Breve relación de las movilizaciones de octubre de 2019

A continuación reproducimos un texto publicado originalmente en el Libro «Resistiendo a la Trole 4: la evidencia para el archivo de la ley», que hace referencia a uno de los eventos que marcaron el año 2019. Resulta conveniente, frente a la revisión que pudiesen hacer los medios corporativos (que, por ejemplo, podrían no haber dado cobertura a las jornadas de movilización, pero luego podrían decir que el terror se apoderó del país… antes ya han mostrado su desinterés en rectificar), contar con una perspectiva que aporta con fuentes para que el lector se pregunte acerca de lo que sucedió en octubre y profundice para encontrar una respuesta en su entorno próximo y no tan próximo.

Antecedentes

La génesis del paro no se debe ver en el anuncio del Presidente del retiro de subsidios a los combustibles, sino que bien puede interpretarse que proviene de un cúmulo de acciones y decisiones, del gobierno nacional, que configuran un aparato estatal que transfiere rentas hacia los sectores más pudientes de la población en desmedro de los demás sectores:

Su gabinete, desde el inicio, contó con una fuerte participación de representantes de empresarios, algunos relacionados con las empresas transnacionales.
La Ley Trole 3 (Ley para el Fomento Productivo…) incluía remisiones a los deudores del Estado, desprotegía al país frente a laudos arbitrales abusivos, mutilaba herramientas de política monetaria para favorecer el endeudamiento extranjero y la emisión secundaria de bancos privados.
Eliminó el dinero electrónico como servicio público de fácil acceso para todos los ciudadanos.
Se generaron fuertes dudas acerca del accionar de la defensa ecuatoriana frente a los laudos extranjeros amparados en tratados bilaterales de inversión. Inclusive, el Presidente ecuatoriano fue galardonado por una fundación financiada por uno de los beneficiarios de los laudos.
Hubo despidos masivos de funcionarios públicos. Lejos de significar una optimización del Estado, coincidió con varios inconvenientes en la provisión de servicios públicos.
El plan de austeridad ha significado un conjunto de medidas procíclicas que han disminuido la inversión, aumentado el desempleo y aumentado el endeudamiento extranjero (de acuerdo con algunos análisis, ya estamos en recesión).

Como respuesta a esta situación, de acuerdo con algunos como auto-provocada, el gobierno nacional ve como positivo un acuerdo con el FMI, acerca del cual realmente no se dispone mucha información. Producto de una acción legal de acceso a la información, se llegó a conocer que los fondos provenientes del FMI serían destinados a los pagos de laudos del punto 4 y al servicio de deuda extranjera favorecida por el punto 2.

En ese contexto, el Presidente anuncia, con el objetivo explícito de llegar a un acuerdo con el FMI y después de una semana de propiciar especulaciones entre la población acerca de un probable aumento del IVA, las siguientes medidas económicas:

Eliminación de los subsidios a los combustibles extra y diésel.
Devolución de impuestos a las exportaciones
Reducción a la mitad del Impuesto a la Salida de Divisas
Reducción del número de declarantes de la Retenciones de impuestos
Eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta
Reducción del 20% del salario de los servidores públicos y reducción de sus vacaciones a la mitad, equiparando sus vacaciones a las del sector privado.
Fomento de teletrabajo
Establecimiento de un contrato laboral para emprendimientos, acerca del cual se desconocen los detalles
Otras reformas laborales de las cuales también se desconocen los detalles
Reducción de aranceles

El primer punto fue ejecutado inmediatamente a través de Decreto Presidencial Nro. 883, provocando, primeramente, un paro de transportistas, al que se unieron prontamente la dirigencia indígena (CONAIE), un sector de los trabajadores (FUT) y algunos estudiantes universitarios. De hecho, muchos de estos sectores ya venían anunciando movilizaciones desde meses anteriores, lo que refuerza la noción de que no fue la eliminación de los subsidios a los combustibles la principal razón de las movilizaciones, quizás ni siquiera los anuncios previos del gobierno, sino todo el conjunto.

