El Consejo Asesor Económico de Moreno (Parte I): aspectos legales y responsabilidades ineludibles

El gobierno de Moreno anunció la creación de un Consejo Asesor de Economía a nivel presidencial inspirado en el Council of Economic Advisers de los Estados Unidos. Hasta la fecha no se ha expedido ningún decreto ejecutivo que de cuenta de la creación de este espacio de asesoría. Se mencionó que la principal función del Consejo sería apoyar al Estado en la renegociación de la deuda externa. El primer anuncio presidencial en cadena nacional se convirtió en un desplante bochornoso (el tuit original ha sido borrado), cuando Pablo Lucio Paredes declinó su participación en el Consejo. Dijo que se apoyaría al gobierno en la esfera de la educación y de los medios de comunicación. Juan Sebastián Roldán asumió la responsabilidad por el desplante. En lugar de pedir perdón al Jefe de Estado, pidió perdón a Pablo Lucio Paredes. En un segundo momento, una semana después, el gobierno anunció que el Consejo estaría conformado por los consejeros asesores Augusto de la Torre, Vicente Albornoz, Fausto Ortiz y Manuel González, con quienes ya mantuvo una primera reunión el 9 de junio. En este texto, que se publicará en dos entregas, planteamos los siguientes elementos para el conocimiento y discusión de la opinión pública. En esta primer entrega, discutimos el hecho que este Consejo ad honorem cumple funciones públicas y por ende DEBERÍA ser un espacio plural, transparente y que está obligado a rendir cuentas. En la segunda entrega, consideramos fundamental entender cómo la creación del Consejo es una forma de administrar el momento difícil que pasa la política económica del país (sobre todo en lo relativo a la función del Ministro Martínez) y cómo la composición de este espacio da cuenta del estado actual de la relaciones del gobierno con el FMI y, sobre todo, de las relaciones con las élites económicas del país. Una élites que han co-gobernado ya 3 años y otras que intensifican su posición crítica respecto al régimen. PARTE I: Quieran o no, el Consejo cumple funciones públicas y esto acarrea ineludibles obligaciones Este Observatorio ya puntualizó que el Consejo comienza debiéndole al País, pues no será un cuerpo transparente que pueda rendir cuentas al Ecuador (como sí lo es el Council of Economic Advisers). El anuncio de la conformación del Consejo plantea que los cuatro caballeros no serán servidores públicos ni percibirán remuneración alguna. Como parte de su rol asesor, los miembros del Consejo sí accederán a información reservada y privilegiada y para ello firmarán un documento en el que se comprometan a mantenerlo en reserva. Este hecho ya genera una relación formal entre este grupo de cuarto personas naturales y el gobierno nacional. Cualquier documento de este tipo no es unilateral, pues un compromiso relativo a la información establece obligaciones para ambas partes. Para el Estado, existe el compromiso – aún no se sabe a título de qué – de entregar información reservada y privilegiada a estos asesores. Para los asesores, existe el compromiso de no divulgarla. La relación de las personas naturales con el Estado está definida constitucionalmente en el artículo 229, en el que se dispone que prestar servicios de cualquier forma o a cualquier título al Estado convierte a esa persona en un servidor público. Este artículo tiene una razón de ser: evitar, justamente, la existencia de «asesores informales» con figuras como las de Mauro Terán (del ex alcalde de Quito Mauricio Rodas) o de Santiago Cuesta (del presidente Moreno). De esa manera sólo si son servidores públicos se les puede exigir rendición de cuentas.

Por otro lado, como dice su nombre, el rol del consejo es «asesorar». La asesoría no es un término a ser tomado con ligereza. El rol de asesor está definido legalmente en el artículo 83.a.9 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), en la Norma Técnica para la Contratación de Consejeros de Gobierno y Asesores, así como en los manuales de puestos respectivos.

Es lamentable que los consejeros asesores designados por el Presidente hayan utilizado argumentos tautológicos para decir que no son servidores públicos. «No soy servidor público, porque no soy servidor público» no es un argumento válido. Por más que esgriman a la opinión pública que a su criterio no están generando un servicio público, el tipo de funciones y relación que tienen con el gobierno es un servicio de este tipo de acuerdo a lo que establece la normativa ecuatoriana a la que todos y todas nos debemos. La figura pertinente para recibir opiniones no vinculantes ya está contemplada en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana: «Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es meramente consultiva.» Es obligación de cada institución pública conformar un consejo consultivo. Es más, el gobierno de Moreno ya lo hizo una vez. Se conformó un Consejo Consultivo Productivo y Tributario con varias mesas técnicas. ¿Por qué simplemente no se procedió con esta figura? Por otra parte, el artículo 18 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone que se cree un consejo consultivo que «tendrá representación de la sociedad civil, de los sectores productivos, de los sectores popular y solidario y privado del sistema financiero nacional». Hacemos un llamado al gobierno para que deseche el inconstitucional e ilegal consejo ad honorem a secretis y en su remplazo constituya un Consejo Consultivo con miembros de la academia y que sea mínimamente democrático, incluyente, representativo, transparente, con registro de actas y que rinda cuentas, como dispone la ley. Esto no eleva a los participantes del consejo consultivo al nivel de funcionarios que gestionan recursos, suscriben contratos y normas. Si, por otro lado, sí van a asesorar con acceso a información privilegiada, no deben estar exentos de rendir cuentas al país sobre su rol. Debe quedar muy claro que la figura que plantea el Presidente Moreno les coloca en la cancha del servicio público.