En el Ecuador, la inseguridad desde hace algún tiempo se ve como un problema, pero el nivel de “espectacularización” que enfrentamos el 9 de enero nos convenció a todos que debía haber una respuesta igual de espectacular. Independientemente de los acuerdos o desacuerdos que se puedan tener respecto a los detalles del decreto 111 (que declara conflicto interno), esta es una medida positiva en el sentido que por lo menos lanza el mensaje de que existen instituciones, existe un gobierno y existe una fuerza pública. Y no se quedó sólo en mensaje sino que hemos visto ciertos resultados. No cabe duda que existe una gran diferencia con respecto a lo que, en su momento, fue el plazo de 10 días que Lenin Moreno le dio a Guacho para entregarse, o el Plan de seguridad de Guillermo Lasso (que se estimaba en USD 5 mil millones, nadie sabe en qué, pero eso estimaban). Hasta el 9 de enero, el Plan Fénix (del Presidente Noboa) parecía que iba a terminar igual que el Plan de seguridad de Lasso.
El punto negativo de esta espectacularización es que nos puede hacer pensar que el entrar en conflicto nos va a solucionar el tema de la inseguridad. Como si el problema fuera una invasión de cucarachas, y es cuestión de llamar a los exterminadores y se acabó el lío.
Si fuese así, hablaríamos del presupuesto en logística, armamento, personal, las nuevas cárceles (ninguna está en Olón, por si alguien pregunta), o el trato que hizo con el gobierno norteamericano para entregar armamento ruso y recibir armamento norteamericano por alrededor de USD 200 millones. En realidad no hay una estimación total de todo ello. Una referencia que tenemos son los USD 2 mil millones que el gobierno de Bukele asignó a la lucha contra la delincuencia entre 2022 y 2023.
Pero el asunto es más complejo. O, al menos, debería ser tratado como un asunto más complejo: como no hay institucionalidad, como no ha existido una verdadera promoción del empleo formal (a pesar de las remisiones tributarias, las exenciones de impuestos, los subsidios a dedo a la energía eléctrica, la re-entrada al CIADI y todo eso que dizque nos hacía más amigables con la empresa privada), una verdadera promoción de las actividades productivas, pues ha generado una suerte de entorno criminogénico en Ecuador. La anterior semana justamente hubo un conversatorio acerca de una investigación (por publicar) que medía los efectos en la educación venidos del terremoto de 2016. Y el terremoto fue terrible. Pero sucede que la asistencia escolar y el rendimiento escolar después del terremoto mejoran en las zonas afectadas. ¿Cómo? Pues porque existió una acción gubernamental que coordinó esfuerzos y visibilizó los problemas que ya existían en esa población antes del terremoto. Y luego la pregunta es, ¿podemos decir lo mismo de las inundaciones en Esmeraldas? ¿podemos decir lo mismo de Alausí? Ese es el problema con la institucionalidad. El resultado que tenemos es mayor deserción escolar, migración, y los que no migran y no encuentran trabajo se convierten en presa fácil de organizaciones delictivas que les brindan identidad, sustento y una red de soporte. Esto no niega en absoluto la responsabilidad individual de delincuentes, de verdaderos criminales, pero tampoco es cuestión de negar la responsabilidad gubernamental, porque si ese problema no se atiende, la “espectacular respuesta” del conflicto interno solucionará los problemas por unos días, quizás una semana, pero enseguida volveremos a lo mismo y quizás peor. Eso ya lo vivimos en Esmeraldas. ¿Lo viviremos a nivel nacional?
Entonces se necesitaría invertir en instituciones sociales, en fomento productivo. El Plan Ecuador, ese que fue implementado como respuesta al Plan Colombia en 2008, sólo en frontera, tuvo un costo de alrededor de USD 150 millones anuales, y esperaba levantar fondos de cooperación por otros USD 130 millones aproximadamente. Pero eso era sólo en frontera cuando la participación de Ecuador era marginal en el conflicto. Hoy un Plan Ecuador debería aplicarse en todo el territorio nacional. No hay provincia que se salve. Y debería ser un plan de largo aliento.
