El Ecuador atraviesa por una crisis sanitaria y social que, al igual que en el mundo, no tiene precedentes. La COVID-19 es una pandemia urbana que está afectando más gravemente a las grandes ciudades, esto es lógico pues es donde se concentra mayoritariamente la población, los flujos y los intercambios; en nuestro país, esto no ha sido diferente. La afección ha hecho patente la inequidad urbana expresada en la inequidad del hábitat, se ha evidenciado la precariedad, tanto en la dimensión urbana (dotación de infraestructuras, servicios, espacio público, equipamientos, vegetación) como en la dimensión arquitectónica: viviendas deficitarias con malas condiciones de habitabilidad. Estas inequidades so- ciales siempre han estado presentes, pero hoy la pandemia nos permite ver, cual radiogra- fía, cómo se traducen en inequidades sanitarias que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
A esta crisis sanitaria y social, se suma la económica. La situación de la economía ecua- toriana, que ya estaba en estado de alerta antes de la pandemia del COVID-19, hoy es muy grave. Sobre ésta pesa la deuda externa heredada y en la que se ha incurrido, la caída tan inusitada del precio del petróleo, el enorme déficit fiscal, la disminución de remesas del exterior en al menos el 22,6% (Primicias, 2020), la limitación para hacer política monetaria en un contexto de dolarización, la disminución de la actividad productiva y del comercio en el 80% (COE) y la caída de la demanda en las exportaciones por el cierre total o parcial de varios mercados.
La pandemia llega al Ecuador en medio de una profunda crisis que se refleja en los indicadores sociales. Los resultados de diciembre 2019 de la Encuesta Nacional de Em- pleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) indican una reducción en el último año del empleo adecuado del 40,6 al 38,8%, un aumento del subempleo del 16,5 al 17,8%, un incremento de la desigualdad de 0,469 a 0,473 (coeficiente de Gini) y de la pobreza por ingresos de un 23% a un 25%. Esto muestra un deterioro constante en las condiciones de vida y laborales del pueblo ecuatoriano.
A esto, se suma la desprotección de los trabajadores autónomos. A diciembre de 2019, estos trabajadores sumaban 2,8 millones, según la ENEMDU, siendo ésta la mayor categoría de ocupación (36% del total). No obstante, sus condiciones son muy precarias. Su nivel de ingresos promedio asciende a USD 304 mensuales que equivale al 60% del costo de la canasta vital familiar que, a marzo del 2020 era de USD 503,26 (INEC, 2020). Solo si dos miembros de la familia trabajan, se alcanzaría a cubrir esta canasta. Además, 8 de cada 10 trabajadores autónomos no tienen ningún tipo de cobertura. Esta situación se complica en gran manera en la emergencia sanitaria (Baez, 2020).
El Gobierno, desde el inicio de su gestión, debido a la falta de recursos, redujo el pre- supuesto de dos sectores estratégicos de la política pública: salud y educación, al consi- derarles un gasto y no una inversión, lo que evidenció una crisis del sistema de salud en la pandemia. Entre 2018 y 2019, al sector salud se le disminuyó USD 66 millones, aproxi- madamente, y la inversión pasó de USD 201 millones a USD 130 millones en este mismo período, lo que implica una reducción del 36% (MEF, 2020). Una de las consecuencias de esta reducción se dio al momento de enfrentar la crisis de la COVID-19, cuando, debido a la falta de implementos adecuados, más de 1600 trabajadores de la salud, al 6 de abril, fueron contagiados (El Comercio, 2020). Una población con una salud debilitada no es capaz de producir y, menos, emprender en nuevas iniciativas.
