Este artículo analiza la narrativa de la protección de más pobres con la aplicación del ajuste recesivo venido del Acuerdo de Facilidad Ampliada (SAF) suscrito por el Ecuador con el FMI. La red de seguridad social que protegería a la población de menores ingresos depende de las propias medidas de austeridad fiscal del Acuerdo, y como tales, los bonos sociales aún vigentes, son inconsistentes y intrascendentes para generar inclusión, menos aún para combatir la pobreza y pobreza extrema. Los anuncios y decisiones de las autoridades económicas y sociales abonan en esta argumentación.
Los bonos sociales conocidos como transferencias monetarias condicionadas tomaron fuerza en la década de los 90s como “compensaciones” a los recortes draconianos del gasto y de la inversión pública a los que se obliga el país que decide acceder a los programas de financiamiento del FMI. Ahora mismo el Gobierno del “Nuevo Ecuador” lleva a cabo las condicionalidades de austeridad fiscal establecidas en un nuevo Acuerdo de Facilidad Ampliada (SAF) 2024 por US $4.000 millones que serán aplicadas durante 4 largos años y si es que en el camino queda inconcluso, porque económicamente la evidencia ha demostrado que genera equilibrios inestables y explosivos, dirán que en la disciplina, la determinación y la profundidad del ajuste fiscal y estructural estaba el “éxito del programa”. Lo mismo dijeron en 1998, 2003, 2019 y no hace mucho en el Acuerdo SAF 2020.
Entre las metas del Acuerdo SAF-2024 se establece el fortalecimiento de la red de protección social, una, sino la razón de ser principal en la que se ha convertido el Banco Mundial, que por otro lado con sus asistencias técnicas y financieras, aceptadas y replicadas irreflexivamente por gran parte de la academia latinoamericana, está llamado a neutralizar y aliviar el ajuste en la población de menores ingresos. La narrativa de que una vez que se llega a un Acuerdo con el Fondo se abre el financiamiento de las otras multilaterales globales y regionales no es ajustada a los hechos. El país debe saber utilizar y en qué le sirve cada fuente de financiamiento y puede actuar por cuerdas separadas, dependiendo de la conveniencia soberana, por más coordinadas que estén las multilaterales. El gobierno, como si fuera un logro monumental, ha anunciado que próximamente llegarán $4.000 millones de las otras multilaterales. Dirán que parte de ese financiamiento tendrá fines sociales que en realidad ya llega por demás limitado ante la violencia social que genera la aplicación sistemática del ajuste que finalmente termina arrojando a la pobreza a grandes segmentos de la población. La focalización de “los más pobres” termina siendo una simplificación de mal gusto, de esas que los malos economistas hacen para encuadrar su modelo a la realidad.
En el Acuerdo SAF del “Nuevo Ecuador”, el país se comprometió a incrementar la cantidad de beneficiarios de los bonos sociales vigentes. Según estos compromisos serían entre 45.000 y 50.000 familias por año que ingresarían a la red de protección social.
Cabe mencionar que ha sido la decisión política de gobiernos comprometidos con la superación de problemas sociales, que al lidiar y tratar las secuelas de los ajustes fondomonetaristas, han utilizado determinados programas sociales para ampliar y garantizar derechos. De hecho, hay estudios que rescatan la importancia de las transferencias monetarias condicionadas para sacar de la pobreza y pobreza extrema a segmentos de la población en condiciones de vulnerabilidad económica. Estos programas que usualmente forman parte de un plan de desarrollo nacional, sujetos a evaluación de impacto y seguimiento sobre el cumplimiento de metas y objetivos, necesitan de infraestructura tecnológica y recurso humano calificado, así también coordinación pública-privada para lograr su alcance deseado, más allá de lo digan o evalúen las multilaterales. El actual Presidente de Brasil, Lula, de quien Noboa ha dicho que es astuto y que estaría alineado por su capacidad para impulsar una agenda, llevó a cabo uno de los programas sociales más exitosos como Bolsa Escola-Familia para combatir la exclusión social que dejaron décadas de políticas de austeridad y ajuste estructural en Brasil. Antes, tal como lo hizo Ecuador en 2008, puso distancias con el FMI, para ejercer una política económica y social soberana.
