Este breve artículo examina cómo las condicionalidades del FMI incidieron sobre las principales empresas públicas del sector energético ecuatoriano CELEC EP y Petroecuador a través de exigencias de auditoría, gobernanza y disciplina financiera. Argumenta que el ajuste sometió a estas empresas a una doble presión: la de sanear sus cuentas y la de sostener la inversión sectorial con recursos decrecientes, en un proceso que abrió espacio a su sustitución por capital privado.
Las empresas públicas en el perímetro del ajuste:
Los programas del FMI con Ecuador incorporaron de manera creciente a las empresas públicas dentro del perímetro de la condicionalidad. Desde el acuerdo de 2020, se exigió el reporte de datos fiscales de las empresas públicas al Ministerio de Economía y Finanzas como acción previa (FMI, 2020). En el acuerdo de 2024, la exigencia se profundizó: auditorías de los estados financieros de Petroecuador y Petroamazonas como parámetro estructural de referencia (FMI, 2024c, p. 39), y la incorporación del déficit cuasi-fiscal del sector eléctrico (CFDD) al criterio de balance global del programa (FMI, 2024c, p. 38).
| Año / documento | Condicionalidad sobre empresas públicas |
| 2020 (CR 20/286) | Reporte fiscal de EP y GADs al MEF (acción previa) |
| 2024 (CR 24/146) | Balance global del PGE + CFDD eléctrico como criterio cuantitativo |
| 2024 (CR 24/146) | Auditoría de estados financieros de Petroecuador y Petroamazonas (2019–2020) |
| 2025 (CR 25/199) | Auditoría de CELEC y CNEL; extensión a Petroecuador 2022–2024 |
| 2026 (CR 26/84) | Iniciativa plurianual de inversión privada en hidrocarburos |
Tabla A3.1. Condicionalidades del FMI sobre las empresas públicas energéticas. Elaboración propia.
Esta incorporación tiene una doble lectura. Por un lado, responde a un objetivo legítimo de transparencia y control fiscal: las empresas públicas habían sido, históricamente, un foco de opacidad y riesgo fiscal. Por otro, sometió a estas empresas a una disciplina financiera que, combinada con la restricción de la inversión pública, limitó su capacidad de inversión sectorial.
CELEC EP: el generador público bajo tensión:
CELEC EP, principal generador y transmisor público, ilustra esta tensión. Sus informes de rendición de cuentas muestran señales de estrés financiero incluido un resultado integral negativo de 23,78 millones de dólares en 2020 (CELEC EP, 2021) en un contexto de capacidad de generación estancada. La empresa, responsable de proyectos emblemáticos como Coca Codo Sinclair (con 4.498 MW), enfrentó simultáneamente la exigencia de disciplina fiscal y la necesidad de sostener la infraestructura de generación que la crisis de 2024 reveló insuficiente.
La heterogeneidad de la información financiera de CELEC agravada por informes escaneados y formatos no homogéneos entre años constituye en sí misma un hallazgo: la opacidad relativa de las cuentas de las empresas públicas dificulta el seguimiento riguroso de su situación, lo que justifica las exigencias de auditoría del FMI, pero también limita la capacidad de la investigación independiente para evaluar el impacto del ajuste. Esta opacidad no es un detalle técnico: es una condición que perpetúa la asimetría de información entre la empresa, el regulador y la ciudadanía, y que dificulta una rendición de cuentas efectiva sobre el uso de los recursos públicos.
Petroecuador y la gobernanza del sector hidrocarburos:
En el caso de Petroecuador, las condicionalidades se centraron en la gobernanza y la transparencia: auditorías de los estados financieros de 2019 y 2020 (FMI, 2024c, p. 39), extendidas posteriormente al periodo 2022–2024 (FMI, 2025). Paralelamente, el programa promovió la participación privada en el sector para «movilizar inversiones en el sector de hidrocarburos», incluyendo la producción, la refinación y el gas (FMI, 2026).
El patrón se repite: ante la restricción de la inversión pública, la política pactada con el FMI busca sustituirla por inversión privada. En el sector hidrocarburos, como en el eléctrico, la empresa pública es sometida a disciplina y auditoría, mientras la expansión de la capacidad se delega crecientemente al capital privado. Este paralelismo entre los dos subsectores energéticos sugiere que no se trata de decisiones sectoriales aisladas, sino de una lógica transversal del ajuste, que reconfigura de manera sistemática el papel del Estado en la economía.
Discusión: disciplina sin capacidad inversora:
La crítica que emerge de este análisis es matizada. Las exigencias de auditoría y transparencia del FMI son, en sí mismas, deseables: la gobernanza de las empresas públicas ecuatorianas presentaba deficiencias reales, y la opacidad histórica de estas empresas fue una fuente genuina de riesgo fiscal. El problema no es la disciplina, sino su combinación con la desinversión: se exigió a las empresas públicas sanear sus cuentas al mismo tiempo que se restringía la inversión pública que habría permitido modernizarlas y expandirlas.
El resultado es una tensión estructural: empresas públicas disciplinadas financieramente, pero descapitalizadas, incapaces de sostener la inversión que los sectores estratégicos requieren, y por ello progresivamente desplazadas por el capital privado en la provisión de infraestructura. Esta dinámica reconfigura el papel del Estado en los sectores estratégicos, de inversor directo a garante de un marco para la inversión privada una transformación de largo alcance que la condicionalidad promueve de manera indirecta pero sistemática, y cuyas implicaciones sobre la soberanía energética y la orientación del desarrollo trascienden el horizonte temporal del programa.
A manera de conclusión:
Las empresas públicas del sector energético ecuatoriano fueron sometidas, bajo los programas del FMI, a una disciplina financiera y de gobernanza necesaria pero insuficiente: necesaria porque corregía opacidades reales, insuficiente porque no vino acompañada de la capacidad inversora que estas empresas requerían para cumplir su función estratégica. El saneamiento sin inversión configuró empresas públicas más transparentes, pero más débiles, en un proceso que abrió espacio a la sustitución por capital privado. Comprender esta dinámica es esencial para evaluar el legado de la condicionalidad sobre la estructura del sector energético ecuatoriano y sobre el papel del Estado en su desarrollo futuro.
Referencias:
Corporación Eléctrica del Ecuador. (2021). Informe de rendición de cuentas 2020. CELEC EP. https://www.celec.gob.ec
Fondo Monetario Internacional. (2020). Ecuador: Request for an Extended Arrangement under the EFF (IMF Country Report No. 20/286). https://www.imf.org
Fondo Monetario Internacional. (2024c). Ecuador: Request for an Extended Arrangement under the EFF (IMF Country Report No. 24/146). https://www.imf.org
Fondo Monetario Internacional. (2025). Ecuador: Second review under the EFF (IMF Country Report No. 25/199). https://www.imf.org
Fondo Monetario Internacional. (2026). Ecuador: Fifth review under the EFF (IMF Country Report No. 26/84). https://www.imf.org
Observatorio de la dolarización 