De la misma manera, la educación superior ha sufrido una sistemática reducción de su presupuesto. En la Proforma Presupuestaria de 2018, se reducen USD 83 millones y en el 2019 USD 90 millones (Aguirre, 2019). Una población con bajos niveles de educación que desconoce su entorno cercano y más aún el más lejano, ¿cómo puede aportar al desarro- llo? Retomando a Krugman, [1] la inversión pública en educación es un factor clave para el éxito económico en el largo plazo; asimismo, Stiglitz [2] señala que el Estado debe intervenir en el sector educativo, pues el mercado prioriza a los trabajadores de mayor formación y capacidades, exacerbando la desigualdad social y la exclusión. En el Ecuador la educación pública está en peligro, no obstante, por mandato, la Constitución garantiza la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel. Sin educación, no hay conocimiento; sin conocimiento, no hay derechos; sin derechos, no hay libertad.
Una de las principales lecciones que debemos aprender de la crisis que estamos enfrentando, es el reconocer como Estado la importancia estratégica de la inversión en salud, ciencia, tecnología y educación, que son las fuentes de la información requerida para la toma de decisiones fundamentadas, particular que ha permitido a varios países enfrentar apropiadamente la crisis. En contraste, en nuestro país lo público ha sido objeto de una destrucción sistemática con la finalidad de dar paso a las diversas modalidades privatiza- doras.
En este contexto, la Universidad Central del Ecuador hace pública su preocupación por la erosión sistemática de la vida, lo público y la situación de las personas más vulnerables. Con el envío de la Ley de Apoyo «Humanitario» a la Asamblea, cuyo peso mayor (64%) [3] está sobre la clase trabajadora que asume el mayor sacrificio, no se proporciona ni para el corto ni el largo plazo soluciones trascendentales para gestionar las crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el país. Hoy nos enfrentamos a tener que decidir entre la economía y la vida, entre la educación universal y la exclusión, donde observamos como el acceso a internet y el tener dispositivos para dar o acceder a una clase virtual se ha convertido en un bien de primera de necesidad para los profesores y estudiantes.
Por lo expuesto la UCE propone a la Asamblea Nacional un conjunto de alternativas de corto, mediano y largo plazo que consideramos mantiene un sentido de mayor equidad e intenta proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana. No es necesario esperar que lleguen los préstamos internacionales prometidos, sino aplicar los mecanismos ya existentes. Esperar la aprobación del proyecto de ley entregado a la Asamblea y posteriormente la recaudación de las contribuciones definidas, implica un costo significativo. Lo oportuno evita costos, como se ha observado en la pandemia de la COVID-19: pocos días de diferencia de reacción puede ser fundamental para mitigar el contagio y dejar que este salga de todo control.
EN EL CORTO PLAZO SE PLANTEA:
Como punto de partida, se recomiendan medidas que permiten la liquidez inmediata e impiden el rompimiento de la cadena de pagos, el aumento del desempleo y la convulsión social (en particular los saqueos) (King, Samaniego Ponce y Carranza, 2020).
(1) Inyectar liquidez e impedir a toda costa la salida de capitales y retornar aquellos que se encuentran en el exterior, en especial del sector financiero privado que asciende a USD 6409 millones (Arauz, 2020). Para impedir la salida de capitales, es necesario una prohibición expresa de al menos un año por parte del Gobierno, mediante una ley que puede implementar la Junta Monetaria o un incremento importante al impuesto a la salida de divisas (ISD). Para el retorno, es necesario que el Gobierno otorgue incentivos, reducción o eliminación del impuesto a la renta (por uno o dos años) de acuerdo a la información que dispone el Servicio de Rentas Internas (SRI).
(2) Reactivar la capacidad de financiamiento del Banco Central del Ecuador (BCE), eliminando los candados establecidos en la Ley de Fomento Productivo. [4] Asimismo, es necesario que el BCE recupere la plataforma virtual del manejo del dinero electrónico como medio de pago, que de manera equivocada fue entregado al sector financiero privado. Éste, en la actualidad, constituiría una importante herramienta para la circulación monetaria sin costo para las personas más vulnerables. Así, el BCE podría hoy mismo comenzar a financiar los gastos urgentes, sin poner en riesgo la estabilidad financiera ni la dolarización.