El papel de la prensa

El papel de la prensa nacional de mayor audiencia fue, sin lugar a duda, lamentable. Conforme las movilizaciones avanzaban, menor era el espacio que la prensa les daba. En redes sociales se viralizaron grabaciones de reporteros en las calles en los que, si el entrevistado no respondía conforme el parecer del reportero, el micrófono era retirado. Cuando las manifestaciones iban en aumento, tanto en número de participantes como en actividad, los medios de mayor audiencia decidieron pasar, en una cadena nacional de facto, la concentración, aparentemente menos numerosa, de personas convocadas por el ex-alcalde Nebot, la alcalde Viteri y algunos representantes del empresariado regional en apoyo al Presidente Lenin Moreno. Los noticieros regulares optaron por reducir las movilizaciones a actos vandálicos, saqueos esporádicos, intereses particulares de una dirigencia transportista a la que desprestigiaban, y una situación casi totalmente normal. En los momentos en los que la violencia era mucho mayor (tanto de las manifestaciones como de la fuerza pública), la programación nacional se limitaba a dibujos animados. Los medios públicos sólo modificaron su programación regular cuando la sede Quito del canal Teleamazonas fue vandalizada, pero siguieron sin transmitir imágenes de las movilizaciones, sólo de los daños a las instalaciones del canal.

Es en este contexto que muchos ciudadanos optaron por acudir a los medios alternativos, en su mayoría aquellos que tenían transmisiones exclusivamente a través de redes sociales, para informarse, por lo menos, de las vías que estaban cerradas, de los recursos que se encontraban inaccesibles, y de las razones por las cuales se veían columnas de humo en toda la ciudad, especialmente en El Arbolito. Muchos de quienes accedieron a los medios alternativos se encontraron con una realidad absolutamente distinta a la que percibían desde sus televisores. Es conveniente señalar que los contenidos compartidos en redes sociales también cuentan con sus limitaciones y peligros: en particular, por los algoritmos propios de las empresas de redes sociales, uno accede a contenidos cada vez más afines a su forma de pensar conforme los contenidos a los que ha accedido previamente, llevando a distanciarse paulatinamente de lo que podría llamarse la postura central o promedio (aunque existe una discusión acerca de si este efecto es real o no).Todos nos desplazamos hacia alguna tendencia.

Acerca de las distintas visiones

La violencia

Debe recordarse, como se mencionó en apartados anteriores, que las primeras reacciones de la prensa nacional fueron describir las movilizaciones como actos vandálicos y saqueos esporádicos, y desprestigiar a sus principales dirigentes. En este marco, se entiende que la primera reacción de la población sea defender su propiedad y exigir la participación de la fuerza pública.

El papel de la fuerza pública es discutible, y depende de las simpatías del espectador. Una porción de la población, de mayor afinidad con los manifestantes, y que coincide con aquella que accedió a información mayoritariamente a través de redes sociales, vio el actuar policial como una represión innecesaria a protestas pacíficas, y hasta con utilización de tácticas desleales de engaño. Por otro lado, quienes mostraban una menor afinidad con los manifestantes, defendían el papel de la fuerza pública, y más bien solicitaban un mayor uso de la fuerza para el restablecimiento del orden; entre ellos, algunos analistas políticos entrevistados por los medios de comunicación a los que se ha hecho referencia antes.

Los efectos del “gasolinazo”

En la discusión se redujeron las medidas anunciadas por el Presidente a los subsidios a los combustibles. Si bien hubo voces, desde los dirigentes indígenas hasta individuos de impacto marginal, que advirtieron acerca del resto de las medidas, no se realizó ningún análisis acerca de sus efectos.

Existe un relativo consenso respecto a que los subsidios a los combustibles deben eliminarse, sin embargo, la aplicación abrupta de la medida tendría efectos no deseados:

Inflación de entre 3% y 15% para el año 2019 (con intervalos de confianza del 95% que irían entre 1% y 20% de inflación), considerando que el 2019 es un año que ya se está terminando.
Se profundizaría una recesión que ya se venía anunciando.
Su efecto absoluto podría ser mayor en los ricos con automóviles más grandes y fábricas, sin embargo, en términos relativos con respecto al ingreso, puede ser muchísimo mayor para los quintiles más pobres.
La medida busca reducir el consumo de contrabandistas y, particularmente, narcotraficantes. Pero, en etapas tardías de la manifestación, se involucraron en la discusión analistas que hicieron referencia al peso marginal del subsidio con respecto a las ganancias de los narcotraficantes.

La participación en las manifestaciones

Dada la falta de información por parte de los medios de comunicación y por parte de canales oficiales, gran parte de la población desconoce, o al menos, duda, acerca de la participación real de la población en las manifestaciones. De acuerdo con algunos mensajes en redes sociales, las manifestaciones se redujeron al 7% de la población, que corresponde a la población indígena de acuerdo con el censo nacional de 2010.

