El argumento del ajuste siempre tuvo una segunda mitad, menos citada que la primera. No solo se trataba de que el Estado invirtiera menos: se trataba de que otro ocupara ese lugar. La consolidación fiscal comprimió la inversión pública, y la promesa —implícita en cada informe del Fondo Monetario Internacional desde 2020— era que el capital privado, liberado de la carga de un Estado que competía por recursos, llenaría el vacío. Este Observatorio documentó la primera mitad: el gasto de capital del Sector Público No Financiero cayó de 14,5 % a 6,1 % del PIB entre 2016 y 2024. Esta es la segunda mitad, y es más incómoda de lo que el relato oficial admite.
El argumento del ajuste descansa, además, en una teoría económica precisa que conviene nombrar. La lógica que el Fondo aplica a la inversión pública es la del desplazamiento o crowding-out: la idea de que el gasto público, al competir por recursos financieros y divisas escasas, desplaza a la inversión privada, de modo que reducirlo debería liberar espacio para que el capital privado lo ocupe. Es la teoría implícita detrás de la advertencia del propio Fondo, en 2020, de que Ecuador partía de niveles de inversión pública “comparativamente elevados” que convenía moderar.
Y, durante buena parte de la década pasada, esa lógica pareció funcionar. Entre 2014 y 2019, mientras la formación pública de capital caía de forma sostenida desde su pico, la formación privada de capital —la inversión total del sector privado, no solo la extranjera— creció con fuerza: de USD 10.900 millones a USD 15.900 millones. El desplazamiento, o algo parecido a él, parece haber operado entonces.
Lo que ocurrió entre 2022 y 2024 es distinto, y es ahí donde la teoría del Fondo deja de explicar los datos. Según el boletín oficial de Balanza de Pagos del Banco Central del Ecuador, la Inversión Extranjera Directa cayó de USD 882 millones en 2022 a USD 475 millones en 2023 y a USD 232 millones en 2024 —una contracción del 74 % en dos años que el propio Banco Central describe, en su boletín de cierre anual, como “el menor monto recibido desde 2016”—. En vez de crowding-out, lo que muestran estos tres años es lo contrario: cuando la inversión pública se contrajo más, la inversión extranjera no la sustituyó; se contrajo con ella. Público y privado no se comportaron como sustitutos, sino como complementos que cayeron juntos —el patrón que la literatura económica describe como crowding-in, y que aquí operó en reversa—.
Conviene además precisar a dónde fue lo poco que sí llegó, porque desmiente una lectura fácil. Según el mismo boletín del Banco Central, en 2024 el sector que más Inversión Extranjera Directa recibió no fue la minería: fue la industria manufacturera, con USD 113,4 millones, prácticamente la mitad del total. La minería, la actividad que el programa del Fondo señala explícitamente como prioridad de atracción de capital, quedó muy por detrás, con una fracción menor incluso que el comercio. El auge minero que exhiben las cuentas nacionales de los últimos años responde, en lo fundamental, a la maduración de dos proyectos —Fruta del Norte y Mirador— que iniciaron producción en 2019, antes del segundo ciclo programático, no a una ola nueva de capital atraída por la reforma reciente.
Y el sector que sí atrajo capital —la manufactura— fue, al mismo tiempo, el más golpeado por la crisis que la propia desinversión pública en generación eléctrica ayudó a producir. Las ventas de la industria manufacturera cayeron 4 % en 2024 —unos USD 1.201 millones menos que el año anterior—, en buena parte por los apagones: los gremios industriales de Cuenca y Guayaquil calcularon pérdidas de entre USD 2 y 25 millones por cada hora sin luz durante los cortes de octubre y diciembre de 2024. El país recortó la inversión pública que sostenía el sistema eléctrico, ese recorte contribuyó a la crisis de generación que este Observatorio ya documentó, y esa crisis golpeó precisamente al único sector que estaba, con las uñas, tratando de invertir.
Si el capital privado no llegó en la escala prometida, ¿qué fue lo que sí avanzó? La respuesta no está en los flujos de inversión: está en la arquitectura legal que promete atraerlos en el futuro. El cuarto informe de revisión del programa, de diciembre de 2025, reconoce sin rodeos que Ecuador estaba “elaborando un nuevo régimen fiscal para el sector minero, con el apoyo de la asistencia técnica del FMI”. No es una recomendación general de política: es asistencia técnica directa del organismo para diseñar las reglas tributarias con las que se busca atraer capital extractivo. Ese trabajo desembocó, el 27 de febrero de 2026, en la aprobación —por un margen ajustado de 77 votos contra 70— de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, que elimina salvaguardas ambientales y traslada responsabilidades de control a las mismas carteras que promueven la actividad extractiva.
La secuencia, vista completa, es reveladora. Primero se redujo la inversión pública para cumplir metas fiscales pactadas con el Fondo, bajo la premisa de que eso liberaría espacio para el capital privado. Esa premisa tuvo cierto respaldo empírico en la década anterior. Pero en el tramo más reciente del ajuste, el que corresponde al programa vigente, el capital privado no llegó: la IED se hundió a su nivel más bajo desde 2016, y ni siquiera se dirigió mayoritariamente al sector que el programa privilegiaba. Lo que sí se construyó, con la asistencia técnica del mismo organismo que exigió el ajuste, fue el andamiaje legal para intentarlo de nuevo, a costa de las salvaguardas ambientales que antes lo frenaban.
Esto es lo que la dolarización vuelve más grave que en cualquier otra economía. Sin moneda propia, el país no puede compensar la ausencia de inversión pública ni la fuga de inversión privada con política monetaria: solo puede esperar que lleguen los dólares, de donde sea. Cuando ni el Estado invierte ni el capital extranjero llega, lo que queda no es un vacío neutral que el mercado llenará tarde o temprano: es una economía que pierde capacidad productiva en tiempo real, mientras la única respuesta de política disponible es seguir flexibilizando las condiciones para el capital que todavía no aparece. La apuesta del ajuste no era solo que el Estado se retirara. Era que alguien más ocupara su lugar. Ese alguien, en el tramo que más importa, todavía no ha llegado.
Referencias:
Banco Central del Ecuador, Balanza de Pagos e Inversión Extranjera Directa por rama de actividad.
International Monetary Fund, Ecuador Country Report correspondiente a la cuarta revisión del acuerdo EFF (diciembre de 2025).
Asamblea Nacional del Ecuador, Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía (27 de febrero de 2026).
Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca (CIPEM) y Cámara de Industrias y Producción, estimaciones de pérdidas por cortes de energía, 2024.
Observatorio de la dolarización 