Entrevistas desde archivo: la situación económica del Ecuador

El siguiente texto es un extracto de las ideas expresadas en una entrevista en UTC Radio el día 22 de mayo de 2020.

Antecedentes

Ya en marzo habíamos hablado de lo mal que nos encontraba la pandemia desde la perspectiva económica: alto endeudamiento, desaceleración abrupta de la inversión pública, altos niveles de informalidad, reducciones en exportaciones de bienes y servicios, problemas en la gestión de liquidez. Como bien señala Félix Casares, la economía ecuatoriana ya se encontraba en recesión antes que la pandemia llegara al Ecuador, lo que hizo la pandemia es acelerar esa recesión. Por esa misma razón, y porque ese rumbo nunca se corrigió, la recuperación va a ser más lenta y dolorosa que lo que se espera en el resto del mundo.

Lo que se ha hecho

Y bueno, ¿qué se ha hecho?

Quizás lo más relevante desde el punto de vista económico sean cuatro cosas:

• El asunto de la corrupción, que tiene muchísimas más aristas, y es bastante probable que resulte sólo en una cortina de humo para desviar la atención de otros problemas que también son responsabilidad directa de quienes gobiernan hoy, así que no nos detendremos a ellas.
• La posición de la banca con respecto a reestructurar créditos: que fue una decisión insuficiente, porque siguieron generando intereses a pesar que conocían que sus deudores no podrían generar ingresos. Por el momento los indicadores de moratoria no son preocupantes (excepto quizás en cooperativas y BanEcuador). Habrá que estar atentos a lo que le sucede a los índices de moratoria cuando los bancos empiecen a cobrar de nuevo a sus clientes con los intereses acumulados.
• La repartición de raciones alimenticias y bonos: según las fuentes oficiales a alrededor de un millón de familias, pero bonos que no representan más que una fracción del salario básico, que a su vez es menos del 70% de la canasta básica. Adicionalmente, para la distribución de los bonos se contaba con alrededor de 10.000 puntos, lo que significa puntos de encuentro de varias familias. Precisamente lo contraindicado en la pandemia. ¡Cuánta falta nos hace el dinero electrónico!
• La aprobación de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID19 (en estos días) y de la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, cuyo veto aún se encuentra discutiéndose en la Asamblea.
• Y quizás lo más significativo sean los movimientos de deuda externa: se pagó deuda, se adquirió más deuda y se volvió a pagar deuda. Mientras tanto, a la interna, el gobierno se atrasó en sus obligaciones con proveedores y con servidores públicos, terminó reduciendo el salario de los servidores públicos, terminando la relación laboral (despidiendo) a otros, y anunciando el cierre de instituciones públicas, entre ellas empresas públicas, en una muestra muy gráfica de lo que el gobierno entiende por “acuerdo entre partes”. Más o menos todo lo contrario a lo que el resto del mundo civilizado está haciendo durante la pandemia.

Deuda Externa

El tema de la deuda externa merece un párrafo adicional, porque es toda una novela. Ha sido interesante el seguimiento que el Observatorio de la Dolarización ha hecho de este tema, siendo siempre su información corroborada por las cifras oficiales o por agencias internacionales de noticias. Primero nos enteramos que el gobierno, en plena pandemia y antes de cumplir con sus obligaciones internas, mientras se reportaban cientos de muertos diarios en Guayaquil, decide pagar USD 342 millones en marzo, después, por la misma información oficial, nos enteramos que no fueron 342, sino USD 791 millones. Después, al revisar los datos oficiales, nos percatamos que por unos movimientos riesgosos de deuda externa (que no se encontraban contabilizados como deuda externa por ser colaterales y que pueden ser comparados a una apuesta que salió mal), el Ecuador terminó desembolsando USD 1.297 millones durante el mes de marzo.

