A las puertas de conocer el desenlace del juicio político al Presidente Lasso y mientras se aproximan las definiciones, tristemente, algunos asambleístas traicionados por su falta de convicción y contrarios a la voluntad emanada de la ideología de sus organizaciones políticas, se abstienen de dar su voto para la destitución de Lasso, pese a lo desastrosa que ha sido su administración en todos los frentes. Más bien, a quienes sostienen a Lasso, cabría preguntarles si hay alguna razón para no destituirle en el marco de la institucionalidad y las salidas democráticas y constitucionales. El peculado por el caso FLOPEC, admitido por la propia Corte Constitucional y que absurdamente ha sido menoscabado por el Procurador General del Estado, al afirmar que debe existir un solo informe elaborado por los asesores de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el cual no ha sido aprobado, en razón de que no recogió las posiciones y razonamientos de los integrantes, genera incertidumbre y mayor desconfianza en las instituciones.
Las autoridades en funciones de los distintos poderes del Estado, tendrán que dar cuentas frente al escrutinio público y asumir sus responsabilidades ante la historia. Evitar la escalada brutal de la represión bajo el “justificativo” de terrorismo para mantenerse en el poder como ya lo viene haciendo el gobierno ante posiciones disonantes, evitar una nueva explosión social porque simplemente no hay condiciones mínimas para vivir en el país, recae sobre los hombros de 137 asambleístas.
Quienes integramos el Observatorio de la Dolarización, hacemos un llamado a la sensatez y madurez política de todos los asambleístas, incluso a los oficialistas, para que antepongan los más caros intereses del país y no las chequeras o los míseros espacios de “poder” en los que podrían verse chantajeados en un futuro cercano por una administración que por acción u omisión ha erosionado las condiciones mínimas de convivencia y de bienestar. ¿Acaso ustedes fueron elegidos para darle la espalda a la población que después de dos años de angustiante espera, desaprueba mayoritariamente la administración de Lasso-Borrero?
Sólo por limitarnos al peculado de EMCO-EC y FLOPEC, una breve pero fundamentada revisión de los hechos evidencia que la Asamblea debería dar curso al juicio político y la destitución, pues la cadena de decisiones y responsabilidades inicia y termina con Lasso:
El presidente, en el ejercicio de sus atribuciones, situó a Hernán Luque Lecaro a presidir la Empresa Coordinadora de las Empresas Públicas EMCO-EP (La Flota Petrolera del Ecuador-FLOPEC es parte del grupo de empresas públicas), mediante Decreto 107 de fecha 12 de julio de 2021. EMCO-EP se encarga de coordinar y controlar las acciones de todas las empresas públicas, con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia en la gestión técnica, administrativa y financiera. Paradójicamente, en ese mismo decreto de designación, se dice que el designado “acatará y cumplirá las normas de comportamiento ético gubernamental”, dispuestas por la administración de Lasso, refiriéndose al Decreto No. 4, de mayo 2021. Este último dice que las “disposiciones deberán interpretarse de “buena fe” para cumplir con una administración pública transparente y eficiente al servicio de todos los ciudadanos”, y se responsabiliza a la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete para que controle su cumplimiento. El Decreto “Ético” de Lasso es un conjunto de enunciados generales que son inherentes a la función pública. Se establece como “sanción” la remoción del cargo, siguiendo el debido proceso, algo que está contemplado en la misma normativa de la administración pública. Un decreto, como la mayoría de decretos expedidos por este gobierno, improvisado, retórico, vaciado de alguna intención de proyecto de país, tratando de enviar “señales” de transparencia y honestidad.
