Las organizaciones firmantes expresamos nuestro rechazo al Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos, firmado el 6 de diciembre de 2025, en tanto incluye el arbitraje internacional como mecanismo para resolver disputas entre inversionistas y el Estado.
Este tipo de cláusulas no solo comprometen la soberanía jurisdiccional del país, sino que reintroducen un régimen de privilegios para los inversionistas extranjeros que ha sido ampliamente cuestionado por sus efectos fiscales, regulatorios y democráticos.
Es fundamental recordar que este mecanismo ya fue debatido y rechazado de manera expresa por la ciudadanía ecuatoriana. En el referéndum del 21 de abril de 2024, el pueblo votó NO a reconocer el arbitraje internacional para controversias de inversión, contractuales o comerciales, con un 64,88 % de rechazo. Posteriormente, el 16 de noviembre de 2025, la ciudadanía volvió a decir NO a la vía constituyente —asociada, entre otros objetivos, a reabrir los candados constitucionales que impiden la reinstalación de los tratados bilaterales de inversión (TBI)— con un 61,6 %, resultados proclamados por el CNE el 1 de diciembre de 2025. Estos pronunciamientos configuran un mandato democrático claro que no puede ser burlado por la vía de acuerdos internacionales.
A nivel global, múltiples países y regiones están abandonando los TBI y el sistema de solución de controversias inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés). La Unión Europea terminó masivamente los TBI intra-UE; varios Estados europeos se retiraron del Tratado de la Carta de la Energía por el riesgo de demandas multimillonarias que bloquean políticas climáticas; países como India, Indonesia, Sudáfrica o Tanzania han denunciado o dejado expirar TBI y han optado por marcos internos de protección a la inversión. Estas decisiones responden a una evaluación empírica: el arbitraje internacional eleva los riesgos fiscales, produce efectos de congelamiento regulatorio y debilita la capacidad estatal para proteger derechos, ambiente y recursos naturales.
Existen, además, alternativas viables y reconocidas internacionalmente para promover la inversión sin ceder soberanía: marcos legales internos con debido proceso y no discriminación; contratos de inversión con arbitraje comercial acotado o solución Estado-Estado; mecanismos obligatorios de prevención y mediación de disputas; y acuerdos internacionales que excluyen expresamente el arbitraje inversionista-Estado. Reintroducir TBIs con arbitraje no es una necesidad económica, sino una opción política regresiva.
Alertamos que, en el caso ecuatoriano, este tipo de cláusulas puede operar como un candado estructural contra políticas públicas ambientales, laborales y tributarias, especialmente en sectores de alta conflictividad como los extractivos, profundizando asimetrías de poder y trasladando riesgos al erario público.
Por ello, exigimos a los poderes del Estado que actúen conforme al mandato constitucional y democrático vigente. A la Corte Constitucional, que ejerza un control previo riguroso y declare la inconstitucionalidad de las cláusulas de arbitraje inversionista-Estado, así mismo, debe cumplir con remitir el tratado a la Asamblea Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 419 número 7 de la Constitución.
La Asamblea Nacional, debe ejercer su función de control político, y exigir transparencia sobre el contenido y los impactos del tratado. Finalmente, el Ejecutivo debe suspender el proceso de ratificación de dicho tratado, para garantizar un debate público amplio e informado y debe comprometerse con alternativas de promoción de inversiones compatibles con la soberanía, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, la sostenibilidad fiscal y la decisión democrática del pueblo ecuatoriano de dejar a atrás al arbitraje internacional de inversiones.
Suscribimos:
Observatorio de Clima y Finanzas
Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente – CEDDMA
Acción Ecológica
Jubileo 2010
CSMM
Tierra y Vida
UDAPT
CDES
Observatorio de la Dolarización
Martha Núñez – Activista Ambiental
Pablo José Iturralde . Especialista
Observatorio de la dolarización 