Pero, la participación en las manifestaciones parece haber sido mucho más considerable. Las manifestaciones en Guayaquil antes de la llegada de los indígenas, la cantidad de donaciones recibidas en las zonas de paz para atender a los manifestantes indígenas, que inclusive llevó a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a pedir que se dirijan las donaciones a otros centros, la participación espontánea de varios barrios de la ciudad durante el día 10 de octubre, la toma de gobernaciones en varias provincias del país, los primeros minutos del cacerolazo (al que me referiré después), los memes que circularon durante y después del Diálogo por la Paz, además de la participación en redes sociales, dan cuenta de que la participación en las manifestaciones debió ser muchísimo más numerosa y diversa, y que seguramente hubo muchos que apoyaban sin salir de sus casas, aunque no me atrevería a dar números porque no cuento con una metodología rigurosa de estimación.

Recopilación de memes durante el último día de las movilizaciones de octubre.
Descargo: las imágenes se comparten exclusivamente con fines informativos, ilustrando el contenido del artículo; el autor del artículo no se responsabiliza por los contenidos y declara desconocer a los autores de las imágenes.
Nota: Algunas imágenes pueden herir sensibilidades.

Han existido también expresiones calificando a las manifestaciones como un chantaje al gobierno; como la forma de imponer medidas por parte de un grupo minoritario, pero agresivo, de la población sobre el resto, a través del uso de la fuerza. Sin embargo, no se ha discutido acerca del cabildeo y la captura del Estado, que tiene el monopolio del uso de la fuerza, para implementar medidas que responden a los intereses de un grupo minoritario (vinculado con la participación de los representantes empresariales en el gabinete de gobierno).

El cacerolazo

Una de las confusiones más cómicamente absurdas de la jornada fue el cacerolazo. Una vez declarado el toque de queda en Quito, durante la noche se escucharon en casi todos los barrios de la ciudad el golpeteo de las cacerolas y las cucharas.

Históricamente, los cacerolazos son expresiones de rechazo a la autoridad investida por sus decisiones, particularmente económicas, que tienen como consecuencia la falta de recursos para llenar las cacerolas. Sin embargo, en esta ocasión, apenas se escucharon los primeros cacerolazos, el canal Teleamazonas interpretó, y así lo hizo saber a sus televidentes, que era en apoyo por los daños sufridos en horas de la tarde y pidiendo por la paz en contraste con la violencia presentada exclusivamente por los manifestantes. Este mensaje hizo eco en las redes sociales (inclusive en la Ministra de Gobierno), y después de una hora, ya nadie sabía de qué se trataba el cacerolazo. Seguramente habrá que indagar acerca del origen de las convocatorias, pero ni de Teleamazonas ni de televisora alguna provinieron.

Las demandas de los manifestantes

Las demandas de los manifestantes incluían la derogación del Decreto Presidencial 883, que eliminaba los subsidios a la gasolina extra y al diésel, pero también incluían la “derogatoria inmediata de todos los decretos presidenciales que amparan el Estado de Excepción y el Toque de Queda”, “se conforme una Auditoría de los costos que le significan al país la Ley de Fomento Productivo y su respectiva reforma”, el “Control de Constitucionalidad a todas las medidas económicas y leyes que el Presidente pretende llevar adelante”, “que el gobierno nacional transparente los Acuerdos a los que llegó con el FMI”, la “inmediata separación” de los Ministros Romo y Jarrín, la reparación “de forma integral” de los “detenidos, desaparecidos, torturados, asesinados en estas jornadas”, que “las concesiones extractivas sean analizadas y revisadas bajo el ordenamiento jurídico vigente” y, a la Asamblea Nacional, “que apruebe en el menor plazo posible una nueva Ley de Extinción de Dominio, que posibilite la incautación de los bienes de los procesados en casos de corrupción”.

El discurso oficial

El gobierno nacional emitió varias cadenas nacionales y algunas entrevistas internacionales, en las cuales dejó clara su postura:

Las protestas se limitan al subsidio a los combustibles, y estas medidas no eran negociables.
Las medidas son producto del mal manejo de la década pasada
Sólo los indígenas participaban en manifestaciones pacíficas. La violencia en las manifestaciones son producto de un golpe de Estado orquestado desde el exterior, señalando como responsables de ello al ex-presidente Rafael Correa y al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El intento de golpe de Estado sería financiado con el dinero robado a los ecuatorianos y con fondos de los contrabandistas, los principales afectados por el retiro de subsidio a los combustibles.

