Moratoria bancaria y alternativas fiscales

En las últimas horas ha circulado ampliamente esta propuesta en las redes sociales. En este espacio publicaré algunos criterios a tomar en cuenta. Se incorporarán datos a lo largo de la semana.

En primer lugar, es legítimo buscar que el sector bancario asuma un rol protagónico para paliar los problemas de la sociedad en medio de una crisis de la dimensión del coronavirus. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el origen de la crisis del coronavirus no tiene nada que ver con el sector bancario. El origen es de carácter totalmente exógeno. Nadie quiere la quiebra de instituciones financieras.

El impacto de la crisis se da por la caída – más bien dicho, la prohibición – de la demanda, la prohibición del consumo. Menos consumo es menos ventas, menos ventas es menos producción. Menos ventas es menos ingresos.

Sin embargo, para la población asalariada – en relación de dependencia – y más aún si trabaja en el Estado, sus ingresos van a ser invariables. Continuará recibiendo su cheque trabajando desde casa. El asalariado formal del sector privado también lo recibirá. Si por falta de ventas de la empresa en la que trabaja, el asalariado pierde su empleo, entonces podrá acceder a mecanismos de salvaguarda como son el seguro de desempleo o la cesantía durante seis meses.

Por lo tanto, a este segmento de la población no tiene mucho sentido otorgarle una moratoria de sus deudas bancarias. Es más, en algunos casos hasta tenga menos gastos y pueda tener excedentes de liquidez para cubrir sus deudas. No tiene sentido, en la mayoría de casos, la moratoria en el segmento de asalariados con tarjetas de crédito ni créditos de consumo. El crédito de consumo es el segmento más grande de la cartera bancaria.

Por otro lado, hay grandes sectores de la población que van a tener una importante merma en sus ingresos por la disminución de la actividad comercial. Es el segmento del trabajador autónomo, del microempresario, del comercio minorista, de la economía popular, de los «informales». Este segmento es el más vulnerable. Y sus acreedores – en muchos casos del sector financiero popular y solidario, incluyendo las cooperativas – por extensión son también muy vulnerables.

No tiene mucho sentido establecer una moratoria de pagos si no tenemos certidumbre de la duración de la pandemia. Si el negocio no tiene liquidez hoy, tampoco tendrá liquidez más adelante. La causa de esa falta de liquidez no es una demora en una cuenta por cobrar, es una caída repentina de las ventas – un problema de solvencia -. Esto debe necesariamente afrontarse desde una perspectiva fiscal. Es decir, un subsidio estatal a la vena de la pequeña empresa equivalente a un mes de ventas. Y ese dinero, la empresa la debe usar para pagar sus cuotas o amortizar sus deudas. Otra alternativa es que el Estado cubra automáticamente – mediante transferencia – las cuotas del período 15-marzo – 15-abril de este segmento directamente a las entidades del sector financiero popular y solidario. Esto fortalecería la solvencia de las entidades y disminuirían los riesgos de malos manejos de los deudores.

Esto no quita que los bancos y las entidades financieras – en su lógica de riesgos de crédito y liquidez – realicen reestructuraciones y reprogramaciones de forma voluntaria, para lo cual los entes de control deberán flexibilizar las ponderaciones de riesgo y las provisiones de crédito, eso sí de manera generalizada. Pero es probable que los bancos reprogramen estas operaciones una vez que haya más certidumbre posterior a los efectos de la pandemia, no todavía hoy. Ya hay experiencias, posterior al terremoto de 2016, de reestructuraciones y condonaciones voluntarias motivadas por los bancos y de regulaciones estatales que permitieron un marco de absolución.

Además, el Estado debe dar subsidios directos, pero decrecientes, a los pequeños exportadores (directos e indirectos) que vendían su producción en el exterior. O cubrir sus obligaciones financieras de este corto período sean estos en la banca pública o en la banca privada.

Finalmente, el Estado debe complementar a los trabajadores no asalariados mediante una transferencia directa hasta alcanzar un salario mínimo para permitir subsistencia por la caída de ventas. (Y porque también hay deudas con el chulco cuya información sistematizada no existe y no conviene averiguar.)

Sin embargo, hay un reto enorme. No hay la infraestructura técnica para poder realizar estas transferencias directas para una enorme proporción de la población. Una parte se podrá realizar mediante la infraestructura del pago del bono de desarrollo humano y otros similares, pero para los que no tienen esos beneficios, se deberá usar la plataforma de dinero electrónico. En vista que el dinero electrónico fue asesinado por este gobierno, en uso del decreto de excepción, el Estado debe realizar la requisición de Banred – el proveedor de la Billetera Móvil BiMO – y otorgar automáticamente cuentas bancarias en el Banco del Pacífico a todos los celulares del País con mensajería masiva. Mediante un proceso de descarte de los asalariados con las mismas bases de datos del Estado y validación con las ex cuentas de dinero electrónico, se podrá realizar esta transferencia a los remanentes. Claro que habrán errores, pero será un inyección de recursos directa.

En este punto, se podría estar hablando de un impacto fiscal de unos $1000 millones de dólares al mes.

Es ahí donde entra el rol de la banca, o más bien dicho, de los banqueros. Las utilidades netas de los banqueros en los últimos cinco años han sido $2121 millones de dólares. Los ingresos de las empresas que realizaron débitos no autorizados como GEA en los últimos años estimo que suman aproximadamente $350 millones. La contribución de los banqueros debe ser en una parte de sus patrimonios personales y no en la entidad financiera como tal. A nadie le interesa quebrar bancos – o cooperativas – y desencadenar una crisis financiera generalizada. Pero cargar con contribuciones extraordinarias a los dueños de los bancos no afecta a la solvencia de la entidad financiera como tal.

Y los recursos que falten, a nivel fiscal, deben accederse directa – o indirectamente – a través del financiamiento del Banco Central.

Para optimizar la liquidez externa, el gobierno debe convocar a sus pares de CELAC y solicitar – de inmediato – que el FMI emita 3 millones de millones de Derechos Especiales de Giro (SDR 3 trillion), como lo hizo en el año 2009 cuando emitió 187 mil millones. Si esa decisión se toma, las reservas internacionales del Ecuador aumentarían en poco más que $6 mil millones de dólares. Si el FMI decide emitir la tercera parte (solo 1 trillion), al Ecuador le llegarían $2 mil millones.

Asimismo, el Ecuador debe unirse a los pares de CELAC y del resto del planeta para impulsar un Jubileo generalizado. Jubileo: el perdón y la condonación generalizados de la deuda externa de los países del Sur. Los fondos de Wall Street están siendo liquidados por la crisis planetaria, es momento también de liquidar las deudas externas de los más vulnerables. En el caso del Ecuador, la deuda externa de los años 2028 y 2030 está cotizando a casi 30 centavos por dólar. El riesgo país subió hoy (16-marzo) a 3969 puntos, eso quiere decir que la deuda externa ecuatoriana ya no vale casi nada. Es un buen momento para usar liquidez externa y recomprarla de inmediato a precio de ganga: 3×1 o 4×1. El IESS tiene cientos de millones de dólares de liquidez y luego podrá canjear esa deuda externa por deuda interna rentable y beneficiar a los asegurados.