Mensaje a las cooperativas de taxis: la clave está en los medios de pago

Si los taxis amarillos, y las autoridades reguladoras, en serio quisieran minimizar el uso ilegal de los servicios prestados/intermediados/facilitados por Uber y Cabify, atacarían el corazón del modelo de negocio: la tarjeta de crédito como medio de pago.

Esta encuesta de El Comercio, a pesar de sus obvias limitaciones, lo confirma.

Una circular de la Superintendencia de Bancos comunicando que los bancos y operadoras de tarjetas no pueden cursar pagos con tarjeta a servicios ilegales ni para eludir servicios ilegales tales como Uber o Cabify sería suficiente y de aplicación inmediata. Aunque se reportó que la Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil «acudió a la Superintendencia de Bancos para solicitar que se realice un control» «con el objetivo de establecer si las firmas extranjeras están ofreciendo servicio sin acatar las leyes locales», no se sabe si tuvo éxito.

Si argumentan que no son servicio de transporte sino una simple aplicación informática establecida en jurisdicción fuera del Ecuador, habría que preguntarse si paga impuesto a la salida de divisas. También habría que preguntarse si está violando el Suplemento 2 de los Compromisos de Ecuador en materia de servicios financieros del Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio. En todo caso, también se podría actuar mediante la Junta Monetaria.

Por otro lado, los taxis amarillos podrían potenciar sus propias plataformas e incorporar otros medios de pago como el dinero electrónico del Banco Central (ups, ya lo mataron) o la billetera móvil de BANRED (ups, nunca nació). Uber sabía del potencial del dinero electrónico para su negocio, por eso auspiciaron el Hack153.

Uno de los sectores de la economía popular y solidaria más consolidados es el sector transporte. Nadie dice que son perfectos, pero al fin y al cabo, la gran mayoría pertenece a cooperativas, una forma de organización social alternativa a la capitalista hegemónica. En parte por esta razón, Uber ha sido prohibido en muchos países y en muchas ciudades del («pro-innovador») primer mundo. La Constitución manda a fomentar a la economía popular y solidaria como tipo de organización social. No hemos encontrado comentario alguno sobre este cooperativismo por parte de la Vicepresidenta de la República, a la vez Presidenta del Comité de la Economía Popular y Solidaria. Tampoco al Ministro del Trabajo sobre el régimen laboral que se debería aplicar.

Por cierto, ¿cuántas divisas al mes salen del país por pagos realizados a Uber y Cabify?