(3) Cobrar el monto total que debe ser pagado inmediatamente por los 500 principales deudores tributarios, que alcanza a USD 1516 millones5 (Baez, Meyer y Rosero, 2020), lo que equivale al 75% de los USD 2000 millones de préstamo que el Ministerio de Economía y Finanzas ofreció obtener cuando se pagó la deuda de USD 324 millones a los tenedores de bonos, recursos que hasta la fecha no han llegado al país.
(4) Generar mecanismos contributivos que permitan una renta básica que puede sustentarse con una contribución especial desde las grandes empresas que cubra, durante dos meses el costo de una canasta familiar vital, mediante un aporte obli- gatorio del 1,49% de su activo (USD 1279 millones),6 o 3,45% del patrimonio (USD 1276 millones),[7] o del 1,39% del ingreso (USD 1276 millones);[8] así, se afectaría a tan solo el 4,3% del total de empresas en el país, generando un alivio para las otras. Si, además, por dos meses se les graba a los 24 bancos del país el 5% a la utilidad (USD 31 millones), más 0,3% al activo (USD 134 millones) y 0,2% al patrimonio (USD 10 millones), se obtiene un total de USD 175 millones adicionales. En conjunto, estas medidas permitirían obtener un total de USD 1450 millones, monto superior a lo que se espera recaudar con el Proyecto de Ley Humanitaria (USD 1418 millones). Este monto alcanzaría a cubrir la canasta familiar vital del total de asalariados de las micro, pequeñas y medianas empresas y, además, del 39% de cuentapropistas (un poco más de un millón).
(5) Considerar como sector clave para el desarrollo económico a la construcción. Para esto, es necesario un compromiso del sector público para garantizar más agilidad y facilidad en la contratación pública, y mayor inversión privada, la banca debe generar productos innovadores que promueva el crédito, con énfasis a pequeños y medianos constructores, así como a los compradores.
(6) Una de nuestras fortalezas como país es la soberanía alimentaria (King, Samaniego Ponce y Carranza, 2020). Durante la emergencia nacional, los agricultores han abastecido los mercados de alimentos todos los días y se espera que la producción de los cultivos de ciclo corto sea suficiente, ya que están en pleno pro- ceso de cosechas los cultivos del ciclo de invierno. En los próximos meses hay que renovar la producción en el ciclo de verano que garantice la alimentación de los ecuatorianos. Para esto, es necesario:
a. Que el Ministerio de Salud desarrolle un plan emergente para proteger la salud de la población del campo.
b. Para este ciclo productivo, se deben establecer políticas de precios de sustenta- ción para productos estratégicos (arroz y maíz), abrir canales de comercialización a través de la creación de mecanismos de articulación entre los agricultores y el sector agroindustrial y comercial en condiciones ventajosas para los primeros. Se necesita contar con una línea de crédito especial de movilización de cosechas, procesa- miento y almacenamiento, para lo cual es necesario que la UNA9 compre parte de la producción para la distribución posterior y además se requiere armar mesas de concertación locales [10] con las organizaciones de productores, representantes del Gobierno Central, ONG y los GAD para establecer centros de transferencias y canales de abastecimiento. De esta forma, se fomenta el vínculo de lo rural y urbano donde los GAD tienen un rol protagónico que incluso desarrolle mecanismos virtuales para las ventas de los productos en línea
(7) Para fortalecer las cadenas productivas, sobre todo a las empresas más vulnerables, se recomienda impulsar los circuitos solidarios con una serie de medidas como: (i) canalizar créditos productivos a las pymes y familias productoras; (ii) priorizar en las compras públicas a los pequeños productores, en particular a los agrícolas y a la economía popular y solidaria a través de ferias inclusivas y de catálogo dinámico; (iii) facilitar el acceso a semillas, plántulas y otros insumos; (iv) establecer incentivos a las pymes (e. g., créditos, devoluciones de créditos tributarios) relacionadas con la generación de bioemprendimientos y a las empresas que traigan divisas a la economía local enfocada en estos sectores.
EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO SE PROPONE:
(1) Implementar mecanismos contributivos de corte progresivo como el impuesto a la riqueza, con lo que se obliga a los sectores empresariales más ricos a ser los que aporten además del 5% a la utilidad, el 0,3% del valor de sus activos y el 0,2% del total de su patrimonio. Con esto, se recaudarían USD 779 millones (Baez, 2020), que constituiría el 84% de lo que se obtendría con el 10% de reducción permanente de los salarios del sector público (aproximadamente USD 929,7 millones),[11] propuestos por el Proyecto de Ley Humanitaria, sin considerar las excepciones que implican una cifra mucho menor.[12]
(2) Tratar de minimizar el endeudamiento y reperfilar y/o reestructuración de la deuda externa, paralelamente la inyección de capital fresco, consolidando en un solo monto al menos a 30 años plazo y a una tasa de interés que refleje el costo real de los papeles, con lo cual el país está reconociendo la existencia de la deuda y el compromiso de pago en condiciones que le permitan alcanzar el mínimo desarrollo para su población (Gallardo, 2020). Aunque no estamos en contra de los recursos externos, es necesario movilizar los recursos endógenos.[13] Ecuador podría solicitar la condonación de su deuda externa o la moratoria. Sin embargo, no son estrategias convenientes ni a corto ni a mediano plazo, debido a la mala reputación que generaría en el mercado mundial para el caso de requerir inyecciones de capital fresco, que es la situación actual del país.
(3) Impulsar un sistema de rendición de cuentas que pueda ser auditado por el común de los ecuatorianos. Los funcionarios públicos estamos comprometidos a renunciar a una parte del salario, que reclamamos sea en una escala lógica, lo que nos da derecho a exigir que se detalle el destino de estos recursos que deben invertirse en transformaciones estructurales: educación técnica y creación de centros tecnológicos subregionales públicos de desarrollo que dinamicen las pequeñas y medianas economías, creación de programas sustentables en educación pública que nos permitan estar preparados para este tipo de eventos que serán cada vez más recurrentes, proyectos de investigación de enfermedades emergentes y la solución a éstas a través de la alimentación o medicinas, investigación en la economía del comporta- miento y desarrollo para que se definan un nuevo modelo acorde a la realidad de ese nuevo mundo que cambió para siempre. Este modelo debe priorizar la vida sencilla y abandonar el consumismo, considerar que los precios de los commodities serán bajos y de menor demanda y enfatizar en la localidad y la menor movilidad. (4) Crear un incentivo de I+D a los profesionales ecuatorianos que están llegando o ya retornaron de las becas de la Senescyt, que han hecho sus posgrados aplicados a diversos temas estratégicos que permitan generar y transferir conocimiento a las empresas ecuatorianas, a los GAD, al Gobierno Central y a otros sectores que per- mitan cambiar la matriz productiva y diversificar la economía ecuatoriana.
(5) Incluir en la formulación y seguimiento de la política agrícola a los pequeños y medianos agricultores, quienes en su mayoría pertenecen a organizaciones comunitarias, asociaciones o gremios y generan la mayor parte de los alimentos. Es necesario que se definan claramente precios remunerativos y mecanismos de acceso a los mercados de los productos agrícolas, se garantice el acceso a la oferta de semillas e insumos de buena calidad, se establezcan líneas de crédito blandas y a bajas tasas de interés y se proteja la producción nacional de la competencia desleal externa. Para avanzar en el desarrollo rural, es fundamental que el estado defina políticas que fortalezcan la organización social de los agricultores y la alianza público comunitaria, como manda nuestra Carta Magna.
(6) El Estado debe fortalecer la política de riego de los planes ya establecidos y aún no aplicados, ya que en las zonas con riego se genera gran parte de la producción nacional y casi la totalidad de las exportaciones agrícolas, las cuales han sufrido fuertes impactos, debido a la reducción de la demanda a nivel mundial, como el caso de la industria florícola, por ello será necesario la apertura de nuevos mercados.
