Instituto de Investigaciones Económicas-UCE: Un nuevo acuerdo con el FMI solo ahogará más la compleja situación de Ecuador

Este Observatorio ya ha puesto a disposición del público otros artículos acerca de la experiencia que se tiene en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien este es un contexto fundamental a tomar en cuenta, debe notarse, sin embargo, que es siempre conveniente que todos los textos de los acuerdos sean publicados, debidamente traducidos, para poder contar con análisis detallados y completos, además del mínimo ejercicio de transparencia por parte de quien ostenta el poder a nombre de sus electores.

Como un aporte a la discusión, nos permitimos compartir un comunicado del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador, emitido el 29 de agosto de 2020. El énfasis y enlaces de referencia son nuestros.

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EL OTRO (NUEVO) ACUERDO CON EL FMI:ECUADOR FRENTE A UN NUEVO AHOGO

El 28 de agosto de 2020 el presidente Lenin Moreno anunció «un acuerdo técnico con el FMI para acceder a usd 6.500 millones para protección social y reactivación». En efecto, se trataría de una nueva carta de intención con este organismo internacional, después de la firmada en marzo de 2019 por usd 4.200 millones; en ésta se entretejerían exigencias tales como:

[R]educir el gasto relacionado con la crisis el próximo año e implementar un paquete de reforma fiscal que incluye una moderación del gasto corriente y de capital, una reforma tributaria inteligente e integral, y una mejor gobernanza del gasto público […] las reformas incluyen el fortalecimiento de las bases institucionales del Banco Central y la mejora de la supervisión del sector financiero.

FMI, Comunicado de prensa de 28 de agosto de 2020

Ante esta —considerada por nosotros— nueva arremetida, el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador advierte que la carta de intención complicará aún más la situación económica y social del país a pesar del edulcorado lenguaje utilizado. Previo a la pandemia, y con el primer acuerdo con el FMI, el escenario no era alentador, imperaban el aumento de la pobreza y la desigualdad; los indicadores laborales de diciembre de 2019 así lo demuestran. Por otro lado, de los catorce indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), que tienen la finalidad de orientar la política pública en procura del mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos, diez muestran un alarmante deterioro incluyendo entre los principales el aumento del trabajo infantil y la pobreza multidimensional rural. Con la emergencia sanitaria, estas cifras empeoran. 

Según las proyecciones de la Cepal para 2020, el Ecuador será de los países en los que más se incremente la inequidad: el índice de desigualdad aumentaría para 2020 en 6 puntos porcentuales con un coeficiente de Gini cercano a 0,53; además el índice de pobreza pasaría del 25,7% al 32,7% entre 2019 y 2020, dejando a la vista un incremento muy preocupante de 7 puntos porcentuales. Igual escenario se prevé en términos de la pobreza extrema donde este indicador aumentaría del 7,6% al 12,7%. Todo esto —por cierto— en una perspectiva de cifras más bien conservadora frente a la grave crisis del país.

Desde luego, las medidas de ajuste y recortes en el sector público tienen una estrecha relación con el quebranto de las condiciones de vida de la población, incluida, por supuesto, la aplicación de este acuerdo con el FMI. Así lo indica el estudio realizado por Forster, Kentikelenis, Reinsberg, Stubbsce y King (2019), en el que se observa cómo los países que aplican las medidas/recomendaciones de este organismo internacional ven aumentar la desigualdad en tan solo un año. Por tanto, —en nuestro entender— aplicar un nuevo acuerdo terminaría por ahogar al Ecuador en la mayor crisis de su historia.

Las medidas planteadas de manera ambigua en las nuevas exigencias por parte del FMI  implicarían: (1) más recortes y, por tanto, menos inversión en salud y educación; (2) incremento de despidos en el sector público; (3) una reforma tributaria que pretendería aumentar el iva o gravar a nuevos bienes —como alimentos— tal cual indica el primer acuerdo y la eliminación del ISD; (4) autonomía del Banco Central frente al Estado, pero, a la vez, una alta dependencia con ciertos grupos financieros de poder que también intentan mantener los dólares fuera del país con la eliminación del coeficiente de liquidez doméstica; todos intentos que ya fueron rechazados con el archivo de la Ley de Crecimiento Económico.

El retraso y no pago a los servidores públicos y proveedores del Estado evidencia una estrategia para legitimar como única posibilidad de salida de esta crisis a un nuevo acuerdo con el FMI, posición desacertada como se observa en la evidencia empírica presentada regularmente por el IIE-UCE. Según cifras del Banco Central del Ecuador, el sector público no financiero, enero a mayo, ha tenido una reducción del 16% de sus ingresos al pasar de 15.491 millones de dólares en el año 2019 a 12.938 millones de dólares en el año 2020, reducción que no contempla junio, julio y agosto de 2020, en donde el gobierno esperaba mejorar la recaudación de impuestos, otra mentira más del Ministerio de Finanzas, ya que según lo expuesto contaría con los recursos necesarios para cancelar puntualmente los sueldos y salarios del sector público que ascienden alrededor de los 780 millones de dólares mensuales.

Sin dejar de reconocer la compleja situación actual, es menester destacar, en primer lugar, que los ingresos del Estado han sido limitados por sus propias decisiones de política económica y apalancadas por ciertos asambleístas que apoyaron la Ley de Fomento Productivo. A esto, se suma la pandemia como un «shock externo», sin embargo, la recuperación del precio del petróleo, el aumento de las exportaciones y la progresiva recuperación de las recaudaciones por impuestos, se muestran como factores claves para paliar la crisis y reactivar la demanda efectiva; en otras palabras, promover una política procíclica que permita la colocación de recursos en manos de sus ciudadanos para alentar el consumo efectivo y no en manos de quienes continúan fugando sus flujos de dinero al exterior.  

En definitiva, consideramos que las medidas deben centrarse en cumplir con las deudas internas, recuperar la cadena de pagos con la población  —y no con los tenedores de bonos—, aumentar la inversión pública sobre todo en salud y educación y, demás, incrementar los niveles de transparencia en la información.

Un nuevo acuerdo con el FMI solo ahogará más la compleja situación de Ecuador. Es indispensable pensar en las mayorías para combatir la desigualdad en procura del bienestar de todas y todos los ecuatorianos.

D. M. de Quito, 29 de agosto de 2020