Manual para deslegitimar censos de población

Imagen tomada de «El Universo»

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Eric W. Schoon (2022) publicó recientemente “Operationalizing Legitimacy”, una contribución esperada para los estudiosos de la legitimación que han esquivado el desafío de intentar, seriamente, medirla. Particularmente gracias a C. Johnson (2006) sabemos que la legitimidad es mejor definida bajo la noción de un proceso social, pero no teníamos propuestas concretas para operacionalizarla. Schoon bosqueja tres elementos que deben ser identificados: el objeto (des)legitimado, una audiencia que (des) legitima y una relación entre ambos. Para que exista legitimidad debe existir tres condiciones: expectativas, consentimiento y conformidad. El primer ingrediente es la esperanza de tener legitimidad del objeto, el segundo es un consentimiento de la relación con una audiencia, mientras que la conformidad se asocia a la capacidad de cumplir expectativas en la relación entre todos los elementos. Más allá de la contribución conceptual, Schoon aclara un elemento clave para entender cómo operacionalizar la legitimidad: la triangulación en una relación evaluada. En otras palabras, algo se legitima porque es externamente evaluado a través de un sistema de expectativas creadas. De igual manera, no se puede legitimar algo si es que no existe una evaluación externa que sintetice el sistema de forma independiente.

Aplicando estas ideas al fracasado censo de población ecuatoriano del 2022, podemos entender su deslegitimidad debido al desbaratamiento de los sistemas que pudieron haber permitido una evaluación externa. La decisión de adscribir el INEC a la presidencia de la República fue el núcleo de este desmantelamiento. Subsecuentemente, vino la decisión de endeudar al país con organismos externos para evitar auditorias y controles locales de recursos internos. Luego vino una cascada de decisiones propias del INEC que derivó en un desmantelamiento de la relación con su audiencia. La lista es casi infinita, pero podríamos resumir en: cambiar el método de empadronamiento sin un piloto serio ni transparente, realizar una capacitación mediocre que dejó a miles de empadronadores mal entrenados, errores graves de logística que descoordinaron el campo, fallas muy graves en diseño y ejecución de campaña de comunicación, errores en sistemas de reclutamiento, procesamiento y protección de datos personales, errores en administración presupuestaria básica, errores en gestión de contratos, decisión de no entregar dinero para movilización a censistas, entre muchos otros.

Lo importante de esta lista corta y resumida es que fueron decisiones propias de las autoridades del INEC y que cada una, sistemáticamente, desbarató la posibilidad de que (1) el censo sea ejecutado técnicamente, lo cual era la expectativa de su audiencia, y (2) de que existan mecanismos independientes para que el censo sea evaluado externamente. Es decir, no se trata de historias de provincianos donde la fábula se trata de que vino un ente externo a deslegitimarlos: fueron tan torpes que ellos mismo crearon las condiciones de su destrucción e imagen. Obviamente era cuestión de tiempo que el censo termine deslegitimado; su audiencia estaba totalmente separada de la gestión y el sistema de expectativas fue, simplemente, imposible de cumplir. Fue cuestión de tiempo para que el rechazo se exteriorice en indígenas, afroecuatorianos, montubios, funcionarios públicos, funcionarios privados, asambleístas de oposición, asambleístas de gobierno, medios de comunicación, ex funcionarios del INEC y hasta funcionarios del INEC que se atrevieron a quejarse anónimamente. ¿Será que todos están equivocados o será que el censo fue un fracaso? Lo que hemos visto en Ecuador no solo es un ejemplo de cómo no se ejecuta un censo sino además un caso de manual de cómo deslegitimar un censo de población.[1]

La triangulación permite también mostrar una salida: si se quiere legitimar el censo entonces permitan una evaluación independiente. Si se quiere recobrar la relación con la audiencia entonces sinceren sus errores con una evaluación externa independiente. Caso contrario se sigue sembrando duda y obscurantismo, precisamente lo contrario al sistema de expectativas que debe tener un ente público productor de información.

La legitimidad de operaciones públicas no pasa por forzar a que la gente crea en esas operaciones. Tampoco pasa por contratar consultores para que “por Dios hablen bien de mi”. Pasa, inevitablemente, por hacer un ejercicio autocrítico de transparencia y responsabilidad pública. Estas características no se enseñan en escuelas, son principios morales que se labran a través de entender que las relaciones humanas e institucionales se basan en el respeto por lo ajeno y en la cultura de la excelencia. Los censos, por más que parezcan entes técnicos, son ejecutados por humanos y esos humanos llevan consigo sistemas de valores. Obviamente no se puede pedir peras al olmo, sobre todo cuando hemos visto que el actual INEC es capaz hasta de cambiar el pasado por mendigar un poco de aprobación por parte del poder político de turno. Seguramente ya habrá tiempos mejores donde se intente al menos entender que la legitimidad es un ejercicio técnico, pero sobre todo moral.

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[1] El ejercicio empírico de comparar legitimidad trans-institucionalmente es un esfuerzo que debe ser realizado en espacios académicos de prestigio e internacionales. El prestigio de espacios académicos internacionales, desafortunadamente, es un blindaje contra autoalabanzas o frituras mentales que jamás serían aceptados en espacios académicos de relevancia. Por ejemplo, publicar panfletos con tinte y tono provinciano es nuevamente una muestra más de vergonzosamente intentar auto aplaudirse para intentar así negar la obvia realidad del fracaso. Un fracaso autogestionado.

Referencias:

Johnson, C., Dowd, T. J., & Ridgeway, C. L. (2006). Legitimacy as a social process. Annu. Rev. Sociol., 32, 53-78.

Schoon, E. W. (2022). Operationalizing Legitimacy. American Sociological Review, 87(3), 478–503