Estructurado así el decreto, cabe preguntarse si acaso el gobierno sabía lo que pasaría con Luque Lecaro y se anticiparon a los hechos. Lasso conocía a Lecaro ya que trabajó con él por más de dos décadas en altos puestos directivos en el Banco de Guayaquil. En la administración pública hay principios fundamentales como los pesos y contrapesos a los que responden las instituciones del Estado, y por principio un funcionario público está llamado a hacer lo que dice la Constitución y ley, no se diga el Presidente de la República. Más aún en una empresa encargada de controlar y coordinar todas las empresas públicas. En esta ocasión, sólo ha salido la figura de peculado, pero saltan las interrogantes respecto a qué pasó con las otras empresas públicas. ¿Qué acciones se llevaron a cabo durante la gestión de Luque Lecaro para incrementar la eficiencia como dice el decreto de su designación? ¿A quiénes nombraron para cumplir tal cometido? No se conocen detalles a profundidad, pues el decreto ético queda anulado frente a prácticas opacas que tristemente no son observadas por las entidades de control. Lo que salió a la luz pública ha sido por las filtraciones que sorpresivamente hizo el medio de comunicación digital “La Posta”, a quienes Lasso tachó de “terroristas mediáticos” , pese a que desde un inicio su línea editorial apoyaba deliberadamente al gobierno.
Mediante Decreto ejecutivo No 163, de fecha 18 de agosto de 2021, concentra las decisiones en la Presidencia de la República al modificar la composición de los Directorios de las empresas públicas. Se integra por el delegado del Presidente de la República, el Presidente de EMCO (nombrado por el Presidente) y el titular o su delegado del ministerio del ramo (nombrado por el Presidente). En todos los directorios estaba Luque Lecaro. ¿Para qué acumuló deliberadamente poder? Las advertencias de semejante decisión vienen de Luis Verdesoto, (Ex) Secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República, quien, el 23 de enero de 2023, un poco tarde, le dijo a Lasso «la discreción que existía al concentrar y manejar en una sola persona el presupuesto y la información de todas las empresas públicas, y el riesgo de corrupción que podría venir de conflictos de interés, tráfico de influencias, direccionamiento de contrataciones, entre otras», todas si bien se establecen como hipótesis pero anunciaban riesgos inminentes. Así también decía que “la existencia de una amplia discrecionalidad en la designación de 8 directivos sin experiencia y preparación de una empresa como FLOPEC EP, que ejerce el monopolio de facto en el transporte de crudo y sus derivados, se expresa en la carencia de procesos y procedimientos documentados que permitan llevar una operación ordenada y oportuna de los buques de carga” .
Verdesoto anunció las irregularidades que se estaban cometiendo en las empresas públicas, particularmente en FLOPEC y EP Petroecuador. No se complicó con su jefe y finalmente renunció. ¡Otra fuente que tuvo Lasso y no hizo nada! Los abogados de Lasso sostienen que fue el propio Presidente Lasso quien pidió a Verdesoto que investigue. Si fue así, Verdesoto le entregó información valiosa y no exigió a sus delegados en los Directorios, ni al mismo Luque, tomar acciones concretas para parar las irregularidades. Luque Lecaro solicitaba dinero a los postulantes para ubicarles en los cargos de las empresas públicas, conforme sostiene el informe de la Asamblea remitido a la Corte Constitucional. Luque renovó el contrato con Amazonas Tanker Pool por el transporte de petróleo, pese a la oposición del Gerente Estupiñán y al informe de la Contraloría que advertía del perjuicio en contra del Estado.
El informe de Contraloría sostiene que el contrato con Amazonas Tanker Pool suscrito mediante adenda bajo la figura de acuerdo de participación, el 7 de diciembre de 2020, se hizo sin informes técnicos, financieros y legales que advirtieran de los riesgos. Como consecuencia del contrato de participación se llegó a contratar 5 buques para trasportar el petróleo por períodos de dos a tres años. En varios meses el valor del petróleo transportado era menor al pago por arriendo de los buques. En términos de la división de ganancias dada la figura de participación tampoco era rentable para FLOPEC. La conclusión sostenía que se haga una evaluación del tipo de contrato y de los flujos de ingresos. Tal como estaba el contrato se llegó a determinar un perjuicio para el Estado que ascendería a USD 6,1 millones. Si bien el Gobierno de Lasso no suscribió el contrato original, pero tenía información de las condiciones lesivas para FLOPEC y el Estado.
