La alternativa a la remisión de la Trole 3

La remisión es el perdón de las multas, recargos e intereses. La Ley Trole 3 incluye una amplia remisión tributaria, arancelaria, aportes patronales de la seguridad social, de multas de tránsito, servicios públicos, gobiernos autónomos descentralizados, entre otros.

El SRI ha publicado toda la información de las deudas en firme y de las deudas impugnadas. Las 500 mayores deudas en firme suman $1363,5 millones (más intereses y recargos). Las 500 mayores deudas impugnadas suman $2937,6 millones (más intereses y recargos). Lamentablemente, el monto de los intereses solo se puede ver empresa por empresa, lo cual dificulta el acceso efectivo a la información.

Solo en deudas de impuestos (sin considerar intereses), el sector privado debe al Estado $4291,1 millones. A propósito de la transparencia, en vista que se están contabilizando los pasivos del Estado, podría ser interesante contabilizar todas las acreencias en favor del Estado. Lamentablemente, solo el SRI facilita la información de manera transparente aunque dificultosa. No contamos con la información del IESS (ni agregada ni pormenorizada), salvo una estimación de $189 millones que se recaudaría por concepto de remisión por aporte patronal.

Tampoco sabemos quiénes deben aranceles al Servicio de Aduana, ni quiénes deben multas por infracciones de tránsito, ni qué empresas deben a las empresas públicas por agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones. Esta información no ha sido transparentada por las distintas instituciones.

Sin embargo, la información sí existe. Y debía ser un elemento fundamental a ser analizado por el Ministerio de Economía y Finanzas previo a la emisión del dictamen favorable de la Trole 3. Sin embargo, el dictamen del Ministro hace referencia a «informes internos» sin número, lo que hace pensar que los mismos no existieron a la fecha del dictamen, lo que sería una violación al principio de la transparencia en la cosa pública. El País debe conocer el contenido pleno de estos «informes internos» citados por el Ministro. Quizás ahí consten los montos de las deudas al Estado.

La información del SRI permite calcular exactamente las cantidades que se perdonarían con la remisión tributaria de esta ley.  Analicemos algunos ejemplos:

• Bananera Noboa (del tío político del Ministro de Comercio Exterior, candidato presidencial perdedor y titular offshore) debe $70,9 millones y solo con la remisión tributaria, se le perdonaría $41 millones (intereses y multas);
• Banco Pichincha (del dueño de Teleamazonas y banquero offshore Fidel Egas) debe $39,4 millones y se le perdonaría $18,1 millones;
• Banco Guayaquil (del eterno candidato y banquero offshore Guillermo Lasso) debe $6,1 millones y se le perdonaría $3,5 millones;
• Liquors (importadores de licores) debe $46,8 millones y se le perdonaría $26,4 millones;
• Odebrecht (empresa responsable por corrupción mediante empresas y bancos offshore cuyos representantes fueron absueltos en el Ecuador) debe $11,8 millones y se le perdonaría $4,5 millones; y,
• Alex Bravo (corrupto confeso, ex gerente de Petroecuador, titular de cuentas offshore y condenado a prisión) debe $6,3 millones y se le perdonaría $3,9 millones.

Como dice Juan Paz y Miño, la Trole 3 se une a los grandes desfalcos como la sucretización o el salvataje bancario. Pero la remisión no es «la única opción» como tradicionalmente nos quiere hacer creer el discurso dominante de quienes claramente se verán beneficiados.

La legislación ecuatoriana ya contempla una alternativa para poder cobrar estas deudas sin perdonar a grupos económicos poderosos. El Código Orgánico de la Producción dispone que las empresas tienen el derecho de libre transferibilidad de divisas al exterior siempre y cuando hayan cumplido sus obligaciones tributarias y laborales. Solo se necesita una norma (podría ser de jerarquía legal ordinaria o inferior) que establezca como requisito para realizar transferencias al exterior el que no mantenga deudas en firme con el Estado (SRI, IESS, banca cerrada, servicios públicos) o que no las haya impugnado. Con una norma de estas características, en un mundo globalizado y offshore–izado de hoy, es seguro que las empresas pagarán sus obligaciones para poder seguir realizando transacciones al exterior.

Así como la banca tiene la central de riesgos (monopólica y transnacionalizada «Equifax») para llevar el registro de todas las deudas a la banca; el Estado fácilmente puede tener un historial de deudas al Estado. Así como lo ha hecho el SRI, esa información debe ser transparente y públicamente disponible y accesible. Los grandes deudores no merecen perdón de intereses, merecen el estigma del contribuyente honesto y responsable.

Esta es la alternativa a la remisión, la cual no solo beneficiaría a las cuentas públicas y a la ética empresarial sino también a la sostenibilidad monetaria – es decir, a la dolarización.