Para nadie pasó desapercibido el colapso de Ueno Bank en Paraguay la semana pasada, que terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña. Menos comentado fue que la Policía Federal de Brasil acusara al dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, y a otras 14 personas de gestión fraudulenta, organización criminal y lavado de dinero, y que la Cámara Federal de Casación aceptara revisar el sobreseimiento de Javier Milei, de su hermana Karina y de su círculo cercano en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA en Argentina. Economistas libertarios se apresuraron a comentar que la dolarización blinda al Ecuador de crisis bancarias y que, por el contrario, se debería sacar el ahorro previsional del IESS para evitar la tentación del Estado de invertir en bancos como Ueno. Lo cierto es que el recuerdo de nuestra crisis bancaria de 1998-1999, con créditos vinculados, extracción offshore y gobiernos aliados de banqueros, resultó inevitable; ahora bajo la apariencia cool de una fintech paraguaya o un memecoin argentino.
Pero el colapso de estos experimentos señala el fracaso de la utopía libertaria llevada a la práctica por empresarios cobijados por gobiernos de la actual ola reaccionaria que hasta hace poco eran puestos como ejemplo. Santiago Peña fue accionista del grupo dueño de Ueno y nombró a Carlos Carvallo, quien había dirigido la financiera Ueno, como presidente del Banco Central; Milei, por su parte, promocionó la criptomoneda privada $LIBRA a través de su cuenta de X. Master y Ueno financiaron su rápida expansión con recursos de fondos y bancos públicos, en esquemas que hoy la justicia investiga como fraudulentos. Entre 2019 y 2024, Master expandió su patrimonio neto de 200 millones a 4.700 millones de reales y su cartera de crédito de 1.400 millones a 40.000 millones. Entre 2024 y 2025, el Banco de Brasilia (BRB), cuyo principal accionista es el gobierno del Distrito Federal, inyectó 16.700 millones de reales, de los que al menos 12.200 millones corresponden a carteras de crédito sin respaldo. Ueno pasó de ser una financiera en 2022 a operar como banco desde diciembre de 2023 y a manejar 2.800 millones de dólares en depósitos en 2026. Al momento de ser intervenido administraba entre 800 y 850 millones de dólares de fondos públicos, unos 350 millones de ellos del Instituto de Previsión Social (IPS), la caja de jubilaciones paraguaya. El IPS empezó a colocar recursos en Ueno en octubre de 2024, con la compra de bonos por 32 millones de dólares. Solo entre enero y septiembre de 2026, cuando las alarmas sobre la solvencia del banco ya se discutían en el Senado, el banco captó otros 206 millones del Estado y del IPS.
En el caso de $LIBRA, su único respaldo fue la palabra del presidente. El 14 de febrero de 2025, Milei promovió el token y en pocas horas su precio cayó más de 90% y billeteras ligadas a sus creadores retiraron unos 107 millones de dólares, según análisis on-chain. Las pericias judiciales registraron al menos cinco llamadas entre el intermediario Mauricio Novelli y Milei antes del tuit, un borrador de carta de intención de asesoría entre el presidente y Hayden Davis, artífice del token, y una factura de 250.000 dólares a nombre de Pía Novelli dirigida a la organización de Davis. Aun así, en octubre de 2026 el juez Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Javier y Karina Milei por inexistencia de delito.
Parte de ese dinero terminó en sociedades offshore o en créditos a empresas vinculadas. El Consejo de Control de Actividades Financieras identificó más de 700 millones de reales enviados desde el Banco Master a Titan Capital Holding, sociedad de propiedad de Daniel Vorcaro, dueño del banco y principal acusado en el caso, en las Islas Caimán, en 2025. La liquidante del banco rastrea además rutas por Bahamas y Caimán hacia inmuebles en Miami y Aspen, en manos de trusts y empresas pantalla. En el caso paraguayo, en junio de 2026, la Superintendencia de Bancos detectó que Ueno superaba el límite de créditos a vinculadas; ese mismo mes el banco transfirió una cartera de 74,4 millones de dólares a Vinanzas S.A., empresa vinculada a Grupo Vázquez, operación bajo investigación fiscal. A diferencia de Master, por ahora no hay evidencia pública de salidas offshore desde Ueno. En Argentina, lo captado fue retirado en stablecoins (USDC) y otras criptomonedas como Solana y dispersado hacia más de mil direcciones; solo 57 millones de dólares fueron congelados.
Pero los Estados no solo inyectaron recursos a estas aventuras financieras por medio de bancos o fondos públicos, sino que sus esquemas se beneficiaron del subsidio público por medio de los fondos de garantía de depósitos. El propio Vorcaro reconoció ante la Policía Federal de Brasil que su plan de negocios estuvo “100% basado en el FGC (Fundo Garantidor de Créditos – Fondo Garantizador de Créditos)”. Ese fondo ya repuso 32.500 millones de reales a 580.000 afectados de un costo total estimado en más de 40.000 millones de reales. El más grande rescate desde la creación del FGC en 1995. En Paraguay la Ley No. 7745, promulgada por Peña, pone a los fondos públicos y del IPS como garantía estatal de los depósitos, mientras que el Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por persona, cerca de 38.000 dólares. Se espera que ese fondo alcance para cubrir al 97% de los ahorristas. Pero, medido en términos del volumen de los depósitos, Moody’s advierte que eso correspondería apenas con el 30% de los depósitos. Del lado sur del río Paraná, por último, sin regulador, sin encaje y sin fondo de garantía para desfalcos cripto, nadie responde ante los más de 40.000 inversores perjudicados.