(7) Después de cinco décadas de un modelo económico basado en el extractivismo y en vista de la crisis actual sin precedentes, es necesario impulsar un debate nacional con amplia y equitativa participación, donde se incluya a la academia, a las organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades, a los representantes de las entidades públicas y privadas que puedan aportar a la redefinición de la política petrolera y minera. Si bien es cierto que los recursos mineros y petroleros han sido la base de la economía del país por décadas, la política de estos sectores ha replicado los vicios del sistema económico predominante que fomenta el crecimiento, la producción y el consumo continuos y ha transformado al medio ambiente de manera significativa (MEA, 2005), así como las culturas preexistentes.
(8) Se deben renegociar los beneficios para el Estado que incluyan incentivos para las alianzas entre las empresas, comunidades y GAD para que todos sean partícipes de los ingresos obtenidos de la explotación minera e hidrocarburífera. Así, la Ley de Fomento Productivo aprobada en el 2018 otorga una serie de beneficios al sector minero, pero le disminuye ingresos al Estado por las regalías y el impuesto a la renta (art. 43). Si no se eliminan estos artículos de la ley, el modelo primario exportador minero no tendría un efecto de generación de ingresos y —dadas las experiencias de otros países en minería— lo que se tendría son pasivos ambientales y costos sociales, por lo que se debe recordar lo establecido en la Constitución del 2008 y las normas y principios internacionales de derechos humanos que son mandatorios y se recogen en los instrumentos que obligan al Estado a realizar consultas previas, libres e informadas a las poblaciones que están en los territorios de influencia.
(9) Potenciar al sector estratégico de la biodiversidad que respete e integre la cos- movisión y los saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades. La condición de megadiversidad que tiene el Ecuador le confiere al país una ventaja competitiva sobre la cual se propone un desarrollo de una matriz productiva alternativa de me- diano y largo plazo (SENPLADES, 2017). Este cambio se debe dar con base en el fomento de la bioindustria como un concepto innovador que incorpora al biocomer- cio y lo impulsa en términos de facilitar la estructuración de cadenas de valor a partir de bienes ambientales, modelos de negocios y servicios basados en la biodiversidad nativa (MAE, 2016). El biocomercio promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversidad al generar productos intermedios y finales que se revierten en beneficios económicos, ambientales, sociales y de seguridad nacional (Golden y Handfield, 2014). Para esto, se requieren políticas de fomento a la investigación, ciencia y tecnología, además de incentivos económicos que promuevan y apoyen el desarrollo de iniciativas y negocios en:
(a) El uso sostenible de recursos agrícolas y acuícolas que generen un alto valor agregado a la materia prima alimenticia y desarrollen productos diversificados a través del bioconocimiento (MAE, 2016).
(b) La industrialización de recursos biológicos y genéticos para potenciar el desarrollo de medicinas, vacunas, entre otros productos biotecnológicos que permitan al país prevenir y responder a crisis futuras (Korenblit, 2006 ).
(c) La conservación y uso de los ecosistemas, paisajes naturales y recursos hídricos que permitan el desarrollo de empresas de turismo sostenible (Terán-Valdez, Cuesta , Pinto y Peralvo, 2019) (MAE, 2016) y, a la vez, reciban ingresos por el stock de carbono contenido en su biomasa (Siciliano, Walbott, Lederer, Dang Nguyen y Urban, 2019).
La pandemia causada por la COVID-19 ha mostrado la interconexión entre la salud humana y la salud planetaria,[14] donde la humanidad vive un período doloroso, con miles de muertos por todos los países y casi toda la población del mundo en encierro, quien ven con temor el presente y con incertidumbre el futuro.
Es una etapa que también nos hace pensar de manera diferente sobre la vida, la sociedad y la naturaleza. Este tiempo de pandemia es también de reflexión profunda; ahora más que nunca nos interpelamos sobre la crisis ambiental y en particular sobre el cambio climático como el gran problema de la humanidad que tenemos el desafío de superar para seguir existiendo como especie humana.