De acuerdo a las fuentes oficiales, haber hecho esos desembolsos le permitió al Ecuador acceder a líneas de financiamiento para atender la emergencia. No quiero detenerme en las particularidades del endeudamiento, pero es necesario que quienes nos escuchan sepan que existen varias herramientas de gestión de la liquidez que hacen que el endeudamiento no sea indispensable. En todo caso, asumamos que era indispensable, pero asumimos que eso debía servir para atender la emergencia. Pues sucede que, hace unos días, el Banco Central destina USD 370 millones a pagar obligaciones con Goldman Sachs, para que estos liberen unas garantías, que iban a ser reclamadas producto de las mismas negociaciones de deuda de abril.

El resultado de todo esto es que durante el próximo gobierno se vencen bonos de deuda externa por un monto aproximado de USD 6.000 millones (la que se conoce). Y aún quedan por vencer alrededor de USD 3.000 millones para el 2028. En total, la deuda externa llega a USD 40.000 millones.

La solución que plantea ahora el gobierno es la creación de un comité asesor sin ningún tipo de responsabilidad sobre las ideas que aporten. Convendría preguntarse acerca de las verdaderas motivaciones para crear un comité de este tipo.

Las leyes

La ley de ordenamiento de las finanzas públicas se puede resumir en poner al déficit fiscal por encima de cualquier consideración al momento de destinar recursos públicos, para lo cual es ilustrativo el artículo 20, que habla del carácter vinculante de los techos presupuestarios, y el artículo 40 que constituye todo un título acerca de reglas fiscales, incluyendo la generación de un fondo cuyo uso se conocerá cuando el Ejecutivo emita el respectivo reglamento. Por supuesto, las reglas fiscales aplicarán a partir del ejercicio posterior al de culminación del presente gobierno.

La ley humanitaria, por otro lado, es una amalgama de artículos que no terminan de dar una visión de lo que el gobierno quiere hacer para soportar la pandemia y después favorecer la recuperación. Por ejemplo, en los artículos 10 y 11 plantean como solución el endeudamiento de las empresas, es decir, los mismos errores que veíamos en sus acciones con la deuda externa, pero con un adicional: exenciones del impuesto a la renta para los bancos sobre el 50% de los intereses generados por estos créditos. Todo el capítulo III, mal llamado para “apoyar la sostenibilidad del empleo”, establece los acuerdos entre partes y los contratos especiales emergentes, obviando que existe una marcada asimetría dentro de la negociación entre empleadores y empleados, asimetría que debería hacerse evidente con el aumento de denuncias en el Ministerio de Trabajo (ya vamos como el 50% más que en todo el año anterior).

¿Qué esperar?

Uno de los asuntos acerca de los cuales debemos estar atentos son los términos de los acuerdos con el FMI: el aumento del IVA, la posible privatización de la seguridad social y de los activos del Estado en general, la “autonomía” del Banco Central. Todos estos temas estaban en los acuerdos con el FMI que se publicaron parcialmente el año pasado, y eso porque medió una solicitud judicial.

El Presidente Moreno ya ha anunciado que enviará un cuerpo legal para reformar el código monetario y financiero, “para poner la casa en orden”.

En todo caso, la recuperación no será ni rápida ni fácil. Y la destrucción de la demanda nacional se hará sentir: conforme el aislamiento vaya levantándose y se empiecen a presentar las cifras oficiales empezaremos a ver los casos en los que las familias no pueden pagar su arriendo y los arrendadores no pueden pagar sus deudas, casos similares con los pequeños comercios que arrendaban locales, los proveedores del Estado que quiebran por falta de pago, negocios que definitivamente nunca se recuperarán por ser muy riesgosos hasta que se encuentre una vacuna a la pandemia. Si la respuesta del gobierno es más reducción de la demanda a través de políticas de austeridad, el panorama es aún menos alentador. Conviene nada más mencionar, para finalizar, que cuando el país cuenta con una capacidad instalada ociosa, por la reducción de la demanda, la inyección de recursos públicos no tiene por qué ser inflacionaria, y la fuente de esos recursos no necesariamente es a través de nuevos o mayores impuestos, sino precisamente aprovechando el efecto multiplicador del gasto, es decir, que se genere una demanda que permita recuperar la actividad económica de quienes pagan impuestos.