En esa línea, una vez que el país sigue el camino de profundizar el austericidio fondomonetarista, cabe preguntarse: ¿cuál es la situación de la red de protección social en el Ecuador?
La pregunta toma relevancia porque es un compromiso que debería ser parte del Nuevo Ecuador, más allá de condicionalidades del FMI, pues la violencia e inseguridad que hoy vivimos se lo debemos en gran parte a las condicionalidades cumplidas en el Acuerdo SAF 2020 venida de los gobiernos de Moreno y Lasso. Noboa y su ministro de economía están más enfocados en cumplir con el FMI para acceder a los financiamientos que se erogarán al país, conforme el cumplimiento de las condicionalidades. Una de ellas son los impactos sociales y por tanto las compensaciones necesarias venidas de las transferencias monetarias, que si bien el FMI no le pone mayor atención, es un área que bien podría pasar del clientelismo intrascendente a reconstruir el tejido social desde abajo.
La pregunta toma relevancia porque el Ministro de Economía, Juan Carlos Vega, el pasado 13 de junio en el programa Revista de Opinión de Radio Democracia TV, señalo que “hay que salir del clientelismo de los bonos… deben ser temporales y no permanentes”, anunciando algo que el FMI ya lo dijo en el SAF 2020 de que la extensión de los beneficiarios del bono de desarrollo humano vendrán de la exclusión de beneficiarios actuales “no pobres” y de la eliminación del subsidio a los combustibles. En la consolidación fiscal del FMI operadas por las autoridades económicas, las transferencias monetarias son una carga financiera que depende de los propios recursos venidos del ajuste fiscalista.
La pregunta toma mayor relevancia porque hace pocos días la Ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, dijo que el país ha gastado desde 2013 hasta la actualidad US $46 millones que cobran los concentradores financieros, quienes recibirían comisión de US $0,35 por cobros de bonos y pensiones. Dice que tal ahorro “hubiera ayudado con bonos a 47 mil nuevos usuarios”. ¿Con ello se entiende que, en adelante, cada usuario-beneficiario asumirá la comisión que le debe cobrar la institución financiera en donde tenga a bien abrir y mantener su cuenta bancaria? Como pocos temas que motivan la agilidad y preocupación de las autoridades públicas, en la página web del MIES consta el formulario para registrar la cuenta bancaria a nombre del beneficiario, quien recibiría sus recursos de manera “directa, ágil y oportuna”.
Imágen tomada de https://pagoencuenta.inclusion.gob.ec/solicitudes/
Esta decisión irreflexiva, proveniente del desconocimiento (por decirlo menos), ha sido saludada por economistas del status quo afirmando que la apertura de cuenta de ahorro sería gratuita, lo que no asegura que el mantenimiento también lo sea. La banca hace negocios y no hay almuerzo gratis y menos con el Estado.
Una de las barreras de entrada para generar inclusión financiera con las transferencias monetarias desde el lado de la oferta son los costos financieros que cobran las instituciones financieras, no obstante, si a eso le sumamos que tal comisión se le restará del valor de la transferencia, Rovira debería decir la cantidad exacta que recibirá el beneficiario.
Otra de las barreras de la inclusión financiera desde el lado de la demanda es el nivel de educación y la precariedad para acceder a información como llenar solicitudes-formularios que obligan a discernir información y que en varios casos terminan pagando para que otros les den haciendo. Al parecer, según Rovira, esto se resuelve con una campaña de comunicación. El solo hecho de ser beneficiario ya es un incentivo para la inclusión financiera de los grupos vulnerables.
