Inversión y arbitraje internacional

Los millones del arbitraje y las cuentas pendientes con los territorios

Por: Anthony Pozo Barrera

Una re lectura de «Devastadora Inversión: los tratados bilaterales de inversión en Ecuador»

En junio de 2016, Ecuador terminó de pagar un acuerdo por 980 millones de dólares a la petrolera estadounidense Occidental (Oxy). Diez años antes, el Estado había declarado la caducidad de su contrato por transferir, sin autorización, el 40 % de sus derechos y obligaciones a otra empresa. El tribunal arbitral reconoció el incumplimiento de la compañía, pero consideró desproporcionada la sanción aplicada por Ecuador. Después de la anulación parcial del laudo y de una negociación, el conflicto terminó con aquel desembolso. La potestad de sancionar un incumplimiento empresarial había derivado en una obligación millonaria para el país.1

Los 980 millones de Oxy eran una de las cifras que recogimos Carlos Pástor Pazmiño, John Cajas-Guijarro y quien escribe en Devastadora inversión. Los tratados bilaterales de inversión en el Ecuador, publicado en 2022. Al reunir diecisiete controversias, estimamos un perjuicio de al menos 2336 millones de dólares para los casos estudiados. Había indemnizaciones de gran magnitud, acuerdos de liquidación y gastos de defensa. Algunos expedientes habían concluido; en otros, todavía quedaba por determinar cuánto debía pagarse o cómo se haría efectivo el cobro.2

Al reunir diecisiete controversias, estimamos un perjuicio de al menos 2336 millones de dólares para los casos estudiados.

Cuatro años después, las cifras del libro conservan el valor de un balance de época. Volver sobre ellas exige seguir el recorrido del dinero: del monto reclamado por una empresa a la indemnización reconocida, de esta al acuerdo de pago y, finalmente, al desembolso. En ese trayecto intervienen intereses, compensaciones por daños ambientales y obligaciones tributarias pendientes. La cantidad anunciada al conocerse un laudo puede cambiar sin que desaparezca el costo público. Y cerrar una controversia entre una empresa y el Estado tampoco significa que se hayan reparado los daños en el territorio donde comenzó la historia.

Esa distancia atravesaba el libro. Mientras reconstruíamos las decisiones arbitrales, la presentación de Alexandra Almeida recuperaba las denuncias de las comunidades amazónicas: contaminación del agua, afectaciones a cultivos y conflictos provocados por la operación petrolera. Los territorios aparecían como lugares habitados, con historias anteriores a la llegada de las compañías y con consecuencias que perduraban después de su salida. Entre los expedientes y esos testimonios se abría una diferencia sobre quién podía exigir una indemnización, qué se consideraba un daño y qué obligaciones quedaban sin resolver.

El petróleo y la factura de sus controversias

Los tratados bilaterales de inversión (TBI) ofrecían protección a los capitales extranjeros y, según sus disposiciones, permitían que los inversionistas reclamaran directamente contra el Estado ante tribunales arbitrales internacionales. Se promovieron como instrumentos para atraer recursos, incorporar tecnología y generar empleo. En Ecuador, buena parte de sus costos se concentró en el petróleo, una actividad de la que el propio Estado depende para obtener ingresos. La disputa por la renta de ese recurso terminó llevando al país ante tribunales donde se discutían las garantías concedidas a las empresas.

En esa relación había una tensión que las promesas de inversión solían dejar de lado. El Estado necesitaba recursos para financiar sus obligaciones, pero había aceptado reglas que podían volver costosas las decisiones con las que buscaba obtenerlos. Una controversia sobre la distribución de la renta petrolera pasaba así a resolverse bajo compromisos internacionales de protección de inversiones. Lo que estaba en juego era la posibilidad de cambiar las condiciones de esa distribución y la capacidad de una economía dependiente del petróleo para beneficiarse de sus propios recursos. Los montos de las indemnizaciones fueron dando una dimensión fiscal a esa tensión.

