Impresiones acerca de la renegociación de la deuda ecuatoriana

¿Está ya aprobada la renegociación?

Sí, de acuerdo con una rueda de prensa del Ministro Richard Martínez, de 3 de agosto de 2020, se consiguió la mayoría de votación por parte de los acreedores. Hasta el 7 de agosto, los acreedores que no estuvieron de acuerdo (alrededor del 2%), pudieron igual sumarse a la propuesta de Ecuador.

En estos momentos se debe estar dando el canje formal de los bonos, desconozco las particularidades acerca de cuántos tenedores y en qué montos ya han realizado este canje. Realmente se conoce muy poco acerca de los tenedores, pero el Ministro Martínez esperaba que, hasta el 20 de agosto, todos ya lo habrían hecho.

En esta misma rueda de prensa el Ministro Martínez mencionó que ya se encuentra trabajando en un nuevo acuerdo con el FMI, lo cual ya debería ser un motivo de discusión en sí mismo. Según información de Bloomberg, completar esta negociación (que los tenedores efectivamente cambien sus papeles) requeriría precisamente de ese acuerdo con el FMI.

Por lo cual, las formalidades de la renegociación aún no habrían terminado.

¿Se hicieron las negociaciones correctamente?

Para hablar de ello me parece que debemos referirnos a tres aspectos:

1. La diferencia entre el valor nominal y el valor de mercado: en general, los bonos tiene un valor nominal, que es aquello que un país se compromete a pagar y sobre lo cual se calculan los intereses. Pero como siempre existe el riesgo de impago y otras consideraciones, existe el valor (o los valores, mejor dicho), de mercado, que es aquello por lo cual se tranzan estos bonos en las bolsas de valores. así mismo, el valor de mercado es aquello que se reconoce de estos bonos en sus derivados financieros cuando estos se generan. El valor nominal se mantiene inalterado en el tiempo hasta el vencimiento del bono, pero, producto de la pandemia y de las condiciones del país, los bonos se encontraban tranzando entre el 33 y el 37%, este era su valor de mercado. Esto es importante porque, el artículo 290 de la Constitución dice que “Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador”. Además, cabe destacar, que la Comisión de Auditoría de Crédito Público (pp 37-42), del año 2009, estableció que no haber tomado en cuenta la valoración de mercado de la deuda en otras renegociaciones de los noventa sería una fuente de ilegitimidad.

Desde el punto de vista del valor nominal, existe una clara renegociación que puede considerarse exitosa, porque existe una reducción en el capital e intereses, pero desde el punto de vista del precio de mercado, resulta que definitivamente no lo es, por eso mismo es que logró una aceptación tan alta entre los tenedores. En ese sentido, la renegociación argentina logró resultados mucho mejores.

2. Hay que considerar el antecedente del pago de las operaciones riesgosas en abril de 2020, por alrededor de USD 1000 millones de dólares, y que curiosamente no se contabiliza dentro las valoraciones de algunos analistas aunque fue un monto evidentemente entregado para continuar con la negociación. Además, el prepago de estas operaciones especulativas tuvo un costo de oportunidad altísimo, porque fue entregado precisamente en los momentos más críticos de la crisis sanitaria cuando, entre otras cosas, Guayaquil presentaba una mortandad de grandes dimensiones.  Si este dinero utilizado para preparar apuestas especulativas se hubiese dedicado a recomprar la deuda cuando su valor de mercado era de alrededor del 35%, se hubiese reducido cerca del 20% de la deuda. El no haber utilizado este mecanismo también pone en duda el éxito de la renegociación. En esos términos, la recompra de deuda de 2009 por el mismo Ecuador fue más exitosa.

3. En esta ocasión conviene preguntarse, ¿para quién se hicieron las negociaciones correctamente? Y es que hemos visto una proliferación de grupos ad-hoc a quienes se les entrega información reservada sin ningún tipo de responsabilidad ulterior: como ejemplo, la veeduría de la deuda creada por la Contraloría en marzo de 2018, o el más reciente grupo de consejeros económicos creado a inicios de junio de este año. Simultáneamente, la pregunta sobre quiénes son los tenedores de la deuda es eludida por las autoridades. Y esto es sumamente importante. Imaginen que hubiese sido un precandidato presidencial tenedor de estos bonos, que sigue lucrando con ellos. Sería un caso parecido a la adquisición de Certificados de Depósito Reprogramables por parte de empresas vinculadas a Guillermo Lasso durante el feriado bancario. Este tipo de información no puede permanecer oculta al país.

¿Eso le va a dar liquidez al Ecuador?

No necesariamente. En principio, podría pensarse que es un alivio en términos de obligaciones, pero lo cierto es que siguen siendo obligaciones que debemos cumplir en el sector externo, y no precisamente las más urgentes.

En una anterior ocasión, discutimos que el problema con la liquidez no es tanto su existencia (porque no es un inventario), sino su gestión (porque es un flujo). Cuando las obligaciones son con el sector externo son mucho más difíciles de gestionar. Por eso la deuda externa (pública) debe ser exclusivamente para inversión (pública) y se debe garantizar que sirva para sostener la liquidez interna.

En este sentido, la renegociación de la deuda no resuelve, ni busca resolver los problemas originados con la mutilación de herramientas fundamentales para la gestión de la liquidez que significó la Ley de Fomento Productivo, ni tampoco significa una inyección de recursos. Así que los problemas urgentes no los resuelve.

¿Se van a pagar ya los sueldos puntualmente o no sirve de nada y es sólo retórico?

Eso le correspondería responder a la autoridad de economía y finanzas. Por el momento, pareciere que no. Hasta el momento y juzgando por las insistentes y desesperadas quejas, a muchos servidores públicos, por no decir a todos, no les han acreditado su sueldo correspondiente a julio. Adicionalmente, tenemos este comunicado de hace casi un mes en el que plantea públicamente, y tal como se había advertido en febrero, la utilización de bonos y títulos valores para pagar a los proveedores, con las penalizaciones y descuentos que esto puede significar para el proveedor.

Esto implica, en resumen, transferirle un problema de liquidez al sector real, cuando el Estado sí cuenta con herramientas para gestionar su liquidez y pagar oportunamente, y sin penalizaciones, a sus proveedores y servidores.

Lo más probable es que se proceda al pago con títulos valores. Así que, si el Estado le debe plata, ud. quizá hace bien en no ser muy optimista a menos que ud. sea un acreedor de deuda extranjera.