Fuente: Imágenes tomadas de https://www.facebook.com/484473601968674/posts/es-raro-o-no-es-negocio-en-el-debate-nunca-guillermo-lasso-xavier-hervas-preside/1149669925449035/ y https://www.telecomunicaciones.gob.ec/perfil-ministro-de-telecomunicaciones-y-de-la-sociedad-de-la-informacion/
Noboa, en una de las imperdibles discrepancias públicas que le otorga la autoridad de un presidente recién elegido, le dice al gobierno saliente que desista de nombramientos y contratos de última hora, advirtiendo que serán revisados. Lasso reacciona y enseguida responde (interpretación del autor de lo que dice su tweet) ¿Qué te pasa jovencito? No soy tramposo. Mi gobierno no improvisa nada. Infórmate, primero. Envié una “nueva terna” al Consejo de Participación Ciudadana para la designación de Superintendente de Protección de Datos ya que venía de un proceso regular como muchos que me corresponden como gobernante demócrata, respetuoso de la independencia de las instituciones, que me precio de ser. Y lo seré hasta el último minuto de mi gobierno.
Y es que a esta altura del partido las reacciones de Lasso son tan predecibles que hasta el propio 10% de los ecuatorianos que según las encuestas aún le creen, llegarían a cuestionarse si Lasso realmente les vio la cara… Hábilmente llora, insulta, miente con tanta naturalidad en escenarios cómplices, habituados para la imagen y el marketing, pues estos aún convencen. Lo cierto es que Lasso, hasta el final, no enfrenta, no debate, no admite cuestionamientos, no asiste a donde debe hacerlo como se exigiría un político serio. En fin… El proceso para la designación de Superintendente de Protección de Datos es una muestra más de esta perversa y muy lucrativa manera de hacer política:
Cuando entra a gobernar Lasso (mayo 2021), Moreno, frente a la presión que significó la estafa de GEA por los débitos indebidos de las instituciones financieras, ampliamente analizados y alertados por este Observatorio, finalmente sacó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Sin ser una Ley referente, ponía freno a ciertos abusos del tráfico de datos e información personal que la ciudadanía ha experimentado de manera cotidiana cuando una aseguradora, un banco, una telefónica… llaman súbitamente desde call centers para ofrecerle un servicio o un producto propio de un perfil bien elaborado de consumidor bancario, de seguro, de salud… que sin duda se hizo previamente con el acceso a bases de datos, claro, sin que el titular de esta información lo sepa. Más grave aún, cuando la información que tiene una institución financiera de sus clientes es “compartida” para maximizar la rentabilidad de sus servicios no financieros con empresas con quienes tienen convenios de largo aliento para debitar de la cuentas de ahorro, corrientes o tarjetas de crédito, por los “servicios prestados”. El consumidor financiero es visto como objeto de negocio, muy lucrativo, por cierto.
Los cobros irregulares de GEA-Ecuador que se hicieron públicos en octubre 2018 se dieron gracias a que el 80% de sus ingresos provenía de acuerdos de recaudación con instituciones financieras nacionales. Débitos mensuales de $3´400.000 que si se estiman que a cada cliente debitaron la ínfima cantidad de $ 2, podrían llegar a ser 1´700.000 perjudicados; en su momento se estimaba no menos de 700 mil víctimas. Este caso es referente respecto a la utilización del poder político de parte de Eduardo Jurado, quien fuera Secretario de la Presidencia de Moreno y accionista de GEA Ecuador, para beneficiar a su empresa y sus empresas relacionadas. GEA se habría servido y utilizado información de los clientes de las instituciones financieras sobre la base de convenios, para ofrecer servicios de asistencia especializada (tarjeta segura, respaldo integral, cuidados hospitalarios, 24h conmigo, dental, exequial, medico familiar…) a cambio de una tarifa mensual que fue debitada mensualmente de la respectiva cuenta bancaria. Las empresas relacionadas suelen ser utilizadas también como un mecanismo para evadir impuestos pero también al ser débitos que en conjunto suman grandes cantidades también son sacadas al exterior utilizando la banca offshore. Cuando los clientes en su momento se comunicaron con GEA-Ecuador respecto al servicio que habrían contratado en muchos casos no tuvieron respuesta, lo que puso en duda si el servicio por el que se les debitaba era real.
¿Qué tiene que ver GEA con Lasso si lo aquí expuesto pasó con Moreno? Mucho. En ese mismo contexto, GEA Ecuador cobró $6,3 millones a clientes del Banco Guayaquil y pagó a este banco $4,3 millones por el servicio de cobro a los clientes. Claramente es un negocio de ganar-ganar, perjudicando a la gente que tienen sus cuentas en las instituciones financieras. ¿Cómo llegó GEA a los clientes del Bco Guayaquil, Pacífico… para ofrecer sus servicios especializados? ¿Cómo accedieron a la información de los clientes sin consentimiento previo? ¿Verificó la institución financiera de que había consentimiento del cliente para contratar el servicio por el cual se le debitaba? Aún hoy están vigentes estas preguntas.
¿En dónde estuvieron las entidades de control y regulación, más allá de acompañar a los bancos para reforzar la narrativa de que los clientes que se sientan perjudicados pongan la denuncia, tratando estratégicamente de minimizar e individualizar una problemática que tocaba las fibras más sensibles del capital financiero y bancario?
¿En dónde estaban los defensores de la protección de la información de los clientes de las instituciones financieras que hoy Lasso postula para ocupar la Superintendencia de Protección de Datos? En este punto, cabe adentrarse en el proceso de designación:
Lasso deliberadamente dejó pasar el tiempo. Demoró dos años en enviar la terna, antes debía construir la imagen de su postulante como una profesional especializada en datos e información, ubicándola desde el inicio de su gobierno como Ministra de Telecomunicaciones. Lasso postula a Maino en junio 2023 pero la retira (justificando excusa de uno de los miembros de la terna) y vuelve a insistir con Maino en octubre 2023, viendo la oportunidad de que la Revolución Ciudadana perdió fuerza en el Consejo de Participación. Se preocupó de quién ocuparía el cargo pero no de los contenidos que pongan en operación la Ley. El reglamento se emitió el pasado 06 de noviembre, dos años y medio después de emitido la Ley, siendo que en la misma Ley (vigente desde mayo 26 de 2021) se estableció que a partir de mayo 2023 las empresas están sujetos a sanciones y multas de parte de la entidad de control. De mayo a noviembre cuántas empresas cumplieron? Y en el caso de algún incumplimiento quién debía sancionar y multar (si fuera del caso), si aún no había Superintendente?
El país perdió la oportunidad de inmediatamente emitida la Ley contar con un marco normativo y una institucionalidad orientada a precautelar y salvaguardar información sensible de la población que en manos privadas siempre será demandada por sus potencialidades lucrativas. GEA es una muestra pero… ¿cuántos casos más existen y no se hacen públicos por la falta de garantías y de una institucionalidad prodefensa de la gente?
Entonces, ¿Por qué Lasso insiste con la designación de Maino?
Siendo que dilató la designación de la autoridad y a contar con normativa en contextos de postpandemia en donde era oportuno generar una institucionalidad y dar señales claras de que no se negocia con la información personal de la población, también quiere dejar a sus mismos acólitos en las Superintendencias. Sabe que la Superintendencia de Protección de Datos en particular concentrará información valiosa, y más cuando sus negocios y los de sus familiares y allegados, están ligados a la intermediación y a la especulación financiera, dentro y fuera del país. Se resiste a dejar el poder y amenaza con que va a volver en 2025.
Dejar a sus acólitos en puestos relevantes fue su atención durante su administración (Ver por ejemplo la insistencia en la terna para que la señora Ruth Arregui sea designada Superintendente de Bancos, quien tuvo que salir mediante juicio político de la Asamblea) y más ahora al terminar su administración, sino, qué méritos tiene Maino en un puesto que es eminentemente técnico y de que precisa formación especializada? La formación de la señora Maino se especializa en asociaciones público-privadas y entre sus méritos dice haber ganado licitaciones y atraer inversión extranjera para el país en sectores estratégicos. Forjada en el servicio de la consultoría para privados conoce de ese mundo que sin duda tiene su valor pero parece forzado vincularlo con la protección de datos e información desde que empezó su actividad como consultora privada (ver su hoja de vida colgada en la pág del CPCCS). Aparece en el portal de la Superintendencia de Compañías como accionista y administradora de empresas, esto tampoco genera credenciales para ocupar un puesto especializado para el que se le postula. Se podría afirmar que su formación especializada empieza cuando entra a ocupar el Ministerio de Telecomunicaciones, pero ahí tenía varios frentes abiertos y no respondió con solvencia y determinación a varios de ellos. Dejó pasar el tiempo para cerrar una negociación con las telefonías móviles que puso contra las cuerdas al Estado ecuatoriano al punto de verse obligado a prorrogar los contratos respetando las condiciones anteriormente establecidas. Entre sus méritos dice la elaboración de una propuesta de reglamento por el que no se preocupó de que entrara en vigencia durante dos años y medio. Dice haber logrado el acceso al internet y la educación digital cuando esto no ha sido resultado de invertir en infraestructura que forme parte de la formación bruta de capital fijo y el desarrollo del país, sino que el gobierno de su jefe ha hecho todo lo contrario. Cabe preguntarse si lo que presenta como un logro es el crecimiento de la conectividad y la expansión de las operadoras privadas conforme sus planes de negocio. ¿Acaso fue un acuerdo implícito de que las operadoras expandieran la conectividad a cambio de garantizar las mismas condiciones contractuales con el Estado?
Maino ha estado en instituciones públicas desde el interés privado y no ha hecho carrera en el servicio público o por lo menos desde el servicio privado especializado en defensa y la protección de datos. Maino, por más insistencia de Lasso, debería darle sentido a la carrera por la designación de Superintendente y renunciar a su postulación, más razón cuando al presidente entrante no le genera credibilidad alguna su eventual designación. De no hacerlo, debería ser impugnada, conforme lo expresado en el propio reglamento diseñado por el Consejo de Participación, en relación a la probidad, integridad, honorabilidad, conducta intachable y ausencia de conflictos de interés… Lo cierto es que el Ecuador necesita un Superintendente que esté a la altura de las circunstancias y de los desafíos tecnológicos, y no a la medida de los intereses de los gobernantes de turno. Que haga supervisión de la normativa para que se cumpla el propósito de proteger los derechos fundamentales de las personas sobre el tratamiento de sus datos personales. Un funcionario público, desde la máxima autoridad del país, está llamado a cumplir y hacer cumplir la ley. ¡Hagan su trabajo!
Observatorio de la dolarización 