Occidental operaba el bloque 15 y los campos unificados Edén Yuturi y Limoncocha. Los 980 millones del acuerdo cerraron el conflicto arbitral, pero la presentación de Almeida en el libro recogía también denuncias de comunidades sobre derrames, presiones para firmar convenios y afectaciones a sus territorios. La terminación de una relación contractual resolvía quién podía seguir explotando el petróleo; la compensación internacional resolvía una obligación patrimonial. Los daños denunciados por las poblaciones seguían una trayectoria distinta. Ninguno de esos asuntos podía darse por solucionado únicamente porque las partes hubieran firmado un acuerdo de pago.

Con Burlington y Perenco, la controversia estuvo vinculada a otro momento de la política petrolera. El incremento internacional del precio del crudo había generado ingresos extraordinarios cuya distribución se discutía en Ecuador. La Ley 42 de 2006 estableció una participación estatal mínima del 50% sobre los excedentes no previstos en los contratos; el Decreto 662 de 2007 elevó ese porcentaje al 99%. Las compañías cuestionaron las medidas y las actuaciones posteriores del Estado. El conflicto involucraba la capacidad de captar una mayor renta del petróleo y las obligaciones asumidas frente a quienes lo explotaban.

Para Burlington, el laudo de 2017 fijó una compensación cercana a 379,8 millones de dólares. Ecuador obtuvo, a su vez, una decisión favorable por daños ambientales y a la infraestructura: la compañía debía reconocer aproximadamente 41,78 millones. La Procuraduría informó después que el acuerdo transaccional de diciembre de 2017 dejó un pago neto a cargo del Estado de 337,03 millones de dólares, con un calendario dividido entre diciembre de ese año y abril de 2018. Aun después de que se reconociera la responsabilidad de la petrolera, la controversia dejaba al país con una obligación de cientos de millones de dólares.3

Aun después de que se reconociera la responsabilidad de la petrolera, la controversia dejaba al país con una obligación de cientos de millones de dólares.

La reconvención ambiental fue un resultado importante de la defensa ecuatoriana. El consorcio que operaba los bloques 7 y 21, integrado por Burlington y Perenco, había sido objeto de denuncias por contaminación y atropellos a las comunidades. Almeida recoge en el libro testimonios sobre derrames que afectaron suelos, cuerpos de agua e incluso áreas escolares, así como remediaciones superficiales. El reconocimiento de una responsabilidad empresarial daba cuenta de daños concretos; su valoración monetaria no bastaba para establecer en qué condiciones quedaban el agua, la tierra o la vida de las familias.

Perenco permite seguir esa misma historia más allá de la publicación. La empresa había reclamado originalmente 1423 millones de dólares. Tras la anulación parcial del laudo en 2021 y el descuento de los valores reconocidos a Ecuador por daños ambientales y gastos arbitrales, la obligación neta quedó en 374,37 millones, más intereses. Dentro de esa operación figuraban 54,44 millones por daños ambientales y 6,37 millones por costos y gastos a favor del Estado. Ese era el punto al que había llegado la controversia cuando cerramos la investigación.4

En diciembre de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció un mecanismo de pago. Después de cruzar valores que Perenco adeudaba al Estado a través del Servicio de Rentas Internas, el monto se estableció en 351,69 millones de dólares, más intereses, con un cronograma hasta finales de 2023. La controversia había pasado de la determinación de responsabilidades a la negociación de su cumplimiento. Los 374,37 millones del balance anterior y los 351,69 millones del acuerdo posterior eran cifras sucesivas de una misma deuda, modificada al cruzarse con obligaciones de la compañía que el Estado también tenía derecho a cobrar.5

El contraste con las obligaciones ambientales resulta difícil de eludir. Para cobrar una indemnización existen procedimientos de ejecución, intereses y calendarios de pago. Para una comunidad afectada, recuperar una fuente de agua o un suelo productivo depende de intervenciones materiales sostenidas y de decisiones sobre quién las financia y las realiza. El acuerdo económico puede cerrar el litigio entre sus firmantes mientras la reparación exige otro tiempo y otras acciones. La historia de los bloques 7 y 21 muestra por qué ambas cuentas deben acompañarse.

