El objetivo del proyecto de ley económica urgente que reforma el COOTAD es reducir al mínimo las transferencias a los GAD (y eso porque aun está vigente la Constitución de 2008), desaparecer la deuda acumulada que rebasaría los USD 700 millones hasta 2025 y tomar el control de las finanzas subnacionales de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para cumplir con los objetivos de las consolidación fiscal del FMI, tal como consta en el Acuerdo SAF 2024 y ampliación 2025.
Las fuentes de ingresos permanentes provienen del 21% del PGE por concepto de impuestos y tasas y el 10% de los ingresos no permanentes por venta de petróleo. Asignaciones predecibles, directas, oportunas y automáticas. Estos porcentajes por interpretación del MEF, tal como ha sido una práctica recurrente en los últimos años con la creación de normativa secundaria operativa y a la medida para contraer el gasto corriente y de inversión, al “justificar” que determinados GAD no cumplen con las nuevas reglas fiscales del 70-30, podrían disminuir las transferencias a los mínimos establecidos en el art 271 de la Constitución, esto es 15% de los permanentes y 5% de los no permanentes.
Qué nos dicen los datos agregados?
Tomado del Banco Central. Las series originalmente son mensuales y para los propósitos de este corto articulo se agregaron para tener cifras anuales.
Datos del Banco Central que consolida los ingresos y gastos de los GADs en base al presupuesto devengado, muestran que la regla fiscal fijada en el COOTAD vigente sí se ha venido cumpliendo en los porcentajes 70-30. Es más, del total de erogaciones entre 2012 y 2016 los no permanentes bordean o rebasan el 80%. A partir de 2018 los gastos no permanentes empiezan a caer hasta aproximarse al 70% en 2024 y 2025 (este último con corte a noviembre) en relación al total de los gastos. No dejó de cumplirse la ansiada regla fiscal bajo la normativa vigente.
Hay que tener en cuenta que las transferencias del PGE aumentan porque la economía y las demandas de la población se incrementan, esa ha sido la tendencia desde algunos años (datos que se pueden verificar en la web del Banco Central), no obstante, del total de ingresos de los GADs en estos últimos años (desde 2018), recién en 2025 se superó los montos prepandemia, al superar los USD 6.000 millones, pero dicho incremento responde a los ingresos por cobros de tasas e impuestos de los GADs (autogestión), mientras que la inversión específica en activos no financieros (FBKF, obra pública y bienes de larga duración) rebasa el 35%. Se sataniza al gasto corriente y específicamente los sueldos y salarios, sin discernir que la contratación de personal que añade valor por lo menos abona en la capacidad de demanda de bienes y servicios en los territorios. La partida de sueldos y salarios llega al 18% del gasto total, mantenida estable en los últimos años.
Y bueno si quieren GAD que en el marco de sus competencias, lleguen con buenos servicios, dejen desarrollar programas y proyectos, contratar profesionales en lo posible de las localidades, desarrollar infraestructura, reactivar las economías locales, más aún si el gobierno central se autoimpone la tarea de no invertir seriamente en infraestructura y en la formación bruta de capital fijo que brinde las condiciones para potencializar la productividad de las economías locales. Es claro que el sector privado lo hace y lo hará por criterios de rentabilidad y no porque prioritariamente tienen metas de desarrollo nacional articulados a los planes de desarrollo territorial. Eso no omite que en el marco de los objetivos nacionales de desarrollo, los gobiernos subnacionales, frente a evidentes limitaciones presupuestarias que se arrastran por algunos años, tengan que endeudarse tal como lo han hecho o hasta tengan que promover alianzas público-privadas o público-comunitarias. Se necesitan buenos proyectos con deuda buena si es para ampliar las capacidades económicas y mejorar el bienestar de la gente.
Sin duda debe haber coordinación y niveles de chequeos y balances entre las instituciones del gobierno central y los gobiernos subnacionales en el marco de una mínima planificación y mantener las cuentas fiscales equilibradas pero que responda al interés nacional y no a cumplir metas cuantitativas sin importar la devastación política -económica y la destrucción del tejido social que a su paso dejaría en los territorios. La mal entendida disciplina fiscal puede agudizar la violencia e inseguridad en las localidades. Es cuestión de ver indicadores de inseguridad y visualizar en dónde se necesita mayor presencia del Estado (gobierno nacional y subnacional). Los hacedores de la política económica (fiscal, especialmente) deben tener una lectura medianamente informada de las vocaciones productivas y del ciclo económico a nivel territorial (incluso hasta la parroquia más pequeña), y no sólo cumplir metas sin discernir las fatales implicaciones. Necesitamos buenos economistas en el Ministerio de Economía y Finanzas pero también en los departamentos de planificación y finanzas de los gobiernos locales.
Y entonces, para qué la regla fiscal?
Las reformas al COOTAD del “Nuevo Ecuador” proponen que del presupuesto total de los GAD (no sólo de los asigna el gobierno central), los gastos no permanentes se concentren en un mínimo del 70% en el rubro específico de inversión en activos no financieros, esto es formación bruta de capital fijo (FBKF), obra pública y bienes de larga duración. Eso implica mutilar el concepto de inversión con lo cual se dejarían colgadas los otros rubros de transferencias no permanentes (incluso inversión por emergencias en infraestructura), y otros gastos no permanentes en donde se concentran desembolsos de personal de servicios y gastos en programas y proyectos específicos de los GADs. Estos rubros rebasan los USD 2.000 millones anuales y en más o en menos se han mantenido por algunos años. El MEF en su “control trimestral” podría tumbarse los proyectos de los municipios y prefecturas argumentando que esos programas de reactivación productiva e impacto social desde las localidades implican erogaciones permanentes o simplemente que no forman parte de la inversión en activos no financieros. Hacer el pastel más pequeño de permanentes pero también de no permanentes, por más que cumplan 30% y 70%, es a donde quieren llegar.
En términos de clasificador de ingresos y gastos del sector público el manejo discrecional del MEF se concentrará en el item presupuestario 78, en las transferencias o donaciones para inversión, y deja a un lado otras partidas del grupo 7 propios de los egresos de inversión. El ajuste se sentirá en esta omisión deliberada, luego no digan por qué no hicieron los estudios previos de determinado proyecto de inversión (73) o por qué no se puede contratar personal para inversión (71).
La 780102 (transferencias o donaciones de inversión destinadas a entidades descentralizadas y autónomas) y la 780104, transferencias o donaciones de inversión destinadas a los GADs es donde también se impondrá el ajuste con afectaciones a grupos socialmente vulnerables. En el camino, y claro de pasar la reforma al COOTAD, el MEF todo poderoso y al calor de satisfacer sesgos políticos, podría total o parcialmente bloquear estas asignaciones de equidad territorial. Para eso, ellos no estarán viendo técnicamente la realidad de los territorios, ni la autonomía financiera y administrativa de los GADs (Art 238 de la Constitución vigente), sino su desempeño con el dedo arriba del FMI.
Finalmente este proyecto no tiene fundamento para tramitarse como económico urgente, no obstante, de pasar mañana en segundo debate del legislativo, hay antecedentes del obrar de la propia Corte Constitucional que lo declararían inconstitucional.
Referencias:
Propuesta de Ley Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Páginas web del Banco Central, Ministerio de Economía y Asamblea Nacional
Observatorio de la dolarización 