Asamblea modificará derogatoria de Ley contra la Especulación del Suelo

La ley derogatoria de un artículo enviada por el Presidente Moreno necesariamente sufrirá modificaciones en la Asamblea.

Los grandes intereses mineros que se reflejan en las disposiciones reformatorias de la ley en referencia no van a permitir que se deroguen los incentivos que ahí constan. Solo este tema implicaría que no se cumpliría el mandato constitucional. Este punto era la justificación del Partido Comunista Ecuatoriano para apoyar el Sí en esta pregunta, luego de su cambio de posición.

Seguramente se incluirán otros cambios, pues la Ley a derogarse incluye referencias a los impuestos a tierras rurales, que también fueron derogados. Esto requerirá una actualización del COOTAD.

La coyuntura de las expropiaciones ínter-cantonales, cuyas decisiones judiciales (una y dos) el Alcalde Jaime Nebot se niega a cumplir, también seguramente motivará modificaciones al COOTAD y a la Ley de Contratación Pública en lo relativo a expropiaciones. Los votos del Partido Social Cristiano son necesarios para cualquier aprobación legislativa que no pase por el Ministerio de la Ley. Vale recordar que se incluyeron modificaciones a la Contribución Especial por Mejoras, a ser calculada en el monto de la expropiación. La coyuntura, y las presiones anti-control a la especulación incidirán en el debate legislativo.

En vista que las amplias excepciones y las disposiciones transitorias de la Ley no hicieron que la Ley entre en vigencia efectiva, el discurso oficial argumentó que la caída de la actividad económica del sector de la construcción se debió a la «expectativa» de la entrada en vigencia de la Ley contra la Especulación del Suelo desde su anuncio (mayo 2015). Se atribuye su caída desde el año 2015. Sin embargo, no se ha escuchado el argumento contrario, lógicamente equivalente, que con la «expectativa» de la derogación de la Ley (octubre 2017) debió crecer el sector de la construcción.

Un proxy de la «expectativa» del sector construcción es la «confianza empresarial». En el siguiente gráfico, publicado por el Banco Central, se puede ver que la caída en la confianza empresarial del sector de la construcción empezó antes del mes de mayo de 2015 (estaba en máximos históricos) y también se puede ver que la caída no se detuvo con el anuncio de la derogatoria de la Ley mediante consulta popular.

En la vida real, hay muchas otras razones por las que se afectó el sector de la construcción.

En primer lugar, porque hubo un freno a nivel macroeconómico, ampliamente discutido, pues luego de una década de fuerte inversión pública que recuperó cuatro décadas de falta de inversión pública, el frenazo, en términos de tasas de crecimiento, es evidente. Lamentablemente, las estadísticas ecuatorianas no desagregan la construcción en «residencial», «comercial» o «infraestructura» para poder hacer esta clave diferenciación.

En segundo lugar, varias normas y políticas públicas como el fomento de los ingresos propios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados mediante la actualización de los catastros, ha impulsado una agresiva actualización normativa sobre el uso del suelo.

En tercer lugar, las modificaciones a la normativa financiera (de ida y vuelta) sobre la valoración de los inmuebles afectó el ritmo de colocación crediticia.

En cuarto lugar, normativas relacionadas al control de lavado de dinero por primera vez exigieron información a inmobiliarias y constructoras, juntado con varios proyectos que implicaron estafas masivas (ej. Inmocasales, Proinco), inhibieron a que muchos proyectos constructivos se desarrollen hasta que la debida diligencia se realice adecuadamente. Esta normativa implicó fuertes cargas administrativas y rezagos de tiempo que incidieron en el desarrollo del sector de la construcción.

En quinto lugar, el patrimonio inmobiliario fue por primera vez sujeto de imposición directa, mediante la contribución incluida en la Ley de Solidaridad luego del terremoto de abril de 2016. Incluso, el patrimonio cuyos beneficiarios eran sociedades ubicadas en paraísos fiscales tuvo que pagar el doble de la tasa impositiva. Estos tributos, y el control de titulares offshore, posiblemente asustó a personas que tenían comportamiento tributario irregular o, incluso, ralentizó proyectos inmobiliarios de autoridades locales, que escondían sus activos mediante empresas en jurisdicciones del exterior. Como ejemplo, y de manera documentada, me refiero a Gelefrent, del entorno de Jaime Nebot.

En conclusión, en la Asamblea veremos un fuerte lobby de intereses de la gran minería y de los especuladores del suelo, que lograrán preservar los incentivos a la minería y ampliar la «derogatoria» a otros ámbitos (anular las contribuciones especiales por mejoras en las expropiaciones, volver a la desregulación catastral y acotar el rol de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo).