¿Y qué importan cuatro días de liquidez?

En un artículo anterior se describía cómo es que todos somos, en cierta medida, como bancos, y la forma en la que adquirimos obligaciones en función de los ingresos que esperamos recibir en fechas determinadas.

Para el mes de mayo, el Ministerio de Finanzas decidió pagar los sueldos el 31 de mayo, cuando, por lo menos durante los anteriores 11 años, la política (no explicitada) había sido pagarlos antes del 27 de cada mes. Aunque parezca no relevante, esta demora de, al menos, 4 días, puede tener efectos significativos a nivel microeconómico, y quizás efectos observables a nivel macro.

Al día de pago debe sumarle, por lo menos, las 24 horas que demora la acreditación interbancaria (si sólo hubiese un mecanismo más rápido), y entonces, nos encontramos con que los sueldos estuvieron efectivamente a disposición de los funcionarios el 1 de junio.

Imagine los casos usuales: el funcionario pidió fiado en la tienda de la esquina (como usted, seguramente), prometiendo pagar apenas terminara el feriado de 24 de mayo, pero ahora se encuentra con la penosa circunstancia de que tendrá que pagar una semana después; algo similar sucede con los pagos de los arriendos, normalmente pactados para ser el primer día de cada mes; en twitter se recogía el caso de una docente que requería dinero todos los días para el transporte a la escuela donde labora, al 30 de mayo no sabía cómo llegar. Y la cadena puede seguir, porque seguramente el tendero tiene que pagar a sus proveedores, el dueño de casa debe pagar servicios o el préstamo que realizó para construir el departamento que arrienda.

Pero bueno, seguramente con un poco de diálogo todos estos inconvenientes pudieron ser solucionados, aunque el tiempo no puede ser retrocedido. El gran problema fue que los funcionarios públicos no pudieron conocer este cambio antes de que llegara el 28 de mayo y siguieran encontrando sus cuentas en 0. No tuvieron oportunidad de reestructurar o posponer sus obligaciones, situación que se extendió a sus acreedores (el tendero no pudo avisar con anticipación a sus proveedores). Mantener la previsibilidad en el pago de los servidores públicos (y, en cierta medida, de los proveedores del sector público), consciente o inconscientemente se había convertido en una herramienta para mantener la estabilidad de la demanda interna (lo que debería significar una buena noticia para el sector privado, tan golpeado por la volatilidad del mercado externo).

Y los funcionarios públicos se dieron cuenta de algo importante: los últimos diez años fueron tratados como el activo más importante del sector público (a pesar de ciertos desaires), exigidos constantemente a superarse en su rendimiento, pero también remunerados e informados oportunamente. Hoy pasan a ser tratados, en el mejor de los casos, como un mal necesario, como un costo que debe ser reducido al mínimo. Y esto, además de ser éticamente inaceptable pues niega la indispensable vocación del servicio público (reconocida por todas las tendencias: ej. aquí, aquí y aquí), tiene efectos macroeconómicos perversos: el funcionario público que antes se sentía valorado y con un horizonte de estabilidad, podía endeudarse e invertir, ahorrar y pensar en familia; hoy, el funcionario público se sentirá hasta culpable, evitará realizar cualquier inversión, y se convertirá fácilmente en presa de las puertas giratorias:

«El creciente flujo de personas entre el sector público y el privado ha tenido unos efectos adversos aún peores. Una vez que el lucrativo empleo en el sector privado se convierte en una posibilidad, funcionarios públicos pueden ser tentados a ganarse el beneplácito de futuros empleadores, a través de flexibilizar, o incluso romper, normas para ellos. Los funcionarios podrían inclusive adoptar este comportamiento sin haber ningún pago de por medio. Sin dinero cambiando de manos, no se ha quebrantado ninguna ley (así que no ha «ocurrido» ninguna corrupción) y, en el peor de los casos, el funcionario puede ser acusado de falta de criterio. Pero el resultado se observa a futuro. Podría ni siquiera realizarse por las mismas empresas que se beneficiaron de la decisión original. Habiendo construido su reputación como una persona «pro-mercado» o, de forma más disimulada, un «reformador», puede moverse a un trabajo bien pagado con relativamente pocas responsabilidades en una empresa privada, o una organización de cabildeo o, incluso, una agencia internacional. El ex-funcionario podría utilizar sus credenciales pro-mercado para abrir un fondo de acciones. El incentivo para hacer favores al sector privado se hace mayor si la carrera de los agentes civiles se hace incierta a través de contratos de corto plazo, a favor de una mayor disciplina de mercado. Si saben que no van a estar en el servicio público por un largo tiempo, tendrán mayores incentivos para cultivar sus relaciones laborales a futuro.»  (Ha-Joon Chang, Bad Samaritans, 2007, p.154-155, traducción propia, resaltado propio)