Presiones Deflacionistas, Restauración Neoliberal y Crecimiento de la Pobreza

Compartimos un artículo de Pedro Páez Pérez, de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Nos comparte un análisis de las últimas cifras de pobreza, empleo y la relación entre precios relativos, territorios y medios de pago.

Presiones Deflacionistas, Restauración Neoliberal y Crecimiento de la Pobreza

Los últimos datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) publicados por el INEC para junio de 2018¹ muestran un severo deterioro de las condiciones sociales en el país que debería convocar a inmediatas rectificaciones en la políticas gubernamentales. A nivel nacional, el número de personas por debajo de la línea de pobreza (cuyo ingreso familiar per cápita mensual, a la fecha, estuvo por debajo de los $84.72) aumentó al 24.5% y el de aquellas por debajo de la de la pobreza extrema o indigencia (con ingresos por debajo de los $47.74) aumentó al 9%… y todavía no se siente el grueso del ajuste fiscal, con despidos de decenas de miles de empleados públicos², recortes en contratos, gasto e inversión, y privatizaciones, ofrecido por las autoridades y alabado por los medios de comunicación.

En la serie publicada no se registran elevaciones precedentes tan drásticas en períodos similares. Las cifras implicarían que alrededor de 504 mil personas adicionales pasaron a la condición de pobreza (luego de que había tomado 10 años previos para que hayan salido de pobreza unos 1.7 millones de habitantes, es decir, que se revierte más del 30% de la mejora social, conforme la misma serie) y, de ellas, unas 185 mil más a la de pobreza extrema en solo el primer semestre de este año. Resulta aún más lacerante la evidencia porque se lleva ya un año de recuperación del PIB, aumentos sostenidos de los precios del petróleo y porque acaba de aprobarse una Ley Trole en la Asamblea Nacional, a pedido del Ejecutivo por la que se favorece con miles de millones de dólares a los grandes conglomerados oligopólicos nacionales y extranjeros, incluyendo a empresas con sonados casos de corrupción como Odebrecht³.

Exclusivamente en Quito, por ejemplo, habrían ahora cerca de 148 mil personas adicionales contada como pobres respecto a las últimas Navidades, al aumentar la incidencia en un 75.3%. En Guayaquil ese aumento es del 46.9%⁴.

La erosión social es aún mayor y más violenta entre los más desfavorecidos, con una duplicación de la incidencia de la pobreza extrema en Quito y, peor aún, un aumento del 123% en Guayaquil, lo que arrojaría ahora un total de alrededor de 124 mil personas viviendo en indigencia en la Capital (4.6% de la población) y 77 mil en el Puerto Principal (2.9% de la población). Es sintomático ver con tristeza la creciente presencia de mendigos en las calles.

Aunque las mismas estadísticas muestran reducciones muy importantes de la pobreza en otras capitales como Cuenca, Machala y Ambato (del 4 al 2.8%, del 13.6 al 10.7% y del 11.3 al 9.7% en pobreza y del 0.9 al 02%, del 2.7 al 2.6% y del 3.6 al 1.9% en pobreza extrema, respectivamente), el índice agregado urbano muestra un aumento del 13.2 al 15.9% en pobreza y del 3.3 al 4.7% en indigencia (42.4% de aumento de la incidencia). En el área rural la pobreza afectó a un 43% de la población (un aumento proporcional de la incidencia del 9.4%) y la pobreza extrema se ha estancado en un 18.1%, con un peso sobredimensionado de poblaciones indígenas, montubias y afro.

Hay, sin duda, condiciones estructurales que se vienen acarreando históricamente, pero el país entero debe escuchar con seriedad y urgencia la alerta que las cifras reclaman porque claramente definen un revés a los esfuerzos que vienen haciendo -tanto gobiernos neoliberales como heterodoxos- en la lucha contra la pobreza, al menos desde que las élites se percataron de que estaban jugando con fuego por la magnitud de la indignación popular por el efecto acumulado del neoliberalismo y, en especial, el atraco perpetrado por los banqueros corruptos con el amparo de las políticas de desregulación impuestas desde la condicionalidad del FMI, el Banco Mundial y la complicidad de los multilaterales regionales .

La consistencia de otros indicadores parecería señalar que esta evolución va más allá de complicaciones coyunturales o problemas de medición. Se trataría entonces de la expresión de un cambio sistémico. De hecho, una encuesta en marzo pasado, solo para Quito, realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica y el Centro de Investigaciones y Estudios Especiales ya recogía la gravedad de la situación de la Capital, incluyendo otras variables muy significativas de la precaria situación de amplios sectores populares que ENEMDU no recoge⁵.