El Diálogo por la Paz

Por mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y de la coordinación de las Naciones Unidas en el Ecuador, los representantes del movimiento indígena y los representantes del gobierno nacional se reunieron para detener las movilizaciones y la violencia en las calles.

Más allá de cualquier apreciación personal, la memerología local no fue muy benigna con las autoridades. En términos generales, desde el equipo de gobierno no se mostró ninguna novedad, pero desde los dirigentes indígenas se presentó un manejo sorpresivo de datos y propuestas de políticas públicas. Después de 6 días de enfrentamientos en la capital del Ecuador, el gobierno nacional aún no tenía un discurso argumentado para explicar a la población la necesidad y urgencia de las medidas.

Cabe destacarse dos hechos: a) Jaime Vargas, dirigente de la CONAIE, recalcó que se encontraban allí defendiendo los intereses del pueblo, no sólo de los indígenas; b) aunque la negociación se suponía iba a ser televisada, realmente se televisaron las primeras intervenciones, después se pidieron quince minutos para asesorías, pero terminaron convirtiéndose en más de dos horas.

El resultado fue un acuerdo en el que se deroga el Decreto Presidencial 883 y se dispone una comisión de trabajo para un nuevo decreto que focalice los combustibles e impida que sean usados para contrabando y narcotráfico. El acuerdo no incluyó ninguna de las otras demandas de los representantes indígenas.

Epílogo: el ojo del tornado

Después del Diálogo por la Paz, tomó cerca de un día para que el gobierno emitiera el decreto derogando la eliminación de subsidios. Inmediatamente los pasajes de transporte público regresaron a su nivel anterior.

Sin embargo, durante la madrugada después del Diálogo por la Paz, se detuvieron personas vinculadas con el correísmo, inclusive autoridades electas en ejercicio de sus funciones, se allanaron domicilios y se detuvo a otros dirigentes sociales. Se removieron de su cargo a dos miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y uno de sus reemplazos es reconocido por haber demandado al ex-presidente Correa. Aún queda la duda de si esos cambios son producto de un llamado de atención por el excesivo uso de la fuerza, o una preparación para futuros levantamientos a los que se proponga responder de forma más enérgica.

Los medios digitales que cubrieron las protestas también han expresado preocupación, y en una rueda de prensa la Ministra de Gobierno ya los acusó de extender noticias falsas.

En redes sociales se solicita al alcalde Jorge Yunda, de la ciudad de Quito, su renuncia, aparentemente por la falta de uso de medios para someter a los manifestantes. Curiosamente, una Junta Cívica de Quito, conformada especialmente por representantes empresariales y el alcalde, no logró resolver ningún tipo de acción, y se limitó a una declaración de condena a actos vandálicos.

Digresión: no hay paz sin justicia, ni el fin justifica los medios

Difícilmente uno puede decir que se haya ganado algo. No caben las celebraciones. El saldo de todo este proceso es muertos, heridos, desaparecidos, apresados con todo tipo de procedimiento, pérdidas en el campo, en infraestructura, en comercio y hasta en amistades. Y ni siquiera se han planteado soluciones de fondo. Sólo se ha derogado una medida que la mayoría es consiente que eventualmente debe tomarse, independientemente de la planificación y focalizaciones que se apliquen, de allí que el acuerdo incluye la elaboración de un decreto sustitutivo. De hecho, el Presidente ha manifestado, en cadena nacional, que seguirá con todas las medidas anunciadas los primeros días de octubre.

Resulta difícil hablar de responsabilidades: ha existido falta de planificación y comunicación en políticas públicas, indicios de captura de instituciones del Estado, ocultamiento sistemático de información, desinformación, violencia, daños a la pequeña propiedad privada, restricciones a la movilidad, restricciones al trabajo, daños a infraestructura pública, daños al patrimonio histórico, incendios, contaminación, hipocresía, racismo, regionalismo, oportunismo, privación de la libertad, uso de armas letales, uso de armas de fuego de fabricación artesanal, paranoia, conspiracionismo… ¿era indispensable llegar a esos levantamientos? ¿quién pudo haberlo evitado? ¿existían otros canales viables de protesta?