Otra de las barreras de acceso son los requisitos que solicita la institución financiera. A esto Rovira diría «arréglense como puedan». Ahí depende de lo que solicite cada institución financiera. Se entiende con ello que no hay la más mínima coordinación con las instituciones públicas reguladoras del sector financiero como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que por normativa deben promover la inclusión financiera y social. El propio Banco Mundial ha puesto énfasis en la inclusión económica y social
Rovira, como Vega, además desconocen las barreras estructurales que impiden la inclusión y le restan eficiencia a las transferencias monetarias condicionadas. Si se toman en serio su trabajo deberían coordinar y, al menos, partir de una linea base integral. Si bien la visión del FMI hace que la administración pública se maneje como compartimentos estancos y dependientes del balance fiscal de Economía, no quita que como autoridades cumplan con sus responsabilidades constitucionales.
Ahondemos en la decisión de Rovira:
Cualquiera se preguntaría si desarticulan un sistema bajo el cual se canalizaban las transferencias monetarias es necesario que generen alguna alternativa sin que esto implique que el beneficiario deba hacer lo que por normativa deben hacer las instituciones públicas. Y es ahí en donde llama la atención:
El MIES recién ha informado en su página web de la opción en marcha (inicialmente promovió la apertura de cuentas en los bancos privados), no de ahora sino desde algunos años que ventajosamente no ha sido desmantelada, para generar inclusión financiera y rescatar el rol de su cartera de Estado utilizando infraestructura pública y los servicios de la banca pública extendida en el territorio nacional. Claramente existen 918 puntos digitales gratuitos a lo largo y ancho del país que promuevan el acceso a las TIC ofrecidos por el Ministerio de Telecomunicaciones y BanEcuador. En esos puntos de atención se pueden aperturar gratuitamente cuentas básicas de ahorro con la cédula y un número de teléfono. Este servicio está habilitado desde el 03 de abril de 2024. Sin contar que se brindan otros servicios como capacitación para la promoción de emprendimientos que también podrían vincularse a las transferencias monetarias condicionadas.
Imágen tomada de https://puntosdigitalesgratuitos.mintel.gob.ec/que-son-puntos-del-encuentro/
Esta coordinación, aún con sus limitaciones precarizadas en los últimos años, podría sostener desde el lado financiero una red de protección social si esto se abre al sistema de las finanzas populares (cooperativas de ahorro y crédito) también presentes en los lugares más apartados del país en donde no llegan los bancos.
¿Si hay este canal por qué no potenciarlo? ¿Por qué Rovira, haciendo tamaña abstracción de las barreras de oferta, demanda y estructurales, no superadas aún, preferiría que el beneficiario se arregle con la banca privada si quiere acceder a los bonos sociales que para el Ministro Vega serían temporales y restringidos? Así, los bonos sociales no son vistos como instrumentos para superar la exclusión y la pobreza, agudizadas en estos años de vigencia de las políticas de austeridad.
Para cerrar, Rovira renegó del cobro que hacen los concentradores financieros al Estado y claro, de preferir el servicio de la banca privada, será asumido por el “beneficiario” mientras no se le excluya de la lista de beneficiarios que debe ser actualizada conforme el requerimiento del FMI, pues el costo era cercano a 0 si estas transferencias se hacían en dinero electrónico promovido por el Banco Central que también fue entregado a la banca privada por quien decía que les empieza a tener odio a sus electores. Esto sucedió en el periodo gubernamental en el que la señora Rovira se convirtió, paradójicamente, en Vicedefensora y Defensora del Pueblo.
Referencias:
https://www.expreso.ec/actualidad/bono-desarrollo-humano-requiere-cuenta-bancaria-202644.html
Web del Ministerio de Inclusión Económica y Social https://www.inclusion.gob.ec/
Bolsa escola, historia y evolución https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000150153
Acuerdo SAF 2020 y 2024 de Ecuador con el FMI
Entrevista al Ministro de Economía https://t.co/OjU9oga3Dj
Observatorio de la dolarización 
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