Evaluación de la Ley Trole 3: mutilación de autofinanciamiento y crisis artificial de liquidez

Esta ley económico-urgente mutila instrumentos de auto-financiamiento que tiene el Estado, como son la banca pública y el banco central. La aplicación de esta propuesta de ley significaría una crisis artificial de liquidez con consecuencias nefastas para toda la ciudadanía y para las pequeñas empresas.

Hoy, Moreno entregó en la Asamblea el texto de la Ley Trole 3, un proyecto de ley urgente que cumple a pie de letra el neoliberalismo criollo y que tiene 30 días para aprobarse o archivarse. Si no se lo procesa, entrará en vigencia como decreto-ley, así como entró en vigencia la Ley Trole 2.

En la anterior entrega, explicamos sobre el recorte fiscal de $2600 millones que se busca mediante una «regla fiscal» de superávit primario.

A continuación, profundizamos los otros artilugios insertados en la ley por la banca y sus voceros para someter al Estado creando crisis artificiales de liquidez con consecuencias nefastas para la población y las pequeñas empresas. Para ello, vamos a requerir un contexto inicial.

2. Mutilación del autofinanciamiento estatal 

El Estado ecuatoriano, sobretodo en dolarización, para poder proveer servicios públicos a la población, requiere de financiamiento. Los ingresos petroleros y tributarios tienen límites materiales y políticos. Pero adicionalmente, puede acceder a financiamiento. Una manera de financiarse es con excedentes de liquidez que existan en otras instituciones públicas. Otra, es pedir a bancos privados (nacionales o extranjeros).

La banca, quien dominó durante mucho tiempo la política nacional, en conjunto con el FMI, habían prohibido que el Banco Central preste dinero al Estado. Pero la banca privada (nacional y extranjera) sí podía prestar al Estado. Lo curioso es que cuando el Estado necesitase dinero, la banca privada podía decidir si prestarle o no, en qué condiciones, y a cambio de qué favores del gobernante. Claro está, que si el Estado podía recibir préstamos del Banco Central, el Estado tenía mayor «autonomía relativa» – es decir, mayor capacidad de negociación ante el poder de los banqueros (nacionales y extranjeros).

Durante el gobierno de Rafael Correa, se modificaron leyes que permitieron que el Banco Central y los otros bancos públicos (incluyendo el Banco de la Seguridad Social – el BIESS) puedan prestar dinero al Estado. Esto significó que el Estado pudo continuar creciendo en los servicios públicos, se ahorró miles de millones en intereses y pudo hacerlo con soberanía – sin ceder a los caprichos de los banqueros nacionales o internacionales. Y además, los bancos públicos ecuatorianos crecieron en tamaño y en utilidades.

En total, según el Panorama Financiero, la banca pública (excluyendo el BIESS) todavía mantiene un saldo de $5374,3 millones de préstamos otorgados al Estado. El volumen total colocado (porque una vez que se presta, se repaga, se vuelve a prestar, etc) debe ser cinco veces superior. Esa es la magnitud del alivio que permitió el auto-financiamiento estatal. El Estado prestándose a sí mismo, ¿cuál es el problema?

Nada de esto le gustaba a la banca privada. Ellos estaban acostumbrados a dominar a los políticos mediante el control del financiamiento. Hoy argumentan que los balances del Banco Central han sido despojados, entre otras calumnias pseudo-técnicas, sin rigurosidad contable ni monetaria.

Por esta razón, incluyeron la Sección Sexta en la Ley Trole 3 y dos disposiciones transitorias (11 y 12) donde prohiben al Banco Central y a instituciones financieras públicas (incluyendo el BIESS) a prestarle dinero al Estado. Y además, establecen que las inversiones ya prestadas tienen que liquidarse pues ya no podrán ser renovadas.

El impacto que buscan es chuparle $5374,3 millones de liquidez al Estado para que las cuentas se vean bien, porque es dinero que el Estado debe al Estado. Pero al crear esta división artificial entre instituciones públicas, y como el Estado no tiene a la mano $5374,3 millones, promueven que el Estado se endeude en el exterior para saldar estas operaciones y ahí sí tener un verdadero problema de endeudamiento externo.

Algunos economistas extremadamente ortodoxos pudieran argumentar que el Banco Central no debe dar préstamos a nadie, ni al Estado ni a los banqueros. Un ingenuo estaría de acuerdo. Pero, ¿por qué entonces prohiben que los demás bancos públicos presten al Estado? Y si es tan malo prestar al Estado, ¿por qué la banca no se prohibe a sí mismo, legalmente, prestar al Estado? (La banca ecuatoriana sí le presta miles de millones anuales al gobierno de Estados Unidos) Porque lo que buscan es poder, para someter al Estado ecuatoriano en términos financieros y en términos políticos.

Además, la ley impediría que el BIESS adquiera títulos emitidos por el Estado. El BIESS tiene inversiones, redondeando, por $10 mil millones en el Estado. Si ya no puede invertir ese dinero en títulos públicos, ¿dónde va a colocar ese dinero? La respuesta es simple, como era antes: en los grandes bancos nacionales y en bancos en el exterior, ganando tasas de interés irrisorias.

¿Qué consecuencias tendrá esto? El Estado no podrá acceder a más de $5000 millones en el corto plazo, al menos que sea con el FMI. Con o sin FMI, eso implicará un rapidísimo y nefasto ajuste – un nuevo suicidio fiscal – esta vez por el lado de la liquidez, que ocasionaría un perjuicio terrible para toda la cadena de pagos de la economía: profesores que no reciban sus sueldos que no puedan pagar sus tarjetas de crédito, contratistas que no reciban sus pagos y no paguen a sus proveedores, proveedores que no reciban sus pagos y despidan a sus trabajadores. Es decir, quiebra generalizada de la pequeña economía y un fuerte impacto negativo en el sistema bancario. En ese punto estaríamos muy cerca de un estallido social que llevaría al fin de la dolarización tal como la conocemos ahora.