal 2025–2028 (publicado en octubre de 2024). Aunque estos informes fueron elaborados con corte previo a eventos recientes —como la no concreción de la concesión del campo Sacha o el nuevo acuerdo con el FMI—, su revisión sigue siendo útil para evidenciar las limitaciones estructurales de la política fiscal actual.

El Gobierno del «Nuevo Ecuador», a través del Ministerio de Economía y Finanzas, enfrenta en 2025 un doble desafío presupuestario que revela no solo una compleja coyuntura electoral y administrativa, sino también una fragilidad estructural del modelo fiscal vigente. La presentación de dos proformas presupuestarias —una para el último cuatrimestre de 2025 y otra para el ejercicio completo de 2026— permite observar el desfase entre los ingresos estructurales del Estado y sus necesidades de financiamiento. La proforma prorrogada actualmente vigente contempla ingresos por USD 36.063 millones, de los cuales casi el 29 % proviene de financiamiento externo e interno, una proporción crítica que revela la dependencia de recursos no permanentes para sostener el funcionamiento básico del Estado (Ministerio de Economía y Finanzas, 2025a). Esta dependencia no solo compromete la autonomía fiscal, sino que impide una planificación realista y sostenible de la inversión pública, que en el presupuesto vigente apenas representa el 4,4 % del total del gasto, frente a un gasto corriente que supera el 56 % (Ministerio de Economía y Finanzas, 2025a).

El déficit acumulado entre enero y mayo de 2025 ya asciende a USD 1.255 millones, lo que anticipa un cierre de año con una brecha superior a la registrada en 2024 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2025b). A pesar de ello, el Gobierno proyecta cerrar este ejercicio cubriendo el déficit con cerca de USD 7.900 millones en préstamos, lo cual agravaría los desbalances de mediano plazo al elevar el servicio de deuda y comprometer el espacio fiscal para inversión y gasto social. Esta estrategia de ajuste vía endeudamiento ha sido una constante en los últimos años, pero adquiere un carácter critico y dificultosa al caer en el circulo vicioso del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que plantea condicionalidades que tienden a la consolidación fiscal mediante reducción del déficit primario, racionalización del gasto público y privatización de sectores estratégicos(Fondo Monetario Internacional, 2024). Este tipo de medidas tienden a generar un efecto contractivo sobre la demanda efectiva, al reducir el impulso estatal sobre el consumo agregado y la inversión pública, afectando negativamente al crecimiento del producto interno bruto, que en términos reales ya se encuentra estancado.

Las proyecciones oficiales de crecimiento para 2025 se ubican en 2,8 %, tras una contracción del -2% en 2024 (Banco Central del Ecuador, 2025), lo que evidencia una economía que no logra salir de su fase recesiva. La política fiscal, en lugar de operar como instrumento contracíclico, se ve limitada por las obligaciones de deuda y los compromisos con multilaterales internacionales. Más aún, el Documento de Programación Fiscal 2025–2028 —elaborado en octubre de 2024— advierte que los déficits en la cuenta de ingreso primario se mantendrán por encima de los USD 3.700 millones anuales, debido principalmente al creciente pago de intereses de deuda externa, lo que deja poco margen para reorientar recursos hacia inversión nacional productiva y con ello políticas redistributivas. Esta dinámica refuerza una lógica en la que el presupuesto se convierte en un mecanismo de transferencia hacia acreedores financieros como si se tratara de una tarjeta de crédito en nuestra cotidianeidad, y no termina siendo lo que realmente debería ser: una herramienta de desarrollo económico endógeno.

Frente a este panorama, la sostenibilidad fiscal debe ir más allá de ajustes contables entre la cuenta de gasto e ingreso, o metas nominales de déficit, como si se tratase de una empresa. El momento actual demanda una reforma estructural progresiva del sistema tributario, que combata la evasión, amplíe la base impositiva sobre los segmentos de mayor capacidad contributiva y recupere el papel estratégico del gasto público en sectores estratégicos como infraestructura, salud, educación y transición energética. El anclaje de la dolarización no puede sostenerse a costa del empobrecimiento de la demanda interna ni del recorte del gasto social. El equilibrio presupuestario alcanzado a través de la contracción del gasto puede resultar macroeconómicamente ineficiente si reduce el crecimiento potencial y perpetúa una economía dependiente de flujos financieros externos. Por tanto, el replanteamiento del presupuesto estatal debería partir de un enfoque funcional del déficit fiscal, en el que la prioridad no sea únicamente el equilibrio contable-numérico, sino salir del circulo viciosos de producir para la deuda y proponerse objetivos de estabilidad social y productiva del país, basada en demanda efectiva como estrategia de desarrollo

Cuadro analítico: Breve diagnóstico de la política fiscal 2025

Variable	Valor / Estimación	Observación
Ingresos totales (2025 prorrogado)	USD 36.063 millones	Casi el 30 % no es ingreso permanente, sino financiamiento.
Endeudamiento total estimado 2025	USD 10.432 millones	Fuente estructural de sostenimiento fiscal, no sostenible.
Gasto corriente	USD 20.315 millones (56,3 %)	Elevado y rígido, sin eficiencia reorientadora.
Inversión pública	USD 1.573 millones (4,4 %)	Mínima, sin efecto multiplicador fuerte sobre la demanda.
Déficit acumulado (enero–mayo 2025)	USD 1.255 millones	Aumento respecto a 2024, tendencia no controlada.
Proyección de déficit 2025 total	~USD 3.000 millones	Se cubre con deuda sin condiciones estructurales internas.
Déficit ingreso primario (2025–2028)	> USD 3.700 millones/año	Presión creciente del pago de intereses por deuda.
Crecimiento económico proyectado	1,6 % en 2025	Insuficiente para reactivación, por contracción de demanda.
Acuerdo con el FMI	USD 5.000 millones totales	Condiciona la política fiscal hacia el ajuste procíclico.