El mundo pospandemia no será igual al que vivimos hasta el 2019. Se sienten movimientos por todas partes. Organizaciones sociales, académicos, científicos pensando en nuevos paradigmas para el futuro, pero también hay expresiones para continuar con el modelo perverso de acumulación basado en la sobreexplotación del trabajo y el deterioro de la naturaleza. La universidad tiene la obligación de participar en la construcción de este nuevo futuro donde primen la simbiosis con la naturaleza y la solidaridad humana, como principios integradores de esta nueva sociedad.
La Universidad Central del Ecuador expresa su compromiso de investigar y formar profesionales respondiendo a las necesidades de transformación de nuestra sociedad y convocamos a las otras universidades, organizaciones sociales, científicos para, de forma mancomunada, trabajar por el futuro de nuestra patria.
NOTAS
1 Premio Nobel de Economía en el 2009.
2 Premio Nobel de Economía en el 2000.
3 El 64% vendría de los aportes de 1,3 millones de personas en relación de dependencia y de trabajadores por cuenta propia que tengan ingresos netos sobre los USD 500 mensuales (El Comercio, 2020).
4 Artículos 40 y 42.
5 Según información publicada por el SRI al 20 de abril de 2020.
6 Dato obtenido de la página web de la Superintendencia de Compañías al 2018, porque en el 2019 el 96,7% de empresas no presentaron balances.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Unidad Nacional de Almacenamiento.
10 Como se hizo con el proyecto CONPAPA en el año 2003.
11 Con base en la masa salarial del 2019.
12 Se reducirá de forma permanente un diez por ciento (10%) la remuneración mensual de todos los funcionarios públicos de la Función Ejecutiva y empresas públicas que tengan una remunera- ción igual o mayor a mil dólares. Se exceptúan los funcionarios públicos pertenecientes a los sectores de salud, educación (no universidades) y Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Estable- cido en Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada de la CO- VID-19.
13 La deuda pública externa, según el MEF (2020), es de USD 40.100 millones (USD 12.000 millo- nes con organismos multilaterales, USD 18.800 millones en bonos, USD 6300 millones con el Go- bierno de China y USD 3000 millones con otros). Los ingresos corrientes, presupuestados al 2020, son de USD 17.000 millones (USD 15.000 millones por impuestos y USD 2000 millones por petró- leo, pero las nuevas cifras estiman una recaudación de USD 13.500 millones y USD 1500 millones, respectivamente). Con estos recursos el Gobierno debe pagar USD 22.500 millones en sueldos, intereses, gastos de los GAD, gasto público (incluye obra pública), bono de desarrollo humano, bienes y servicios, déficit fiscal de años anteriores. Consecuentemente, tenemos un déficit fiscal de USD 6500 millones, que constituye el problema fundamental (Gallardo, 2020).
14 El concepto de salud planetaria destaca el fino equilibrio entre la salud humana y las alteracio- nes ecológicas que generan nuestras estructuras sociales, causadas por nuestros modos de produc- ción, y demuestra que, además de nuestro impacto en el planeta, cualquier alteración del equilibrio humano-ecológico también tiene implicaciones para nuestra salud (Oni, 2020).
Quito, D.M., 30 de abril de 2020
Oficio No. R-219-2020
Señor Ingeniero
César Litardo
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Señores Asambleístas
De nuestra consideración:
Por mandato del Honorable Consejo Universitario, en sesión de 28 de Abril del presente año 2020, nos permitimos poner a su consideración y a la de los señores Asambleístas el presente documento que contiene un conjunto de propuestas sobre materia económica y social, que configuran opciones alternativas a las que constan en los proyectos de ley del ejecutivo que actualmente se discuten en la Asamblea nacional.
Estamos seguros que ustedes lo considerarán cuidadosamente y sabrán incorporar a las deliberaciones los aportes serios y rigurosamente documentados que presenta la Universidad Central en esta hora de definiciones cruciales para el país.
Atentamente,
Dr. Fernando Sempértegui Ontaneda
RECTOR
Dra. Paulina Armendáriz de Estrella
SECRETARIA GENERAL (E).
Econ. Nancy Medina Carranco
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
PRESIDENTA COMISIÓN ESPECIALIZADA
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Observatorio de la dolarización 
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