Recompra de deuda externa: ganar tiempo hoy, pagar más mañana

Por: Pablo José Iturralde

El Gobierno prepara una recompra de deuda para enfrentar un servicio que vuelve a crecer con fuerza. La presión es alta. Solo en enero, el Estado debe desembolsar alrededor de USD 500 millones por servicio de deuda externa. Monto que marca el inicio de un ciclo más exigente. Entre 2026 y 2030, Ecuador vuelve a enfrentar pagos de capital e intereses que habían sido diferidos tras la pésima renegociación de 2020, tal como se sustentó en un artículo publicado por el Observatorio de la Dolarización. La proforma del Presupuesto General del Estado indica que la amortización de la deuda pública crecerá un 43% en el 2026 y 12% en el pago de intereses, se requieren más de 12 mil millones de dólares para pagar la deuda este año.

Por otro lado, conviene observar que esta recompra rompe la ilusión de que la reestructuración de 2020 fue un éxito estructural. Aquel acuerdo redujo pagos en el corto plazo, pero no resolvió el problema de fondo. Lenin Moreno, su ministro de economía Richard Martínez y el FMI, ventilaron el acuerdo como un logro histórico, pero ahora se acabó el período de gracia. Desde este año el país paga intereses y, progresivamente, capital. Lo hace con un stock de deuda externa que supera los USD 47 mil millones, un nivel incluso mayor al de la crisis del Covid 19. También se paga ahora con tasas internacionales altas y con un riesgo país que sigue muy por encima del promedio regional.

Hoy se intenta ganar tiempo otra vez. La recompra busca reducir los picos de pago entre 2026 y 2030. Pero el costo es trasladar la carga hacia más adelante. Ese futuro puede ser más adverso, con espacio fiscal por demás limitado, gasto social tensionado y mayor dependencia del financiamiento externo. Y sin olvidar que al perpetuar los elevados niveles de deuda pública, se garantiza la tutela del FMI, que ha sucumbido al país en una crisis económica, social y de seguridad sin precedentes: llevamos tres cartas de intención firmadas desde el año 2019, y la deuda pública no se reduce, sino todo lo contrario.

Hay que señalar también un punto crítico, el precio de la recompra puede ser muy alto. Si el Gobierno prioriza bonos próximos a vencer, como los 2030, y paga cerca del 100% del valor nominal, puede transferir valor a los acreedores. Lo cual ocurre porque esos bonos suelen cotizar con descuento. En varios momentos recientes, los bonos ecuatorianos 2030 han transado entre 60 y 70 centavos por dólar. Un bono promete USD 100. Por eso el mercado dice que hoy vale USD 65. Si el Estado paga USD 100, cubre esa diferencia con recursos públicos. Se trata de una protección directa de los tenedores o una forma de socializar el costo fiscal, que no tendría nada que ver con otras recompras que se han hecho en el pasado, por ejemplo en el año 2009.

Existe además un riesgo adicional. La nueva emisión podría salir con cupones elevados, dada la percepción de riesgo. Un alivio de pagos en 2026 puede convertirse en una carga permanente por intereses durante una década. Por eso no basta con anunciar una baja del riesgo país, el gobierno tiene que anunciar el costo total.

La recompra solo tendría sentido si reduce de forma clara los pagos entre 2026 y 2030, manteniendo el stock de la deuda. Para evaluar eso, se necesita información completa. El país debería conocer la tasa del bono nuevo, su plazo, el monto neto emitido, el precio promedio efectivo de recompra y las comisiones y costos legales. Información que no se entregó completamente en el caso de los canjes de deuda por naturaleza, por ejemplo.

Sin transparencia, la operación de Noboa es peligrosa. Se requieren términos públicos. Se requiere control institucional. Se requiere vigilancia ciudadana. Con antecedentes débiles de rendición de cuentas, esta decisión no puede tratarse como un asunto técnico menor. Es un tema que afecta al conjunto del país.