La liquidación de las operaciones del consorcio integrado por Ecuador TLC (vinculada a Petrobras), Cayman y Teikoku añadió otra cifra considerable. El libro registra un acuerdo de 507,75 millones de dólares en 2018. De ese valor, Ecuador retuvo unos 189,01 millones para cubrir obligaciones tributarias y laborales pendientes; el saldo desembolsado fue de aproximadamente 318,7 millones. La operación formaba parte del conjunto de controversias que hicieron crecer el balance por encima de los dos mil millones. Al mismo tiempo, mostraba cuánto cambia la lectura de una cifra cuando se identifica qué se reconoce, qué se retiene y qué efectivamente sale de las cuentas públicas.6

En las páginas dedicadas a Petrobras, esa liquidación convive con los conflictos alrededor de Palo Azul y con las denuncias recogidas por Almeida sobre las afectaciones señaladas por las comunidades de Orellana. La memoria de esas operaciones no queda contenida en un reconocimiento mutuo de obligaciones. Con frecuencia, la posibilidad de abandonar el país permite a una empresa dar por terminada una etapa de negocios; las poblaciones permanecen donde se desarrollaron esas actividades. Allí siguen importando las condiciones en que se deja el territorio y el cumplimiento de las responsabilidades asumidas durante la operación.

Cuando reducir una condena no elimina el costo

El petróleo tenía un peso determinante en las cifras de nuestra investigación, aunque el sistema de protección alcanzaba otros sectores. En Íntag, la canadiense Copper Mesa reclamó 69,7 millones de dólares por la revocatoria de sus concesiones. El tribunal reconoció conductas violentas vinculadas a la compañía y redujo un 30 % la compensación correspondiente a Junín por su contribución al daño. Aun así, en 2016 estableció una indemnización total por Junín y Chaucha de 19,45 millones, que, con intereses, ascendía a 24,37 millones a la fecha del laudo, según el cálculo divulgado por la empresa. En 2018, las partes acordaron un pago de 20 millones para zanjar la disputa.7

El acuerdo fue anterior a la publicación del libro. Al volver sobre él, queda la dificultad de explicar a una población que el reconocimiento de conductas violentas haya podido coexistir con una compensación a favor de la empresa. En Íntag, la oposición a la minería reunía la defensa del agua, de la producción agrícola y de formas de vida que las comunidades buscaban preservar. El tribunal valoró las obligaciones del Estado frente a la inversión dentro de un conflicto que, para la población, comprometía la posibilidad de decidir sobre su territorio.

El acuerdo fue anterior a la publicación del libro. Al volver sobre él, queda la dificultad de explicar a una población que el reconocimiento de conductas violentas haya podido coexistir con una compensación a favor de la empresa.

Las diferencias entre lo solicitado y lo finalmente reconocido suelen ocupar el centro de los balances oficiales. Reducir una reclamación puede evitar un desembolso mucho mayor y expresa el trabajo de la defensa estatal. El libro incluyó también resultados favorables a Ecuador, como los de Encana, Ulysseas, M.C.I. Power Group y Albacora. En esos procesos se evitaron indemnizaciones y, en algunos, se reconocieron costos a favor del país. La crítica al régimen de inversiones necesita conservar esos resultados para explicar con precisión cómo funcionó cada controversia.

