A continuación, por su importancia y oportunidad, ponemos a conocimiento de nuestros lectores una carta que nos llegó hace pocos días por parte de Tania Barba.
El 29 de julio, la Unión de afectados por el sistema financiero realizó la petición al Dr. Freddy Carrión, Defensor del Pueblo para que realice el proceso legal que detenga abusos perpetrados por las entidades financieras a nivel nacional, pues a discreción interpretaron las resoluciones No. 568 y 569, emitidas por la Junta de Política y regulación Monetaria y Financiera; representada por el Econ. Richard Martínez, mismas que respondiendo a la Ley Humanitaria Art. 12, posibilita el refinanciamiento o reestructuración de deudas sin cobros adicionales, hasta 60 días finalizado el estado de excepción. La medida pretendía atender la crisis económica, de desempleo y bajos ingresos, que fue agudizada con la crisis humanitaria del COVID-19, pero en su lugar las entidades financieras sin control ni orden vieron la posibilidad de lucrar y generaron intereses sobre intereses a fin de mejorar sus ganancias, quebrando definitivamente las economías familiares, 4 millones de usuarios financieros afectados.
El anatocismo, según el Art.- 308 de la constitución política está prohibido, sin embargo el sistemas financiero y el gobierno han dado fuerte indicios de pasar por alto la carta magna, y provistos de los resguardos ilegales y libertad de acción; con un sistema legal inoperante e invidente, destruyen la economía, estas acciones responden al modus operandi en que el capital financiero especulativo se reproduce. La alianza establecida son claves y características evidentes en todas las crisis generadas en el ámbito especulativo, precedida de crisis monetaria, de endeudamiento externo, bursátil, bancarias, hiperinflaciones y volatilidad de los tipos de cambio. Los desajustes entre la esfera de la producción y circulación; eje central de reproducción orgánica del capitalismo, tiene su raíz en la ruptura del sistema monetario internacional establecido en Bretton Woods en 1944 y repetida hasta la actualidad; 2020, crisis estructural, sistémica y humanitaria del capitalismo.
Las consecuencias y secuelas para el pueblo son devastadoras, procesos legales dolosos, eternos y engorrosos, como fue la causa de acción de protección y medidas cautelares en el juzgado de la Iñaquito a cargo de Grimanesa Erazo, quien a pesar de los claros indicios negó el litigio el martes 15 de septiembre. La superintendencia de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, como organismos de control actúan completamente a favor de la Asobanca (Asociación de Bancos privados del Ecuador) y demás entidades financieras, prevalece el interés de lucro sobre el ser humano. Buscan impedir cualquier mecanismo de freno y resarcimiento ante el ASALTO INHUMANO MÁS GRANDE DE NUESTRA HISTORIA, la arremetida neoliberal en su máxima expresión.
Como respuesta, el pueblo emplea dos estrategias; una legal y una de facto, la legal es agotar todas las estancias de justicias pertinentes a fin de evidenciar el desamparo, hasta llegar a cortes internacionales, dejando un precedente. La otra medida, es acogernos al Art.98 de la constitución, que posibilita resistir a las exigencias de saqueo de las entidades financieras; medida que en poco tiempo crearía deudas de por vida sin posibilidad de pago, una ola de procesos legales de embargos e impedimento al crédito; y ampliar las demandas con la cohesión de otros frentes de luchas de afectados por la crisis, para generar los mecanismos de justicia y protección popular, espacios no antes visto pero que se vuelven oportunos ante la Alianza genocida.
Observatorio de la dolarización 