Evitar el regreso de los TBI es evitar las privatizaciones. A impedir la impunidad de las transnacionales.

En los próximos días la Corte Constitucional del Ecuador podría tomar una grave decisión que permitiría el retorno de los tratados internacionales de protección de inversiones (TBI), usados por las transnacionales para demandar al Estado y cobrarles enormes sumas de dinero. Hay que evitarlo por muchas razones.

Existe una abundante evidencia que demuestra que los TBI no son necesarios para atraer inversiones y, al contrario, pueden ser altamente destructivos para los presupuestos nacionales. Ecuador ha sido un país particularmente golpeado por los costos irreparables que los arbitrajes, permitidos por estos tratados, pueden ocasionar. En estos tratados, solo las empresas transnacionales pueden demandar a los estados, pero los estados no pueden enjuiciar a las empresas. Por ende, los estados jamás pueden ganar, a lo sumo, no pierden.

Cuando los gobiernos realizan mejoras legales (por ejemplo, tributarias o de regulación ambiental), las empresas pueden demandar a los estados por disminución de sus ganancias. Los árbitros designados por los tratados internacionales ignoran los términos de los contratos firmados con las transnacionales y no toman en cuenta las leyes nacionales.

Hasta mayo de 2017, el Estado Ecuatoriano había pagado a los inversores transnacionales en función de laudos y decisiones extrajudiciales de parte la suma de 1.342 millones de dólares (a las corporaciones IBM, Occidental Petroleum, Duke Energy, Noble Energy & Machala y Chevron).
Además, el Estado ya había desembolsado 156 millones de dólares como pago a los árbitros y los honorarios de los abogados extranjeros que asesoraron al Estado en los casos. El monto total desembolsado hasta ese momento por el Estado era de 1.498 millones de dólares.
Estas pérdidas equivalen al 62% del presupuesto de salud.
El riesgo es mayor porque el país todavía podría tener que desembolsar 13.410 millones de dólares. Este es el monto demandado por inversores que aún está estaba pendiente de resolución. Esto representa el 52% del Presupuesto General del Estado. En el 2019 se determinó que el Ecuador debía pagar 472 millones de dólares a la petrolera offshore Perenco y en 2018 Ecuador debió pagar 380 millones a la petrolera Burlington.
El caso pendiente más importante es el de Chevron, que se está decidiendo en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en Holanda y en la Corte Suprema Holandesa.

Ecuador es el único país en el mundo que ha realizado una auditoría ciudadana de los tratados internacionales de inversión. Así, del análisis de 26 demandas de inversores extranjeros contra Ecuador, la Comisión auditora (CAITISA) determinó que los inversores salieron altamente favorecidos:

En los 15 casos donde un tribunal internacional ha decidido sobre jurisdicción, el inversor ha salido favorecido en 13 casos (87%) y el Estado no perdió en solo 2 (13%).
De los 18 casos donde ha habido algún tipo de resolución y se conoce si el inversor tuvo compensación monetaria u de otra índole, el inversor ganó en 12 casos (67%) y solamente en 6 (33%) el Estado no perdió.

Este sesgo pro transnacional de los TBI impiden al Estado que regule la inversión extranjera para que cumpla un papel positivo en la economía y la sociedad, aplicando políticas públicas que impidan por ejemplo desastres ecológicos como los provocados por transnacionales petroleras o mineras. Un caso reciente fue la indemnización de 24 millones de dólares que el Estado tuvo que pagar a la transnacional canadiense Copper-Mesa ante la revocatoria de autorización ambiental al proyecto minero de Íntag.

Es importante considerar que la CAITISA también concluyó que los TBI firmados por Ecuador no fueron determinantes en la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED).

Ecuador tenía más TBI firmados que muchos países de la región, y sin embargo recibía solo 0,79% de la IED que llegaba del mundo a América Latina y el Caribe.
El principal flujo de IED hacia Ecuador provenía de Brasil, México y Panamá, países con los que Ecuador nunca firmó un TBI.
Había 7 grandes inversores externos en Ecuador, y de estos solo el 23% venía de países con TBI.

Sin embargo, políticos de derecha -mediante una resolución de la Asamblea Nacional con apenas 57 (de 137) asambleístas – solicitaron a la Corte Constitucional reinterpretar el artículo constitucional 422 que prohíbe los TBI con arbitraje inversionista-estado (ISDS, por sus siglas en inglés). El gobierno de Lenín Moreno, junto con empresas transnacionales, se encuentra presionando activamente a la Corte Constitucional para conseguir esta decisión.

El Fondo Monetario Internacional también ha presionado para que se retomen los TBI, para facilitar las privatizaciones de la empresa pública de telefonía, del banco de propiedad estatal más grande del país, de las infraestructura de transmisión eléctrica y de la refinería de petróleo. Holanda es quien más presiona para que la Corte Constitucional de paso a esta reinterpretación, incluso con una declaración conjunta el 30 de abril de 2019. Holanda inclusive ya obtuvo autorización a la Unión Europea para firmar el TBI con Ecuador.

Es sumamente preocupante que Ecuador pretenda regresar a los TBI, después de que ya se decidió su inconstitucionalidad en la Corte Constitucional y en la Asamblea Nacional y se la comunicó en notas diplomáticas a nivel mundial y, sobre todo, después de que la auditoría demostró lo dañinos que han sido para los ecuatorianos. Las actas de la Asamblea Constituyente de Montecristi relativas al artículo 422 son contundentes, el objetivo de este artículo era impedir la firma de los TBI o de Tratados de Libre Comercio con capítulos de inversiones. La evidencia ha sido concluyente, y las pruebas son irrefutables.

A impedir que se reinterprete el artículo 422 en favor de las transnacionales.

¡A defender la soberanía en el artículo 422!

¡No a la privatización de la riqueza de los ecuatorianos! ¡No a la impunidad de las transnacionales!

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