La cuenta alcanzaba también actividades alejadas de la extracción de recursos naturales. El libro recoge una indemnización de unos 44 millones de dólares a favor de Merck, en una controversia que había comenzado entre empresas privadas por la venta de una planta de medicamentos. Después de pasar por los tribunales ecuatorianos, la disputa derivó en un reclamo contra el Estado por denegación de justicia. Un desacuerdo entre particulares había dado lugar a una obligación pública, bajo las garantías internacionales aceptadas por el país.2

A las indemnizaciones se sumaba lo que costaba defenderse. La CAITISA, la comisión ciudadana que auditó los tratados y presentó su informe final en 2017, había documentado alrededor de 156 millones de dólares destinados a árbitros y bufetes nacionales e internacionales, según el balance recogido en nuestro libro. La factura pública incluía, por tanto, algo más que las compensaciones a las empresas. Antes de conocer una decisión, el Estado ya debía pagar por sostener su posición. Y una decisión favorable podía cerrar el riesgo de indemnización sin devolver la totalidad de los recursos utilizados en años de litigio.8

A las indemnizaciones se sumaba lo que costaba defenderse. Antes de conocer una decisión, el Estado ya debía pagar por sostener su posición.

Con Chevron, el capítulo seguía abierto. En el balance original recogimos unos 112 millones de dólares pagados a la compañía por un arbitraje anterior. La información oficial detalla ese desembolso en 96,4 millones más 16,4 millones de intereses. Ese pago correspondía a un proceso distinto del arbitraje relacionado con el juicio ambiental de Lago Agrio, cuya indemnización seguía pendiente de cuantificación cuando se publicó el libro. La diferencia importa porque las nuevas obligaciones se añadieron a una historia que ya había significado pagos para el país.9

El juicio ambiental se originó en las reclamaciones de habitantes de la Amazonía por las operaciones de Texaco, posteriormente adquirida por Chevron. La justicia ecuatoriana estableció una reparación de aproximadamente 9500 millones de dólares a favor de las personas afectadas. La compañía cuestionó la obtención de esa sentencia y acudió al arbitraje contra el Estado. En 2018, el tribunal arbitral declaró la responsabilidad internacional de Ecuador por denegación de justicia y otras violaciones al tratado con Estados Unidos. La disputa pasó después a determinar los daños que el Estado debía compensar a las empresas.

Esa cuantificación llegó el 17 de noviembre de 2025. Según la Procuraduría, Chevron y Texaco Petroleum Company (TexPet) pretendían más de 3350 millones de dólares, incluidos intereses. El tribunal fijó 220,81 millones, que incluían aproximadamente 40,4 millones de intereses previos al laudo. La defensa estatal logró reducir sustancialmente la pretensión. El resultado, sin embargo, mantenía una obligación de cientos de millones de dólares a cargo de Ecuador, dentro de una historia nacida de los reclamos por contaminación en la Amazonía.10

Hubo nuevos movimientos en 2026. La Procuraduría informó que una corrección dispuesta el 5 de febrero redujo el total de capital e intereses previos al laudo a 215,07 millones de dólares. El 17 de julio, Chevron y TexPet acudieron a una corte estadounidense para solicitar su reconocimiento y ejecución. En esa petición, las compañías calcularon un valor de 224,38 millones, con intereses posteriores, y afirmaron que el monto seguía sin pagarse. A esa fecha era una obligación que las empresas seguían intentando cobrar.11

Mientras esa cuenta avanzaba, la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco seguía reclamando justicia y reparación. En sus publicaciones de 2026, la organización denuncia la persistencia de los impactos de la contaminación y cuestiona que el Estado deba compensar a Chevron mientras las comunidades continúan exigiendo el cumplimiento de la sentencia ecuatoriana. Son dos obligaciones de distinta naturaleza y con destinatarios opuestos: una se refiere a la reparación que reclaman las personas afectadas; la otra, a la responsabilidad internacional atribuida al Estado por el tribunal arbitral.12

La distancia entre ambas atraviesa generaciones. El libro recuperaba una demanda presentada en 1993, después de décadas de explotación petrolera; las actuaciones de 2026 muestran la duración alcanzada por el conflicto. Para quienes viven en los territorios afectados, el paso del tiempo se relaciona con la salud, el acceso al agua y las condiciones de reproducción de la vida. En los expedientes de cobro, ese mismo tiempo produce intereses y nuevas actuaciones judiciales. El dinero y el daño comparten una historia, aunque sus posibilidades de reparación sean profundamente desiguales.