Varias estadísticas y con distintas metodologías, algunas contrastantes, reflejan años de un mejoramiento consistente de las condiciones sociales. Podríamos concentrarnos solo en la publicación del INEC reciente para simplificar, en lo posible un fenómeno tan complejo. Con fluctuaciones, desde diciembre de 2007 hasta diciembre de 2017, las cifras de ENEMDU a nivel nacional muestran que hay una disminución de 36.7% a 21.5% en la incidencia de la pobreza y de 16.5% hasta 7.9% en la de la pobreza extrema, antes de que se revierta la tendencia en el último semestre.

Reforzando esta evidencia de cambio sistemático, el índice de brecha (la diferencia entre el ingreso promedio de los pobres y la línea de pobreza) que había venido bajando del 15.3 al 8% en esos 10 años, ya salta al 8.8% en junio y el de severidad de la pobreza que bajó de 8 a 4.2 en ese lapso, empeora en este semestre casi un 10% al 4.6. En correspondencia con esta “dispersión hacia abajo” de los ingresos, el índice de Gini empeora también en estos 6 meses de 0.459 a 0.472, luego de haber mejorado en estos 10 años, también con fluctuaciones, desde 0.551 en diciembre de 2007. La desigualdad urbana se agrava de 0.435 a 0.452 y la rural se alivia de 0.463 a 0.468. Esta batería de indicadores permite hipotizar congruentemente un quiebre estructural reciente respecto a un desempeño socioeconómico de al menos una década previa. Y los efectos del cambio son espantosos.

Es indispensable evitar que esa reversión continúe con políticas coherentes que consoliden y profundicen la construcción de un régimen de acumulación orientado al crecimiento del mercado interno, la redistribución del ingreso y la mejora de las capacidades productivas, bajo la lógica del capital o no.

Lastimosamente, tanto los tomadores de decisiones de política pública como los medios de comunicación están empeñados en un retorno a la ortodoxia de un pasado que significó estancamiento, polarización social, incertidumbre e insostenibilidad. Los impactos iniciales del cambio del modo de regulación que se ha experimentado en el último año marcan ya un horizonte, pero creo fundamental poner atención en la evidencia de nuevos y muy peligrosos procesos que se están desencadenando, algunos de ellos desde antes del cambio de gobierno.

Aunque hay factores explicativos definitivos, no hay evidencias concluyentes directas de este deterioro tan acelerado en los indicadores laborales. En el mismo semestre, las cifras de empleo adecuado se redujeron en 9.2%, una severa caída de más de 300 mil personas que explica gran parte del súbito aumento de la pobreza. No obstante, las tasas de desempleo y subempleo bajan y las de Población Económicamente Inactiva se mantienen virtualmente estables. El llamado “trabajo informal” pasa del 44.1 al 47.5%, lo que puede ser la contraparte de la caída del empleo adecuado. A nivel exclusivamente urbano, se aprecia una desmejora algo más explícita con una tasa de empleo bruto que pasa del 62 al 59.9%, una de participación bruta que baja de 65.9 a 63.2%. A nivel local, la mejoría social en Cuenca se corresponde con un importante crecimiento del empleo adecuado, por ejemplo.

Hay un contraste importante entre la información consignada en torno a las horas trabajadas en ENEMDU y, por ejemplo, las que recoge la Encuesta IIE-CIEES, aunque solo para Quito, que no solo tiene diferentes brechas de género sino que sugiere un proceso mucho mayor de “autoexplotación” de las familias trabajadoras.

Señales, en general, preocupantes, pero no de la gravedad y la agudeza que muestran las cifras de pobreza⁶. Debemos investigar más profundamente las raíces de un agravamiento tan violento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables del país.

La respuesta puede hallarse en otras dinámicas aún no muy explícitas pero ya con repetidos síntomas de alarma en la evolución de los precios relativos y la posibilidad de la extensión de ciclos deuda-deflación localizados, con durísimos impactos para los sectores más vulnerables y los mercado más delgados y sin articulaciones densas y diversificadas. En efecto, la dolarización presenta una serie de condicionamientos estructurales sobre el modo de regulación y el régimen de acumulación que no han sido consideradas en las reflexiones, ni de la academia, ni de los círculos de decisión política, a pesar de las advertencias que hemos venido realizando un pequeño grupo de economistas, incluso antes de que ésta sea adoptada hace 18 años.

