Aumenta pobreza, disminuye protección social: adultos mayores, los más perjudicados

Por ser un tema de relevancia nacional, en momentos que se discute la política fiscal y el cumplimiento de metas de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, presentamos la evolución de los beneficiarios de protección social.

La primera versión del Acuerdo con el FMI contempla un compromiso a aumentar el gasto social permanente en $440 millones de dólares. En la segunda versión del Acuerdo con el FMI, esa meta se reduce considerablemente a $343 millones.

Más allá del monto comprometido, cuya definición varió entre la primera y la segunda versión del Acuerdo, lo fundamental es la hiperfocalización de la política social. El FMI, a pesar de ser una agencia de las Naciones Unidas, no cumple con sus mandatos respecto a los derechos humanos.

Es decir, en vez de que el FMI vea a la salud, educación y protección social como derechos humanos – y por ende universales – y los ve como meros servicios mercantiles cuyo gasto debe ser eficiente, y por ende optimizado. Pero la optimización no la plantean alrededor de la calidad (para eso remiten a que se contraten consultores del Banco Mundial) sino alrededor de la reducción del número de beneficiarios.

Tanto es así, que ya hemos oído respecto a la focalización del desayuno escolar solo para ciertos niños. ¿Cómo se define a qué niño se le da desayuno y a qué niña no? Se recurre al censo del «ministerio» del registro social, un nuevo ente tecnocrático que centraliza bases de datos, de forma similar al sistema de registro de crédito social del gobierno chino, para definir cuáles niños pueden recibir el desayuno escolar y cuáles no. ¿En las escuelas habrán filas para niños con desayuno y habrán filas para niños sin desayuno?. Y si se dan cuenta del grado de estigmatización que esto puede ocasionar, habrán escuelas con desayuno y escuelas vecinas sin desayuno.

En términos de protección social, ha estado pasando algo parecido. Mientras el Ecuador ha sufrido un ascenso de la pobreza en más de 690 mil personas (sin contar con los «errores» respecto a la estadística de pobreza en Guayaquil que ha publicado el INEC) desde diciembre de 2017, se ha reducido (en neto) el número de beneficiarios del bono de desarrollo humano (con sus diferentes variantes) desde agosto 2017. Es decir, cuando aumenta la pobreza monetaria, debía haber aumentado la cobertura de la protección social monetaria como un elemento contracíclico para las familias. Sin embargo, las decisiones de política fiscal y política social fueron pro-cíclicas, 43 mil familias perdieron el ingreso del bono de desarrollo humano, lo que equivaldría aproximadamente a 170 mil personas ecuatorianas. Según las mismas estadísticas del MIES, más de la mitad de las personas que dejaron de recibir el bono de desarrollo humano eran pobres o extremadamente pobres.

Por otro lado, el número de personas que reciben bonos por discapacidad (Joaquín Gallegos Lara + Discapacidad) también se ha reducido significativamente desde agosto 2017. Son 27 mil familias menos. Sin comentario.

Finalmente, a pesar del énfasis discursivo que tienen los adultos mayores en la política gubernamental, el número de beneficiarios de bonos (pensión de adulto mayor y bono «mis mejores años») también se ha reducido sustancialmente. A pesar de que existen varios fallecimientos, la estructura demográfica del Ecuador tiende al envejecimiento, por lo cual hay más adultos mayores que hace dos años, no menos. Sin embargo, de largo, los más perjudicados son los adultos mayores. Son 118 mil menos adultos mayores que reciben protección social monetaria por parte del gobierno desde agosto 2017.

Si sumamos el total de reducción neta de beneficiarios de la protección social entre agosto 2017 y mayo 2019, son 188 mil beneficiarios menos.

Estas cifras administrativas que contienen mucho más detalle se contradicen con la afirmación realizada hace más de un mes por la Ministra de Inclusión Económica y Social. En esa intervención transmitida en cadena nacional, ella dijo que se incluirían a 150 mil nuevas familias pobres al Bono de Desarrollo Humano.