El 28 de noviembre de este año , Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro de EE.UU, emitió la «Alerta FinCEN FIN-2025-Alert003», en cuyo texto exige a los “Money Service Businesses” reforzar con escudo de hierro la vigilancia y reporte de las actividades vinculadas a transferencias transfronterizas, por migrantes sin estatus legal, asociados por la orden ejecutiva 14159 a una “amenaza de seguridad nacional”. En simples palabras transgredir con efectos directos el no paso de remesas ecuatorianas de nuestros migrantes en Estados Unidos. Lejos de ser un tema burocrático, la medida unilateral tiene una gran impacto económico y social para el Ecuador, dada la dependencia de las remesas para la vigencia misma de la dolarización.
En el segundo trimestre, según el BCE, las remesas recibidas alcanzaron el máximo histórico de USD 2.000,5 millones. Estados Unidos aporta el 76,8% de las remesas (USD 1.535,4 millones en 2025-II), frente a los demás países. quedándose Guayas, Pichincha, Azuay y Cañar con la concentración de 0,5% del flujo, marcando territorialmente dónde se internaliza la dependencia. Esto no hace sino dar cuenta del riesgo inminente y directo de la medida estadounidense en la liquidez interna ecuatoriana.


Fuente: Elaboración propia con datos BCE, actualización al II trimestre 2025
La serie histórica desde 1993 hasta la actualidad registrada por el Banco Central muestra un crecimiento acelerado desde los años 90 de ~USD 200 millones a casi USD 3.000 millones en poco más de una década. Esto amplifica el análisis de la dolarización funcional, que en palabras simples en lugar de resolver las causas estructurales de la desigualdad y la precariedad productiva como querían atribuirle mediáticamente a este modelo monetario, el país importa dólares vía exilio de su población económicamente activa. Las remesas actúan como un “subsistema de compensación”: Estados Unidos absorbe mano de obra y devuelve una fracción de su salario en dólares, permitiendo que Ecuador sostenga el consumo de los hogares sin transformar la estructura productiva de su economía.

La Alerta FIN-2025-Alert003 de FinCEN es una expresión actual de la concentración del poder monetario, tecnológico y normativo bajo el discurso de “seguridad nacional” y lucha contra el crimen, Estados Unidos extiende su control sobre los flujos financieros minúsculos, domésticos, de supervivencia, enviados por migrantes sin estatus legal. La reproducción económica cotidiana de cientos de miles de hogares ecuatorianos y la propia viabilidad de la dolarización están indirectamente subordinadas a una hoja de Excel controlada en Washington.

Así la Alerta FinCEN obliga a los MSB de EE.UU. a indicar en cada Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) el código “FIN-2025-Alert003” cuando identifiquen transacciones vinculadas a “illegal aliens” (migrantes sin estatus), incluyendo envíos de remesas. En otras palabras: la alerta obliga a que empresas como Western Union, MoneyGram, fintechs y bancos en EE.UU. reporten como sospechosos los envíos de dinero asociados con migrantes sin estatus legal (usando la etiqueta). Siendo específicos los MSB aplicarán controles reforzados:
- identificación adicional,
- comprobantes de origen de fondos,
- historial laboral o fiscal.
Para nuestros migrantes indocumentados esto es un camino sin salida, que significaría:
- Reclasificación del migrante como riesgo financiero: El trabajador ecuatoriano indocumentado deja de ser un sujeto económico y pasa a ser un objeto de vigilancia securitaria.
- Reforzamiento del rol subordinado de la banca ecuatoriana: Dado que el 63,4% de las remesas entra vía bancos privados , cualquier cambio en las normas de corresponsalía o “de-risking” impuesto desde EE.UU. se traduciría en riesgo sistémico para la liquidez interna.
Específicamente en este último factor, hay un riesgo macroeconómico permanente en dolarización en manos de una agenda externa. Si por efectos de estos controles de EE.UU., las remesas cayeran en un 10 o 20% (este rango no es arbitrario) y considerando que cerca del 40% de los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos se encuentra en situaciones migratorias o financieras vulnerables (U.S. Census Bureau; DHS, 2024), la National Money Laundering Risk Assessment del U.S. Treasury (2024) advierte que entre 25% y 35% de las transacciones asociadas a estos grupos puede verse afectada por controles reforzados, cierres preventivos o “de-risking”, lo que sitúa el impacto directo cerca del 10–14%, ampliable al 20% conforme a la evidencia del BID (2024) y KNOMAD–Banco Mundial (2023).
Un ajuste de esa magnitud generaría efectos encadenados:
- Menor crecimiento de depósitos bancarios: Menos remesas entrando a cuentas → menor capacidad de la banca de expandir crédito, en una economía que no puede emitir moneda.
- Presión sobre las reservas internacionales del BCE: Las remesas son una fuente clave de divisas. Un shock regulatorio que reduzca los flujos formales 10–20% equivale, en los niveles actuales, perder entre 650 y 1.300 millones de USD al año en entradas contabilizadas. En un contexto donde el país es dependiente de exportaciones y deuda, perder una fracción de estos flujos restringiría seriamente el margen de maniobra para sostener la dolarización.
- Interrupciones, retrasos y encarecimiento de remesas: Más controles → más tiempo → más comisiones.
Para un hogar que vive con USD 300–400 mensuales de remesas, que el envío se demore o pierda 10–15% en costos puede ser la diferencia entre comer mejor una semana o simplemente caer en pobreza o pobreza extrema.

La economía ecuatoriana no ha resuelto sus problemas de empleo y productividad interna y la dolarización lejos de apoyarse en una base productiva sólida, se sostiene en un flujo creciente de ingresos laborales generados fuera del país. Las remesas se han convertido en una de las principales formas de aliviar la escasez de divisas y dotar de flujos de liquidez a los hogares, pero dependen de decisiones de política migratoria y regulatoria de Estados Unidos y en menor grado de Europa.
El escenario por tanto es desalentador para los migrantes y la economía ecuatoriana en general. Los riesgos explicados deberían ser discutidos por las instituciones del Estado (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía, Banco Central y la Asamblea Nacional), donde reconozcan a las remesas como parte de la arquitectura de la dolarización. Sus autoridades deben evaluar y cuantificar escenarios posibles de los efectos de la Alerta FinCEN FIN-2025-Alert003 y explorar alternativas compensatorias regulatorias, así también fortalecer otros canales que reduzcan la dependencia venida del sistema bancario estadounidense. Y en esencia reconocer los posibles riesgos que podría significar el no paso de remesas a nuestro país, lo que agravaría el desempeño económico, especialmente de los hogares. La dolarización y la misma balanza de pagos depende de las remesas que envían nuestros migrantes, ellos inyectan liquidez a nuestra economía.
Referencias
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