Carta abierta al Presidente de la Asamblea: «Pandemia y dolarización, sí hay alternativas»

Estimado Presidente de la Asamblea,

Le escribo en mi calidad de académico consternado especializado en economía financiera, con experiencia en los sistemas financieros público y privado. Usted parece ser el único personaje político del oficialismo con mínima apertura democrática y con legitimidad de origen para abordar el tema de la relación entre la crisis de la pandema y la crisis de la dolarización. No puedo dirigirme ni al Presidente de la República ni al Vicepresidente de la República porque ellos, con sus acciones, han atentado política y moralmente en contra de la dolarización de la economía ecuatoriana.

El Presidente Moreno, mediante su veto de diciembre de 2017, mató al dinero electrónico del Banco Central, que fuera extremadamente útil en estos momentos para transferir dinero directamente a los celulares de los trabajadores autónomos que se encuentran en cuarentena. El Presidente Moreno, mediante su ley «urgente» de mayo de 2017, prohibió que el Banco Central adquiera títulos emitidos por el Ministerio de Finanzas, inclusive en emergencias, lo que imposibilita que, de seguir así, se pueda salvar la dolarización y además sobrellevar la crisis actual. Por culpa de éstas y otras políticas, el Banco Central reportó que en los dos últimos años, han salido $55 571,9 millones por giros al exterior del sector privado. Eso equivale a que cada ecuatoriano de la Población Económicamente Activa (8,4 millones) haya girado al exterior $3 316 por año. Imposible.

Pero el daño no solo ha sido político, sino a nivel moral. El Presidente Moreno mintió públicamente sobre la cuenta offshore de la sociedad INA Investment, al nerviosamente alegar que se origina en un préstamo realizado a su hermano y que la empresa fue comprada como «International American» cuando en realidad son dos empresas con el mismo nombre, una en Belice y una en Panamá. Moreno ha justificado que su residencia en Suiza era utilizada como bodega de muebles de terceros comprados con dicha cuenta offshore. Igual el caso del ilegítimo Vicepresidente Sonnenholzner, quien luego de que se descubriera su empresa offshore en Costa Rica llamada Helsabar Holdings, procedió a gestionar la censura de la página web de Latindadd, la ONG peruana que lo publicó. Esconder sus dólares fuera del Ecuador, más aún violando la Ley del Pacto Ético aprobada por mandato de la Consulta Popular de febrero de 2017, atenta directamente contra la dolarización.

La situación económica del Ecuador es crítica. Lo único que tiene en mente el equipo económico del gobierno es cómo aprovechar la pandemia para cumplir a rajatabla el ajuste del FMI y pagar puntualmente la deuda externa. Sin embargo, más allá de los dogmas de los ideólogos del gobierno y del FMI que no son más que los intereses del capital financiero nacional y transnacional, sí hay alternativas.

La dolarización está en riesgo porque el gobierno ha compartimentalizado la liquidez pública. Ha decidido trabajar con un margen muchísimo más pequeño, por fuera del espíritu y la letra constitucional. Se ha empeñado en violar expresamente los artículos 302 y 303 de la Constitución. El Banco Central no es un ente separado de la institucionalidad estatal, es parte del Estado, es de propiedad pública y se rige por el derecho público; no es ni puede ser autónomo, forma parte de la Función Ejecutiva. Así como el Presidente Moreno ha anunciado que la banca pública y las empresas públicas financien excepcionalmente a los ciudadanos y a las empresas al conceder una moratoria durante la emergencia, de igual manera el Banco Central puede conceder facilidades excepcionales al Ministerio de Finanzas, por el bien de todo el Ecuador.

Estamos en una emergencia sanitaria y a puertas de una catástrofe humanitaria, estamos en la crisis económica más grande de la historia del planeta. No es momento de aplicar los dogmas de quienes nos impidieron estar aún más preparados con un sistema público de salud diciendo que no hay que construir hospitales porque los pacientes se escapan, quienes despidieron a miles de trabajadores de la salud y quienes aún proponen que se reduzcan las remuneraciones efectivas de médicos, enfermeros y técnicos en atención primaria.
El resto del mundo ha respondido a esta situación con presupuestos ilimitados para fortalecer a los sistemas de salud y para garantizar los medios de subsistencia económica a la población. No solo lo han hecho los países que tienen moneda propia, también lo han hecho países europeos que no tienen moneda propia, y cuando les ha faltado financiamiento, acuden a su banco central. La presidenta del Banco Central Europeo ha dicho «lo que sea necesario». Y para ello, ha fortalecido su sector externo.

