Este Observatorio, en colaboración con distintos grupos de la sociedad civil y de la academia, se encuentra analizando la Ley Económico-Urgente, cuyo sobrenombre es #Trole3 por la gran cantidad de leyes que se modifican. Las partes 1 y 2 están aquí.
Hoy, 29 de mayo, cinco días calendario después de haber sido entregada la Ley Urgente en la Asamblea, fue calificada y remitida a la Comisión de Desarrollo Productivo y Microempresa; no a la Comisión de Régimen Económico y Tributario, como era lo obvio y esperado. Vale recordar que las leyes urgentes requieren modificación o archivo en 30 días o sino entran en vigencia como decreto-ley.
En esta tercera entrega, mostraremos nuestra preocupación respecto a las implicaciones de la Ley Trole 3 para los trabajadores.
La Disposición General Tercera del proyecto de ley dice así:
El Servicio de Rentas Internas ha estimado que la remisión (el perdón de intereses, multas y recargos a cambio del pago de impuestos que antes estuvieron en disputa, generalmente el impuesto a la Renta) generará una recaudación de $602 millones en los siguientes 90 días.
Asumiendo una tarifa del 22%, esto significa que estas empresas reconocerían implícitamente que buscaron esconder $3219 millones en utilidades mediante diversas técnicas de fraude contable pero que el SRI los descubrió y prefieren pagar el impuesto correspondiente a tener que lidiar con juicios.
Sin embargo, la legislación laboral ecuatoriana indica que el 15% de las utilidades se deben entregar a los trabajadores. Si $3219 millones en utilidades fueron escondidas, a los trabajadores les tocaría $483 millones.
Sin embargo, la disposición general tercera incluida en el proyecto de ley remitida por el Presidente de la República Lenín Moreno viola un principio elemental de la transparencia y prohibe que se actualice la contabilidad de la empresa. Se prohibe que se actualice la «utilidad del ejercicio» y se prohibe actualizar la participación a los trabajadores dispuesta por el artículo 97 del Código del Trabajo.
Esta acción, en sí misma, es una clara violación constitucional a los derechos de los trabajadores.
Sin embargo, este proyecto de ley también busca derogar el artículo principal de la Ley de Defensa de los Derechos Laborales. Este artículo permitía que el Ministerio del Trabajo pueda, mediante coactiva, cobrar a los dueños de las empresas que hayan perjudicado a trabajadores si el dueño de la empresa escondió sus recursos o vació la empresa.
Lamentablemente, la preocupación no concluye ahí. El proyecto de la ley Trole 3 incluye una modificación a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y una disposición legal a todo el sector público de reducir el tamaño del Estado y a suprimir y a liquidar a personal. Incluso, dispone que todos los concursos de merecimientos y oposición del servicio público queden suspendidos. «Supresión» quiere decir que personas aún con estabilidad laboral pueden ser despedidas.
Como se explica en las entregas anteriores (1 y 2), desvincular a personal del servicio público es un objetivo de la ley ante la reducción brutal del Presupuesto, normado en esta Ley «Trole 3», que este Observatorio estimó en $2600 millones anuales y que Abelardo Pachano estimó en $3200-$3300 millones anuales.
Observatorio de la dolarización 
Dios Santo….. por favor amarrénlo a Moreno ….
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Moreno es íntimo socio de la utra derecha del Ecuador, debemos entender el fondo de las personas, del sistema que nos rige desde siempre, dejemos de ser ingenuos!
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