Cuando aún contábamos con moneda nacional, este fenómeno aparecía como un descalce en la dinámica de los precios relativos: en la medida en que los precios nominales normalmente crecían sistemáticamente, las tasas contradictorias de sus crecimientos podían comprometer los flujos de caja para segmentos vulnerables de los agentes en el mercado, en particular aquellos con menor poder de mercado, y sobre todo en el largo ambiente recesivo de la época (el ingreso nacional percápita de 1981 solo se recuperó cuarto de siglo más tarde). Probablemente el Levantamiento Indígena del Inti Raimy de 1990 pueda explicarse por una evolución negativa para los precios de los productos campesino-indígenas en comparación con sus costos.

La eliminación de la moneda nacional no solo tiende a golpear desde la rigidez cambiaria con una “enfermedad holandesa”⁷ crónica, sino con una estructura de precios insostenible que puede ser fácilmente asediada por las posibilidades de devaluación discrecional de países vecinos o socios comerciales relevantes. Peor aún con los compromisos adquiridos con los TLCs. Encima de eso, aparece una restricción adicional a la de cualquier economía pequeña, abierta y dependiente y que tiene que ver con la asfixia de liquidez debida a la fuga de circulante en cada transacción externa y la concentración de los canales de distribución de los medios de pago y de circulación en los sectores oligopólicos vinculados a la gran banca.

Con la dolarización empieza a cerrarse el cerco y se expresa en la mayor frecuencia de tasas de inflación nominal negativa en distintos sectores de la economía y en distintas regiones del país. Las estadísticas del INEC muestran una secuencia persistente del índice general de todo el último año con valores negativos (en junio de 2018 estuvo en -0.71), como puede verse en el siguiente gráfico⁸:

Gráfico No.1: Evolución Histórica de la Inflación en Ecuador

Fuente: INEC 2018b

Las obligaciones contractuales, escritas o no, de la mayoría de los agentes está denominada en precios nominales y el hecho de que los precios relevantes vinculado a los ingresos caigan pone en serios aprietos no solo al desempeño económico y social, sino a la supervivencia misma de esas unidades productivas. La imposibilidad de pagar las cuentas y endeudarse para pagar las deudas empiezan a tomar vida propia en la red de conexiones. Contagio y externalidades negativas definen una expansión depresiva en el ambiente de negocios, sobre todo entre los segmentos más vulnerables, como los de las familias trabajadoras y de la economía popular. El gráfico No.2 evidencia que esas tendencias se han generalizado a las distintas regiones del país, aunque, claro está, con dinámicas diferenciadas:

Gráfico No. 2: Evolución Geográfica de la Inflación en Ecuador

Fuente: INEC 2018b

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hubiesen permitido encontrar opciones para proteger las economías de los sectores socioeconómicos y las regiones más vulnerables, pero la falta de suficiente decisión política y, luego, la entrega de esa posibilidad a la misma banca involucrada en el “credit crunch” que ha amplificado los efectos adversos de los términos de intercambio contra el país desde 2014, ponen un severo obstáculo a las opciones de recuperación. Ha pasado más de un año y la gran banca que recibió el control del dinero electrónico hasta ahora no ha dado muestra de la eficiencia que pregonaba en el despliegue oportuno del dinero electrónico.

Se trata de los mismos grandes bancos que bloquearon política y técnicamente el funcionamiento de los nuevos instrumentos digitales para aumentar la velocidad del circulante y mitigar la restricción de liquidez cuando era un servicio público y sin fines de lucro con argumentos que deberían ser estudiados a la luz del artículo 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, numeral 4, que claramente tipifica a la “publicidad denigrante” como una violación.

La autoemboscada que está llevando a una crisis fiscal innecesaria y a una espiral de endeudamiento insostenible (y convergente con una agenda continental de perspectivas geopolítica siniestras) coincide con esta restricción de liquidez que está asfixiando a los mercados y que expande las presiones deflacionistas latentes en el esquema de dolarización. Solo una política de estímulo de la liquidez (con una nueva arquitectura financiera doméstica basada en las iniciativas financieras populares, el crédito estatal de fomento y el dinero electórnico) y de la demanda (priorizando la inversión productiva y social) en una profundización de la distribución del ingreso puede prevenir una deriva catastrófica para el país.