Lo que permanece al volver sobre el balance

Los 2336 millones estimados en Devastadora inversión pertenecen al conjunto de casos y a la información que reunimos entonces. Las trayectorias posteriores completan ese recuento sin que cada cantidad anunciada pueda sumarse a la anterior. Una indemnización puede quedar incorporada en un acuerdo posterior; el pago neto puede descontar obligaciones de la empresa, y un reclamo de intereses puede seguir controvertido. Al conservar esas diferencias se hace visible cómo una responsabilidad declarada se convierte, con los años, en una obligación que el Estado debe financiar.

Cada desembolso compromete recursos que tienen otros usos posibles. Una vez fijados el pago y su calendario, la obligación entra en las decisiones presupuestarias del país y debe atenderse junto con necesidades colectivas que siguen pendientes. El expediente puede identificar con precisión cuánto corresponde al capital, cuánto a los intereses y en qué fecha debe cancelarse una cuota. El costo de emplear esos recursos en la controversia es más amplio: también comprende aquello que el Estado habría podido financiar con ellos. Esa dimensión forma parte del balance económico, aunque no aparezca como un rubro dentro del laudo.

El costo de emplear esos recursos en la controversia es más amplio: también comprende aquello que el Estado habría podido financiar con ellos. Esa dimensión forma parte del balance económico, aunque no aparezca como un rubro dentro del laudo.

El costo se vincula con la promesa que justificó los tratados. Los estudios revisados en el libro ofrecían resultados heterogéneos sobre su capacidad de atraer inversión extranjera; para Ecuador no encontramos respaldo suficiente para presentar la firma de TBI como una garantía de mayores flujos de capital. Tampoco el ingreso de una inversión demuestra, por sí mismo, que sus beneficios alcancen a la población. El saldo depende de qué se produce, de los empleos y capacidades que se generan, de los impuestos que se pagan y de las consecuencias que quedan en los lugares donde se opera.

Las decisiones que construyeron ese régimen tuvieron actores dentro del país. El libro sigue las relaciones entre empresas transnacionales, grupos económicos locales, estudios jurídicos y funcionarios, y muestra continuidades entre gobiernos de distintas orientaciones políticas. El Estado negocia las garantías, concede derechos, regula y termina respondiendo por los compromisos asumidos. Por eso, la soberanía también se disputa en la definición de los intereses que orientan esas decisiones. La protección de una inversión adquiere un alcance distinto cuando sus obligaciones ambientales y sociales encuentran mayores dificultades para hacerse cumplir que sus derechos patrimoniales.

La seguridad jurídica tiene en estos casos un contenido distributivo. Para la empresa, importa la posibilidad de exigir el cumplimiento de las protecciones recibidas; para la población afectada, importa poder hacer efectivos sus propios derechos. Cuando una indemnización se acompaña de intereses y mecanismos de cobro mientras la reparación ambiental permanece pendiente, la desigualdad se prolonga en el tiempo. Unas obligaciones adquieren fuerza para movilizar las decisiones del Estado; otras deben seguir siendo reclamadas por quienes soportan el daño. El recorrido que va de los primeros acuerdos a las controversias más recientes conserva esa tensión entre la protección concedida al capital y las garantías que necesitan las personas.

Volver sobre estos casos exige examinar las cuentas públicas junto con la experiencia de las comunidades, cuyos daños no desaparecen cuando termina un arbitraje. La academia puede contribuir a esa labor en diálogo con las organizaciones y los territorios, contrastando las promesas de inversión con sus resultados. Mantener abierta esta discusión es parte de la capacidad colectiva de decidir qué inversiones necesitamos y qué condiciones de vida queremos proteger.


El libro «Devastadora Inversión: los tratados bilaterales de inversión en Ecuador» se encuentra disponible en este enlace.

