A través del mecanismo conocido como «muerte cruzada», es decir, la disolución de la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo, este puede expedir decretos-leyes de urgencia económica, sin que estos pasen por el poder Legislativo.
De esta forma, se prevé que el actual Presidente buscará completar su agenda económica neoliberal puesta en marcha desde el inicio de su administración pero que ha tenido cierta oposición de las fuerzas progresistas. Inclusive, el resultado del referendo de febrero de este año puede considerarse un rechazo al régimen en su totalidad.
Un análisis aparte merece el papel que la Corte Constitucional pueda ejercer a través de su dictamen favorable. En ningún caso deberá considerarse como un verdadero contrapeso o limitante, ya que no se trata de una aprobación basada en criterios democráticos, sino un filtro de inconstitucionalidad. Adicionalmente, la legislación tampoco pone límites reales al actuar presidencial, por ejemplo, no existe límite a la cantidad de decretos-ley que el Presidente podría enviar a la Corte Constitucional ni claridad en los tiempos. Si bien existen tiempos a cumplirse para las nuevas elecciones, cabe cuestionarse si estos se cumplirán o se dilatarán casualmente con distintas justificaciones.
Con ello en consideración, se esperan reformas específicamente en la línea de mantener las buenas relaciones y la llave abierta con el FMI. Se continuará con la agenda de austeridad y de desrregulación de la economía. A decir del FMI, Moreno y Lasso lograron completar como ningún otro gobierno un primer programa de Servicio Ampliado del Fondo. No obstante, algunas de las condicionalidades del Fondo aún no se han puesto en marcha. Entre ellas, reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero con el propósito de liberalizar las tasas de interés activas y pasivas, lo que sería contraproducente, especialmente en un escenario de inestabilidad financiera cuyos efectos se están sintiendo en la región. Cabe señalar que frente a una eventual crisis no se cuentan con instrumentos monetarios y de liquidez, toda vez que la normativa emitida por Moreno y Lasso prácticamente privatizaron el Banco Central.
Se prevé también reformas como el Decreto 695, por el cual se renuncia al control de los recursos públicos que integran el 50% o más del capital en bancos y empresas mercantiles privadas, se buscará vender Banco Pacífico, no sería extraño que en el poco tiempo que le resta a Lasso se arme una nueva licitación a la medida. Tal como ha mostrado este Observatorio, el Banco del Pacífico ha sido de interés del Grupo encabezado por ¨Banco de Guayaquil¨.
En el sector real, si bien están en marcha las concesiones mineras, se buscará limpiar obstáculos, como consultas previas, estudios de impacto, licencias ambientales y de esta manera abrir el catastro minero a la ¨inversión extranjera¨. En el sector petrolero, de igual forma, se buscará ejecutar la concesión de los campos petroleros que aún están en manos de Petroecuador.
Conforme al requerimiento del FMI, el sector público debe continuar limitado, por lo que se impedirá cualquier expansión del llamado gasto corriente. Para cumplir con este sesgo fiscalista en extremo, cabría preguntarse cómo se van atender las emergencias que demanda el país como consecuencia de haber descuidado por años el mantenimiento de la infraestructura existente y la que se debió desarrollar básicamente en las administraciones de Moreno y Lasso. Se hacen anuncios, acuden las instituciones, pero sin capacidades para atender las emergencias.
Otro de los pedidos continuos de vieja data del FMI ha sido liberalizar los precios de los combustibles, ahora motivado por la crisis autoprovocada y reflejada en la disminución sistemática de la producción petrolera. Si bien Moreno cumplió con gran parte de este cometido aún resta la gasolina denominada extra y el diésel utilizado en el transporte.
FMI también suele requerir el financiamiento del sector fiscal vía incremento del IVA. No sería sorpresa que mediante un decreto-ley, justificado en las emergencias y en un gesto de “solidaridad” se suban impuestos, o se tomen medidas regresivas como la eliminación de exenciones en el IVA, lo que agudizaría el conflicto social.
Estas y otras medidas no son nuevas. Nos recuerdan aquella época cuando Lasso era el superministro de Mahuad, lo que llevó a una crisis política que deparó en la salida del gobernante.
https://platform.twitter.com/widgets.jsHiperinflacion esta a la vista. El gobierno de Mahuad (padre de Lasso) se ocurrio subir impuestos en plena recesion, asi mismo en esa epoca habia una austeridad atroz de parte del gobierno, imagino que si baja el precio del petroleo #comoenel99 los neoliberales haran lo mismo pic.twitter.com/F7pNPikOk9
— Ricardo Sanchez C (@ricsacec) November 25, 2022
Un banquero plenipotenciario, producto de la muerte cruzada invocada desde el Ejecutivo, es, en todo caso, un riesgo demasiado alto para cualquier país, más aún el Ecuador. Una salida mucho más democrática es la muerte cruzada invocada desde la Asamblea Nacional, que representa más fielmente la diversidad de criterios en el país y donde existe espacio para el debate.
Observatorio de la dolarización 