Breve análisis de la Ley Económica Urgente (Trole 4)

En pocas palabras, la Ley Trole 4 abre la vía para una enorme concentración económica, a expensas de los recursos del Estado y de la estabilidad económica de las familias ecuatorianas. Más que contener medidas de corte fiscal, es una ley que cambia las normas para favorecer a los grandes grupos económicos del Ecuador. Han incluido artículos que dicen que se “deberán” seguir los estándares internacionales, aun cuando no tengan relación con la realidad nacional. 

La ley está mal hecha, incluye capítulos enteros que se repiten. El informe técnico de esta ley es de apenas 1 página firmada por una Subsecretaria encargada, en la que dice que no pueden calcular los impactos en la economía nacional pero que igualmente emiten informe de conformidad.

Otorga más poder a los evasores de impuestos frente al SRI; elimina el anticipo al impuesto a la renta con lo que se abren enormes puertas a la evasión. Elimina la transparencia en el ámbito tributario al declarar la información como reservada y confidencial, impidiendo que en el futuro se pueda ver cuánto se pagó de impuesto a la renta, cuánto de impuesto a la salida de divisas y las relaciones con paraísos fiscales. Crea un procedimiento de “perdón y olvido” e impunidad total por 30 mil millones de dólares que se evadieron y fueron escondidos en paraísos fiscales. Permite más evasión a través de exoneraciones y deducciones por pagos al exterior, reduce el margen de acción del SRI en el tema de precios de transferencia y reduce el impuesto a la salida de divisas “para importación de materias primas, insumos y bienes de capital del listado” al 2,5%. Crea un mini-impuesto irrisorio diseñado para engañar a la ciudadanía de la supuesta contribución de las empresas más grandes, es de apenas 0,2% para las empresas que venden más de 10 millones en el año 2018. Esto quiere decir que una empresa que vendió $11 millones apenas deberá pagar $22 mil en impuesto. 

Los impactos fiscales se concentran en un aumento a impuestos a consumos especiales, incluyendo a planes de telefonía móvil, a servicios digitales (Netflix, Amazon), a fundas plásticas (10 centavos [!] por bolsa) y a otros misceláneos. Se restituye el impuesto “verde” a vehículos, derogado hace dos meses. Se quita el IVA al papel periódico y se otorgan más beneficios tributarios (deducción ilimitada) a gastos por publicidad en los medios de comunicación. Se reduce impuesto a la renta para el sector banano y otros agroexportadores en 8 puntos porcentuales cuando se reinvierten las utilidades (de 25% a 15% a 7%).  

La autonomía propuesta en esta ley permite que la Junta Financiera y el Directorio del Banco Central sea ocupado por personas que representen al sector privado, con períodos de duración de seis años (mayores a los del Presidente de la República). No hay representación ni de los ministerios, ni las universidades, ni de los pueblos y nacionalidades. Exonera al banco central de la obligatoriedad de pasar por la transparencia del Sercop y establece una régimen de “burocracia dorada” para los funcionarios del banco central. Impide que los funcionarios de la Junta y el Directorio del Banco puedan tener afiliación a movimiento o partido político, pero no impide que empresarios privados puedan formar parte de los cuerpos directivos. Limitan los casos de conflicto de interés, y vuelven a permitir la puerta giratoria (antes estaba prohibido que se trabaje 2 años en el sector financiero privado luego de ser funcionario financiero público). 

Obliga a que las divisas que trae el Estado (deuda externa y petróleo) esté disponible, con primera prelación, para que los bancos lo puedan transferir al exterior (sistema de cuatro balances). Elimina los controles de liquidez doméstica a los bancos, de tal forma que los bancos pueden sacar todo su dinero al exterior. Esto puede tener consecuencias fatales para la dolarización y para las finanzas públicas. Es un subsidio de la fuga privada de capitales con dinero público, idéntico al caso argentino. Impide que el Banco Central regule que las divisas por exportaciones ingresen al país. Adicionalmente, elimina las normas que le permitían a la Junta orientar el crédito y fijar tasas de interés máximas, solo quedan normas vaciadas que hablan sobre el “sistema de tasas de interés”. Impide que el Banco Central pueda invertir dinero dentro de la economía para impulsar el crecimiento y el empleo. 