A Estupiñán lo removieron de la Gerencia de FLOPEC cuando unilateralmente intentó dar por terminado el contrato. Al salir, 22 de marzo de 2022, decidió enviar una carta al Presidente Lasso en donde denunciaba el peculado cometido por Luque y le solicitaba audiencia. No recibió respuesta de Lasso. Dado el “proceder” de Estupiñán, Luque habría dicho en su momento que le había “clavado una puñalada por la espalda”. Luque para dar paso a la continuación del contrato con Amazonas Tanker Pool, designó o Oswaldo Rosero, quien consintió la renovación a finales de 2022 hasta 2024. Estupiñán habría retrocedido dado el temor que le generaron con la eventual aplicación de la cláusula de arbitraje Internacional incorporado en el Contrato. Cabe señalar que estas cláusulas no aplicaban si el país no hubiera retornado al Centro Internacional de Arbitraje (CIADI), fervientemente apoyado por el gobierno de Lasso.
Finalmente, Estupiñán volvió a su puesto por una acción de protección que interpuso y le resultó favorable. A Estupiñán le “contrataron” 2 asesores especializados como parte de su “equipo”, uno de ellos, Oswaldo Rosero. Estupiñán no se presentó a rendir testimonio en la Asamblea.
Durante la gestión de Luque Lecaro se advierte que al menos 40 veces se reunió con el Presidente Lasso. ¿En todo ese tiempo, no fue posible hablar de las irregularidades existentes? No hay ninguna comunicación en la que Lasso llame la atención o solicite información a Luque Lecaro que pueda de alguna manera salvar su responsabilidad. Si similar situación hubiera pasado cuando Luque se desempeñaba como Vicepresidente Comercial del Banco Guayaquil, Lasso le hubiera observado, sino habría solicitado su renuncia. ¡Acá, no pasó nada!
Tal como recoge el informe de la Corte Constitucional en la parte de del hecho conclusivo, de que Lasso y Luque sabían de que el contrato con Amazonas Tanker Poll era lesivo continuaron con el contrato, a pesar de las advertencias de la Contraloría y de Estupiñan.
Por la presión mediática, Luque fue finalmente removido por su «torpeza«, no por la Controlaría, ni por las alertas de la Secretaría de la Administración Pública y Gabinete, sino por periodistas que sorpresivamente filtraron audios en donde Luque Lecaro exige dinero por cargos y contratos con empresas públicas. Recién, el 16 de enero, Lasso dispuso a la fuerza pública que busquen a Luque Lecaro, cuando Juan Zapata, Ministro del Interior, anunció el 09 de enero que Luque salió con destino al Argentina, en tránsito por canales regulares. Luque estuvo al frente de EMCO hasta diciembre 2022. Cabe la pregunta a las entidades de control y transparencia: ¿Qué hizo Luque Lecaro durante 19 meses?
Por otro lado, en la Secretaría de la Administración Pública, que debía cuidar la ética y transparencia del gobierno, desde el inicio hasta febrero 2022 fue designado Iván Correa, quien también fue alto directivo del Banco Guayaquil. Se desempeño como Vicepresidente de Mercadeo por más de dos décadas y Gerente Comercial de Diners Club por 2 años. Luque y Correa venían de hacer su trayectoria en la banca privada y particularmente en el Banco de Guayaquil. Trabajaban para un banco privado que hace de la intermediación financiera un negocio muy rentable y desde el servicio público al parecer continuaron haciendo negocios para privados. El reemplazo de Iván Correa es nada menos que Sebastián Corral, accionista y dueño de Teleamazonas, medio de comunicación que fuera propiedad de Fidel Egas, también propietario del Banco Pichincha. Corral muestra evidentes conflictos de interés, en tanto su canal de televisión mantiene contratos con el Estado. Acaso Corral hará lo que no hizo Iván Correa, esto es velar por la ética y la transparencia del gobierno. Si las designaciones de Lasso repiten un mismo patrón, que son sus vinculaciones con ex banqueros, ex representantes de empresas privadas con groseros conflictos de interés que actúan en una lógica de puertas giratorias ¿de qué responsabilidad política hablamos? Hay responsabilidad política y no sólo en FLOPEC…
Observatorio de la dolarización 