Leídos desde el Ecuador, estos tres escándalos no pueden servir como un ejercicio autocomplaciente para cerrar filas detrás de un régimen monetario o promover mayor desregulación bancaria. Son por el contrario el recordatorio de que el patrón de piramidación financiera, subsidio público a la desregulación, socialización de pérdidas y captura estatal, que provocó nuestra última crisis bancaria, sigue vigente en la región. Quienes celebran que la dolarización nos libró de los rescates confunden la supresión de la capacidad para emitir moneda con la desaparición del rescate. Sin moneda propia, el costo de un banco quebrado se traslada al fondo de garantía y directamente a ahorristas y afiliados. Tampoco es cierto que el problema sea un exceso de Estado. Master se desarrolló en el mercado financiero brasileño, el más abierto e integrado de la región, apoyado en un fondo de garantía privado y en un banco público capturado; y $LIBRA no tuvo detrás más institución que la palabra de un presidente que hizo de la desregulación su programa. En los tres casos la falla radicó en una gobernanza capturada por empresarios vinculados al gobierno que se sintieron inmunes de colocar fondos de ahorristas y pensionados donde les era más provechoso para sus intereses privados.
Derivar de la tragedia de los depositantes paraguayos recetas orientadas a privatizar el ahorro previsional del IESS resulta tendencioso. Si en el caso de Ueno el daño ocurrió con un gobierno que orientó los fondos de jubilación hacia un banco aliado, entregar su administración a gestores privados multiplica las puertas por las que ese ahorro puede llegar a entidades vinculadas. El riesgo en el Ecuador, por el contrario, radica en que el Estado siga perpetuando el incumplimiento de su aporte del 40% a las pensiones, que empuja a subastar los inmuebles, desinvertir reservas y abrir la puerta al sobreendeudamiento y operaciones de reporto del BIESS. A esto hay que sumar los riesgos que plantea vigente ley Fintech (diciembre 2022). Durante su trámite, este Observatorio advirtió que el proyecto habilitaba entidades capaces de realizar toda la actividad bancaria por vía electrónica, permisos provisionales para operar en actividades financieras que son de orden público, medios de pago sin el respaldo del seguro de depósitos y el arbitraje de criptoactivos por parte de bancos sin autorización previa de la Superintendencia. Estos mecanismos de riesgo, presentes en la regulación ecuatoriana, son los que explican que una financiera (Ueno) se convierta en un banco que captó tres millones de clientes y los fondos de jubilación, y a un token sin respaldo absorber el ahorro de miles de personas.
Mientras miles de ahorristas protestaban en Asunción para recuperar su dinero, Constanza Peña, hija del ahora expresidente, se mostró en redes sociales con una camiseta que decía “TTP: Tax the Poor” (gravar a los pobres). La frase y la soberbia de su provocación sintetizan pristinamente el caso: el ahorro de jubilados y pequeños depositantes terminó financiando a un grupo empresarial cercano al poder, y la cuenta la pagarán el fondo de garantía y los contribuyentes. El mismo impuesto a los pobres que pagaron los ecuatorianos en 1999, cuando el congelamiento de depósitos, el salvataje bancario y la devaluación que precedió a la dolarización se financiaron con sus ahorros y sus salarios. Ningún régimen monetario exime de pagar un rescate. Lo único que lo evita es un Estado que, en lugar de entregarle a los banqueros el ahorro de los trabajadores, lo proteja de ellos.
Referencias
ABC Color (21/10/2026). Ueno sumó otros US$ 20 millones en fondos públicos al cierre de septiembre
Calderón de Burgos, G. (06/11/2026). Primicias. Crisis en Paraguay: Santiago Peña, banqueros y política
El Cronista (2026). De financiera a banco: cómo surgió ueno bank y llegó a estallar la bomba que dejó sin presidente a Paraguay
Examedia (2026). Caso ueno: imputaciones y la operación con Vinanzas
Goldsmith, A. (23/10/2026). BBC. Argentina drops investigation into President Milei over crypto fraud.
Mundo Empresarial (2026). Paraguay: el Banco Central intervino ueno bank por insolvencia
Observatorio de la Dolarización (01/08/2022). Proyecto de Ley FINTECH desregula la actividad financiera y otorga más poder a la banca
InfoMoney (2026). Coaf identifica transferência de R$ 707 milhões do Banco Master para offshore
Seu Dinheiro (24/01/2026). Crise de liquidez, não fraude: a versão de Daniel Vorcaro sobre o colapso do Banco Master
teleSUR (2026). Ueno bank: el esquema con dinero público y el vínculo con Santiago Peña