Y todo esto es relevante porque también nos define la estrategia de financiamiento. Por lo pronto, la estrategia parece ser el aumento del IVA a 15%, que generaría unos ingresos por USD 1.300 millones anuales, aproximadamente. Y alrededor de esta estrategia han cerrado filas todos los economistas OCP (ortodoxos, conservadores y prudentes). Y eso llama mucho la atención. Porque es raro que en estas circunstancias, a ninguno se le ocurra, ni siquiera, mencionar alternativas. Primero, porque eso de que todos coincidan en lo del IVA parece histeria colectiva. Segundo, porque el IVA, al ser un impuesto que grava al consumo, tiene un efecto precisamente sobre el consumo y será recesivo, sin lugar a dudas (profundizando ese ambiente criminogénico que se mencionaba). Tercero, porque sí existen muchas otras alternativas. Enumeraré rápidamente algunas:
- Si se quiere una mejor gestión de tus ya limitadas finanzas, activa la política monetaria y aprovecha para derogar aquellas disposiciones legales que limitan tu política monetaria.
- Es momento de atacar a los principales culpables de esto, quienes les financian, y entonces utilizar la información de la Unidad de Análisis Financiero para realizar denuncias por lavados de activos y determinaciones tributarias. CELAG estimaba que durante el año 2021 (sólo el 2021) se lavaron USD 3.500 millones en el sistema financiero del Ecuador. El embajador de los Estados Unidos hasta se permitió señalar que clubes profesionales de fútbol estarían inmiscuidos en ese tipo de actividades. Mientras no se ataque a la raíz, cualquier cosa que se haga, por muy espectacular y costosa que sea (en términos materiales, pero también de vidas humanas), es meramente cosmética.
- Si se envía un proyecto de ley urgente a la Asamblea, que sea para cobrar las deudas en firme que tienen las empresas privadas con el SRI (a diciembre de 2023, ascendían a USD 2.646 millones).
- Regresar el ISD a su original 5% (que de paso ayuda a controlar los flujos de divisas), que debería servir para recaudar alrededor de USD 500 millones.
Además de la posibilidad de impuestos especiales sobre los mayores patrimonios (que es algo que se hizo también en el terremoto de 2016).
Los economistas OCP cierran filas alrededor del aumento del IVA porque la seguridad es un bien público. En los bienes públicos, puede presentarse algo conocido como el problema del polizonte, que es básicamente que tenemos personas que acceden a ese bien pero sin pagar lo que les correspondería. Cuando uno habla de polizonte, uno se imagina el caso de Leonardo DiCaprio en el Titanic: alguien que no tiene para pagar y que por tanto se sube de polizonte en el lujoso barco. Pero muchos olvidan que hay otro polizonte en la película, aunque sea por razones distintas: Caledon Hockley, quien agarra una niña para subirse en los botes salvavidas fingiendo ser su padre. Algo parecido pasa con la clase empresarial, muy liberal, en el Ecuador. Negarán cualquier participación en la generación de este ambiente criminogénico, aunque han pedido, sistemáticamente, bajo la excusa de la competitividad, que se quiten controles a los flujos de capitales, a los flujos de mercancías, se flexibilicen las condiciones laborales y se reduzca el gasto público social. Y ahora, creerán que su mayor aporte a solucionar el problema que han generado es brindar unas hamburguesas. En realidad están convencidos que su responsabilidad social se limita a generar ganancias para sí mismos. Lo que más se acerca a socializar las pérdidas (como es el caso del aumento del IVA), lo ven bien. Lastimosamente se niegan a ver el panorama amplio.
*Apuntes para una entrevista en UTC Radio, realizada el 15 de enero de 2024.
Observatorio de la dolarización 
1 comentario en “Los costos de enfrentar el conflicto en Ecuador*”