Banqueros, Economía política

Los banqueros Isaías y las elites nacionales-transnacionales regresan por más en el Nuevo Ecuador si se aprueba la consulta del arbitraje internacional inversor-estado   

Fuente: Plan V y Primicias

“Es alarmante que puedan cambiar las leyes de una nación o anular las resoluciones de gobiernos y jueces. Además, operan en cualquier parte del mundo y juzgan actos soberanos».

John Roberts, Presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, refiriendose al mecanismo de resolución de controversias Inversor- Estado.

Noboa, al promover su consulta sobre el arbitraje internacional en materia de inversiones, hará más ricos e intocables a los banqueros Isaías pero también a las elites nacionales articuladas a intereses transnacionales. 

¿A qué me refiero?  

De acuerdo con lo recogido por la Comisión CAITISA, al menos hasta 2017, Zamora Gold Corporation empresa minera canadiense vinculada a los Isaías mantenía litigio abierto con el Estado ecuatoriano (CAITISA, 2017). De ganar el «sí» en la consulta de Noboa, Zamora Gold y otras empresas transnacionales con intereses mineros en el país, asegurarían cuantiosas indemnizaciones del Estado, así no hagan inversión real, sólo por demandas sujetas al arbitraje internacional. Qué tipo de demandas? Por ejemplo si el Ecuador aplicará alguna regulación o sanción por contaminación de agua. No es exageración. El retorno al CIADI en agosto de 2021 realizado por el Gobierno de Lasso trazó el camino para nuevamente sujetar al país a los rediles del arbitraje internacional.      

El Tratado Bilateral de Inversión (TBI) con Canadá fue finalmente denunciado en 2017 por parte de Ecuador pero tiene cláusula de sobrevivencia de 15 años. Para retomar el TBI y se concreten los usd 4.800 millones de inversión de empresas canadienses en el Ecuador (Estado receptor), los inversionistas (Isaías entre ellos), les ponen dos condiciones al Gobierno de Noboa: reabrir el catastro minero y garantizar la protección de las inversiones sujetándose, en caso de litigio empresa-estado, al arbitraje internacional.   

Consideremos que Canadá concentra alrededor de 60% de todas las empresas mineras en el mundo. País que promueve TBIs incluidas cláusulas de arbitraje internacional con economías primario- extractivistas, en donde hay potencial minero. También tengamos en cuenta que las compañías canadienses y su desempeño alrededor del mundo han sido acusadas reiterativamente de deforestación, contaminación de aguas, envenenamiento con cianuro y violaciones a los derechos humanos (Informe Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2019). De los casos conocidos en materia de minería se tiene a Gabriel Resources Ltd. (GBU), empresa transnacional que demandó a Rumania a través de un acuerdo por conflictos entre inversores y Estado (ISDS, por las siglas en inglés) por 4.400 millones de dólares, toda vez que el país negó los permisos para la mina de oro y plata a cielo abierto más grande de Europa. Los 4.400 millones de dólares (la misma cantidad que el presupuesto de salud de Rumania) son considerados como una compensación por el oro y la plata que GBU no ha podido extraer. Durante los últimos 22 años, esta empresa ha presionado a Rumania para que permita la construcción de una mina que derrumbaría 4 montañas, destruiría 3 pueblos, demolería 1.000 casas e iglesias (incluyendo 45 sitios de patrimonio nacional) y desplazaría 2.000 personas. Además, 240.000 toneladas de cianuro tóxico serían utilizadas para implementar la técnica de extracción de oro por cianuración. (Informe Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2019: Pág. 11)

Zamora Gold Corporation en el Ecuador ya ha sido acusada de “contaminación del agua (concentración de plomo, arsénico y cromo hasta 100 veces su contenido natural), deforestación y desertización de la zona, así también reubicación de comunidades” (CAITISA 2017, Pag.  86)        

Los intereses de los Isaías en empresas nacionales y extranjeras mineras (especialmente de ORO) data de mucho tiempo atrás, gracias a la desregulación financiera iniciada en los 80 y profundizada en los 90, en el Gobierno de Durán Ballén en donde Dahik fue su vicepresidente, permitió a los accionistas-propietarios de los bancos también sean propietarios de otras empresas, incluidos medios de comunicación que por cierto aún siguen en poder de banqueros, habiendo simulado su venta a prestanombres o testaferros (El Observatorio de la Dolarización ha realizado algunos análisis al respecto).  Las empresas de los Isaías en el exterior fueron ampliadas y mayormente atendidas antes de que se generará la crisis financiera 98-99 (diversificación de portafolio a costa del trabajo y dolor de los ahorristas), preludio nefasto que llevó a las élites representadas en el gobierno de Mahuad, como parte de la agenda del capital financiero especulativo, a dolarizar la economía ecuatoriana.

En el gobierno de Lasso mediante relajamiento tributario intentaron radicalmente convertir al Ecuador en un “centro financiero-logistico”, léase guarida fiscal. En esta línea argumentativa de la profundización neoliberal, no debemos olvidar que la versión actual del Nuevo Ecuador ya intentó traer de vuelta a los casinos, incluyendo una pregunta en esta misma Consulta, que para bien del país, fue negada por la Corte Constitucional. De la evidencia, estos enclaves de distracción terminan convirtiéndose en centros opacos de lavado de dinero del mundo, producto de la corrupción y el narcotráfico, lo que sin duda agudizaría la inseguridad.           

Dentro de estas empresas también consta Oromining (gran parte de sus activos fueron incautados por el Estado para cubrir los pasivos dejados por su banco: Filanbanco), empresa que interpuso acción de protección para que sus concesiones mineras sean revertidas. Una jueza del Guayas acogió dicho pedido en 2019. A raíz de la “reestructuración institucional” de la función judicial emprendida por el Consejo de Participación y liderada por J. C. Trujillo, todos los fallos han sido a favor de los Isaías. Ellos demandaban 6,9 millones de onzas de oro que habrían dejado de explotar. Ellos, como banqueros que son, demandaban 500 millones por concepto de intereses que les habrían generado todos los bienes incautados por el Estado desde 2008, esto sin incluir honorarios de abogados dentro y fuera del país que ascendería a 15 millones. Esta empresa, una vez que recupere sus concesiones, muy probablemente buscará la manera de beneficiarse del arbitraje internacional de pasar la consulta que ahora nos propone el gobierno de #ElNuevoEcuador.      

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