También, permite la re-concentración económica. Elimina disposiciones que obligaban que los bancos sean dueños de bancos; elimina la obligación de desinvertir las subsidiarias offshore de los bancos ecuatorianos; y elimina la obligatoriedad de establecer fideicomisos para vender negocios vinculados a los banqueros (como los de Teleamazonas de Fidel Egas). Vuelve a permitir que los bancos puedan ser dueños de aseguradoras y casas de valores. Además, ordena que el valor de venta del Banco del Pacífico sea usado para pagar las inversiones del Banco Central en el Banco del Pacífico (aún cuando el comprador no tiene por qué pagar las inversiones del activo, es un fraude contable de gran escala). Esto en los hechos implica un descuento del 15%-20% del precio de venta del Banco del Pacífico. Todo esto aumenta brutalmente la concentración económica dentro de la economía. 

La ley contempla varias normas con relación a la fusión y liquidación de entidades financieras, especialmente de cooperativas. Se prevé que se venga un proceso de liquidación de cooperativas y traspaso de sus clientes al sector bancario. Elimina la obligación de autorización previa de concentración (superintendencia antimonopolio) cuando son “fusiones extraordinarias”. Esto implica que se viene un proceso de enorme concentración en el sistema financiero incluyendo un ataque a innumerables cooperativas de ahorro y crédito (como lo advierte el propio documento del FMI) y la criminalización de las cajas de ahorro y crédito, particularmente rurales.

En el ámbito fiscal, en la práctica elimina la Planificación para el Desarrollo y establece una programación “top-down” en donde el Ministerio de Finanzas tiene la única prerrogativa de asignar recursos, independientemente de las metas de desarrollo. Es decir, únicamente tiene una lógica contable. Crea fondos de estabilización que se deben invertir en el exterior. La única excepción al aumento de gasto fiscal es para cuando haya que pagar laudos arbitrales y sentencias judiciales como las de Perenco o Chevron (art 126). Impiden que el gobierno pueda pedir financiamiento al banco central, pero los bancos privados sí pueden pedir dinero al banco central. 

A pesar de las enormes críticas a la metodología de deuda consolidada, este gobierno vuelve a la fórmula de deuda consolidada. Y amplía el período de obligatoriedad de este límite hasta el 2023. Crea la categoría de déficit primario no petrolero, para que se beneficien las transnacionales petroleras y la proporción de renta petrolera que se asigne al estado sea irrelevante. Genera “cláusulas de escape” más flexibles para más inversión pública cuando la economía no esté creciendo pero no genera esas mismas cláusulas para cuando el gobierno necesite pedir financiamiento al banco central. 

Existen abundantes reformas crípticas a la Ley del Cierre de la Crisis Bancaria de 1999.

En el ámbito de las telecomunicaciones, en la práctica exonera del cobro del 80% de los derechos de concesión por el espectro radioeléctrico. Esto ignora totalmente que el dinero es fungible (las inversiones que iban a hacer con dinero propio ya no las van a hacer) y no pone ningún requisito de desempeño en la ley. En la práctica, se convierte en un subsidio a las transnacionales de la telefonía móvil. En los hechos, el gobierno se propone regalar la 5G a las transnacionales y amplía el regalo de quince a veinte años. Esto podría ser un subsidio de más de 2000 millones de dólares.

En el ámbito minero, en vez de restituir el 30% de las regalías para las comunidades indígenas como estaba antes, crea una nueva preasignación. 

En el ámbito de la educación superior, lo único loable es una remisión a favor de deudores del IECE o IFTH. Pero por otro lado permite que las universidades creen programas de pregrado o posgrado en línea (por internet) sin ningún control real por parte del Estado, y más deregulaciones. 

Entre otras cosas misceláneas, permite que la banca pública pueda comprar instrumentos financieros descontados pero a valor nominal, igual que lo que ocurrió con los CDR de la crisis del 1999. También amplía las concesiones turísticas en Galápagos a 25 años (no sé qué tiene que ver con lo fiscal).

Una cosa positiva más: corrige, con una ley interpretativa, las disposiciones tramposas en la Ley de Adultos Mayores que derogaban impuestos y controles a los paraísos fiscales.