Riesgos de un informe inexistente o recortado al apuro

Daniel Mendoza, Presidente de la Comisión a cargo de tratar la mal llamada Ley de Crecimiento Económico , se opone a la creciente posibilidad que este proyecto sea archivado considerando la enorme cantidad de temas que aborda, así como que muchas de sus propuestas ponen en riesgo la buena conducción y salud de la economía del país para los próximos años. Mendoza incluso miente al decir que un archivo de la ley sería ilegal. El artículo 62, inciso quinto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece lo siguiente para el segundo debate en proyectos económico-urgentes: «(…) Asimismo, por decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, se podrá ARCHIVAR un proyecto de ley.» El archivo ha sido planteado por una serie de asambleístas, analistas económicos y organizaciones sociales como la única forma de evitar que esta peligrosa ley pase tal y como está planteada. Con el cronómetro llegando a la hora cero, esta es la única opción que queda.

Si bien Mendoza insiste en su tratamiento, hasta este momento no ha presentado formalmente el informe para segundo debate respecto al proyecto de Ley. La comisión ya debería tener el informe en sus manos para poder analizarlo hasta el día de mañana Viernes 15 de Noviembre. No olvidemos que la fecha crítica para definir la suerte de este proyecto de Ley es el Domingo 17. Mendoza manifestó ayer que el informe está listo y remitido a los miembros de la mesa quienes lo desmienten y dicen que no han recibido nada. ¿A qué juega Mendoza? Un peligro real, y que ha sido denunciado por una serie de actores, es que simplemente esté ganando tiempo para que de alguna manera el proyecto íntegro entre en rigor automáticamente como Decreto-Ley (acción también denominada «por el ministerio de la ley»).

De todas formas, Mendoza juega una segunda carta. De llegar a manos de los miembros de la mesa, Mendoza ha dicho que será una ley recortada que elimina toda la parte monetaria y guarda la inicial sección tributaria con ciertos cambios que le garantizarían los votos de su comisión. A primera vista podría sonar interesante pero esta propuesta guarda todavía enormes peligros.

En primer lugar, la parte tributaria incluye una serie de temas críticos que ya hemos advertido desde este Observatorio. Uno de los que ha generado más desconcierto y preocupación tiene que ver con la creación del llamado Régimen Impositivo Voluntario, Único y Temporal (que aparece como Capítulo III del proyecto de Ley) que establece mecanismos legalizados de lavado de capitales. De eliminarse este capítulo en el recorte de Mendoza, los mecanismos de impunidad para aquellos capitales que regresarían o ingresarían al país queda intacta debido a una serie de modificaciones que el proyecto de ley establece en su primera sección de reforma a varias normas en materia tributaria.

Por ejemplo, la parte del proyecto que defiende y no recortaría Mendoza reforma el artículo 159 de la actual Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en todo lo relativo a las exenciones para el pago del Impuesto a la Salida de Divisas. Este artículo, en varios de sus incisos, hoy prohíbe las exenciones para entidades que estén domiciliadas o trasladen estos recursos a entidades domiciliadas en paraísos fiscales. El proyecto de Ley, en su Artículo 69, elimina todas estas restricciones permitiendo que los capitales domiciliados y con relaciones en paraísos fiscales ingresen y vuelvan a salir (por que así pasará seguramente) libremente y sin pagar impuestos. Así mismo, de mantenerse el artículo 5 del proyecto, que reforma el Código Tributario y de mantenerse el artículo 82 del proyecto de ley, que reforma la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se elimina la transparencia y se aupa la impunidad en el ámbito tributario al declarar la información como reservada. Incluso si Mendoza recorta el capítulo III del proyecto de ley, se abrirá la vía al lavado e impunidad de capitales de paraísos fiscales en un país que ha sido pionero en esta lucha antes y después de las denuncias de los Panama y Paradise Papers.

En segundo lugar, supongamos que aparece el informe recortado al apuro (que hasta el momento no es claro) y es tratado en la comisión y en el pleno. Supongamos que con el recorte, Mendoza les convence que es una versión más «light». Vamos un paso más allá: supongamos incluso que patrióticos asambleístas logran eliminar una serie de artículos (como por ejemplo, todo lo referente al régimen de impunidad para el lavado de capitales con paraísos fiscales) y remiten un proyecto «menos malo» para el veto presidencial. En ese momento el proyecto de ley se encontrará con la rigidez del Acuerdo con en el FMI cuyo calendario para desembolsos en sus páginas 81-83 establece que el gobierno nacional ecuatoriano deberá remitir reformas legales del Código de Planificación y Finanzas Públicas (Punto 4 del Calendario), del Código Monetario (Punto 9 del Calendario) y reforma tributaria (Punto 12 del calendario). Agencioso como siempre, el Presidente Moreno podrá volver a incluir todo lo recortado por Mendoza, rechazar lo eliminado por los patrióticos asambleístas (suponiendo que logren hacerlo) y cumplirle al FMI. En ese momento, la Asamblea Nacional necesitará 92 votos para rechazar esta infame ley (artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa). Este es el peligro real de lo que juega Mendoza con su informe demorado y recortado al apuro.

Ante la posibilidad de que el informe recortado de Mendoza nunca aparezca o asome a último momento, la Asamblea Nacional debe ARCHIVAR el proyecto de Ley y exigir que temas de gran relevancia para la economía del país no se traten al apuro y con artimañas sino de manera amplia, técnica y transparente. Un primer paso para hacer las cosas bien y con calma, debería ser cumplir con la obligación constitucional que tiene la Asamblea Nacional de revisar y pronunciarse sobre el Acuerdo con el FMI. Caso contrario, deberíamos ser los mandantes que nos pronunciemos directamente sobre ello.