Ese es el camino que debemos seguir. Y de manera urgente. Ese es el camino que permitió salir al Ecuador de la crisis de 2015-16 de forma airosa; solo en el año 2016 el Banco Central facilitó $3632,7 millones al Estado. Es falso que no tenemos reservas pues los activos externos de todo el panorama monetario ecuatoriano superan los $9,223 millones y, además, es incorrecto pensar que se necesiten reservas para actuar.

Hay varias formas, sin violar la voraz Ley de «Fomento Productivo», de lograr el objetivo que el Ministerio de Finanzas pueda contar con liquidez emergente para cubrir sus obligaciones con el pueblo ecuatoriano, con los servidores públicos, con los gobiernos locales, con los proveedores y con los trabajadores de las empresas públicas. A continuación, por responsabilidad con el País y luego de un riguroso estudio técnico-jurídico, a riesgo de que el gobierno actual, por su dogmatismo fanático, las quiera prohibir en un decreto-ley en los próximos meses, presento las siguientes alternativas:

1. Usar al Banco del Pacífico como mecanismo de transmisión de política monetaria. La mencionada Ley prohibe que el Banco Central compre títulos al «ente rector», es decir, al Ministerio. También prohibe que las «instituciones financieras públicas» usen dinero recibido del Banco Central para comprar títulos del sector público. Pero no impide que el Banco Central compre títulos al Banco del Pacífico, que jurídicamente no es un banco público, y que el Banco del Pacífico adquiera títulos del Ministerio. Esto de ninguna forma afectaría a los depositantes del Pacífico. Si el argumento para impedir esta transmisión es la privatización del Banco del Pacífico en medio de esta emergencia, quedará clara cuál es la prioridad de quienes están al mando. 

2. Actualizar la normativa contable para que la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional pueda sobregirarse sin requerir operación activa de crédito. Esta actualización contable le permitiría al gobierno realizar transferencias y manter un saldo contable en negativo mientras recupera su liquidez. De ser necesario, el Banco Central puede establecer un límite cuantitativo al sobregiro.

3. Canalizar la liquidez mediante los gobiernos autónomos descentralizados y las empresas públicas. Al igual que en el caso del Banco del Pacífico, el Banco Central está facultado para invertir en títulos valores nacionales, incluyendo los de los GAD. Los GAD pueden ejercer sus competencias de fomento productivo y otras concurrentes con el Ejecutivo nacional para suplir las necesidades de emergencia. Adicionalmente, el excedente de liquidez de los GAD recibido del Banco Central también puede ser canalizado hacia la adquisición de títulos valores emitidos por el Ministerio de Finanzas.

Insisto, nada de esto viola la Ley de Fomento Productivo y requeriría solamente regulaciones secundarias de instancias regidas por la Función Ejecutiva. Es más, estos arreglos institucionales tampoco violarían la condición cuantitativa a la cual se ha comprometido el gobierno con el Fondo Monetario Internacional en sus cartas de intención. Y al contrario, otorgaría flexibilidad al gobierno del Ecuador para enfrentar la emergencia sanitaria y evitar una catástrofe humanitaria y una violenta desdolarización.

Un enfoque adicional, más afín a sus responsabilidades como Presidente de la Asamblea, podría ser incorporar la derogatoria de los artículos a la Ley de Fomento Productivo que prohiben al Ecuador auto-financiarse en algún proyecto de ley que esté listo para segundo debate, y aprobarlo de forma inmediata mediante sesión virtual y que el Ejecutivo lo sancione para su inmediata publicación en el Registro Oficial.

Eso sí, es indispensable que esta flexibilización sea acompañada de un fortalecimiento del sector externo de la economía ecuatoriana, como lo ha hecho el Banco Central Europeo. Se debe establecer una cuarentena a la dolarización: evitar toda salida injustificada de dólares y repatriar los dólares que injustificadamente están en el exterior, incluyendo los que violan la Ley del Pacto Ético.

Atentamente,

Andrés Arauz