Notas y fuentes

1. Pástor Pazmiño, Carlos, Anthony Pozo Barrera y John Cajas-Guijarro. 2022. Devastadora inversión. Los tratados bilaterales de inversión en el Ecuador. Coordinación y edición de Cecilia Chérrez Muirragui. Quito: Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo. Caso Occidental, pp. 54–55. El acuerdo de aproximadamente 980 millones y el pago de la última cuota en junio de 2016 constan también en la información soberana del Ecuador, apartado Legal Proceedings, p. 63. Documento soberano sobre Occidental

2. Pástor Pazmiño, Pozo Barrera y Cajas-Guijarro (2022, 67–69, 78–79, 104–108). El balance de al menos 2336 millones corresponde a los casos y fuentes de la obra. Denuncias territoriales: presentación de Alexandra Almeida, pp. 19–24.

3. Pástor Pazmiño, Pozo Barrera y Cajas-Guijarro (2022, 48–53). Procuraduría General del Estado, Rendición de cuentas 2017, caso Burlington y acuerdo transaccional, pp. 112–113: monto final acordado de 337 030 898 dólares y calendario de dos cuotas. Rendición de cuentas 2017

4. Procuraduría General del Estado. 2021. «Comité ad hoc de CIADI notifica su decisión final en Caso Perenco vs. Ecuador», 1 de junio. Neto de 374,373 millones, tras descontar daños ambientales y costos a favor de Ecuador, sujeto a intereses. Comunicado de la Procuraduría

5. Ministerio de Economía y Finanzas. 2022. «Gobierno pone fin a disputa internacional. Ministerio de Economía y Finanzas concretó mecanismo de pago de laudo a Perenco», 22 de diciembre. Acuerdo por 351,69 millones más intereses, con calendario hasta finales de 2023. Comunicado ministerial

6. Pástor Pazmiño, Pozo Barrera y Cajas-Guijarro (2022, 99–103). Acuerdo y saldo de la controversia de Ecuador TLC, Cayman y Teikoku; saldo redondeado a 318,7 millones.

7. Copper Mesa Mining Corporation v. Republic of Ecuador, caso CPA 2012-2, laudo de 15 de marzo de 2016, párrs. 7.30–7.32 y 11.5. La reducción del 30 % corresponde a Junín. El monto con intereses de 24,365 millones fue divulgado por la compañía el 1 de junio de 2016; el acuerdo de 20 millones fue anunciado el 2 de agosto de 2018. Laudo · Comunicado de 2016 · Acuerdo de 2018

8. Pástor Pazmiño, Pozo Barrera y Cajas-Guijarro (2022, 64–67, 76–77, 84–93, 113–116). Casos favorables al Estado y recuento histórico de costos de defensa de la CAITISA. Los 156 millones no se añaden al balance de 2336 millones.

9. República del Ecuador. 2023. Información sobre procedimientos legales en la documentación del acuerdo de financiamiento de 25 de abril de 2023, p. 95. Identifica el pago de 96,4 millones más 16,4 millones de intereses en el arbitraje anterior de Chevron. Se distingue del procedimiento CPA 2009-23 sobre Lago Agrio. Información financiera oficial

10. Procuraduría General del Estado. 2025. «Caso Chevron: Procuraduría evita que Ecuador pague más de USD 3,130 millones», 8 de diciembre. Comunica el laudo de cuantificación de 17 de noviembre de 2025, de 220 806 941,94 dólares, frente a una pretensión superior a 3350 millones con intereses. Comunicado de diciembre de 2025

11. Procuraduría General del Estado. 2026. Comunicado de 12 de febrero: total informado de 215 073 244,43 dólares tras la corrección. Chevron y TexPet, Petition to Confirm Arbitration Award, 17 de julio de 2026, párrs. 56–63: pretensión de cobro de 224 380 051,06 dólares con intereses, que las empresas declaraban impagos. Corrección comunicada por la Procuraduría · Petición judicial de julio de 2026

12. Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), «Caso Chevron», Edición 2 de 2026. Antecedentes judiciales: Pástor Pazmiño, Pozo Barrera y Cajas-Guijarro (2022, 55–59). Consulta documental hasta el 17 de noviembre de 2026. Publicaciones de la UDAPT

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